El caso de Stella Chaves y la máquina de criminalizar el hambre
Desde 2022, la cantidad de personas presas por hurto creció un 72 por ciento. El impacto de la lógica macri-mileísta y un punitivismo que no acompaña los hechos registrados.
La historia de Stella Maris Chaves, la mujer de 69 años, jubilada de la mínima, que estuvo 35 días presa en una alcaidía porteña, acusada de intentar llevarse un trozo de carne y embutidos de un supermercado porque no tenía para comer, dejó flotando preguntas que es extraño tener que formular. ¿Se trata sí o sí de un caso penal? ¿No cabe pensar que Stella necesitaba y merecía asistencia antes que un castigo? ¿A la jueza no se le ocurrió esa variante? ¿La deshumanización es la única respuesta judicial posible? ¿Cuáles serían otras formas de resolución? ¿Qué se logra criminalizando el hambre? Por lo pronto, una vez que se abrió una causa, el sistema penal mismo tiene la posibilidad de abordar una situación de estas características de varias maneras menos destructivas, estigmatizantes y expulsivas, pero parece que la moda “ley y orden” macri-mileísta tiene eco en un vasto sector del Poder Judicial.
Mientras el papa León XIV llamaba durante su visita a la Argentina a proteger a los adultos mayores y otros sectores vulnerables, a la vez que ponía énfasis en la dignidad humana, en la consigna “tierra, techo y trabajo” y cuestionaba la cultura del descarte, Stella seguía privada de su libertad en un lugar solo apto para detenciones de –a lo sumo– 48 horas, donde pasó más de un mes. Es evidente que su derrotero condensa todos los rasgos del drama social y económico actual del país a los que aludió el sumo pontífice y sitúa al Poder Judicial como un factor capaz de agravar todo.
Más presos/as por hurtos
Los expedientes por hurto o tentativa de hurto –que se caracterizan porque no media violencia– suelen ofrecer una foto de época. Funcionarios de cuatro despachos de la justicia penal nacional porteña describieron a Página/12 que es el delito por excelencia que más se repite sistemáticamente en los últimos dos a tres años cuando están de turno. Puede abarcar la apropiación de distintos bienes para reventa, pero señalan que crece el hurto de comida (jamón, queso, pan, carne, salchichas, galletitas). Lo que advierten es que, además, la policía está abocada a cazar pobres, lo que incluye el solo hecho de ser “trapito” o vender paltas. “Ya casi no hay investigaciones sobre organizaciones criminales de las que llevan adelante estafas o megafraudes o narcotráfico”, le dicen a este diario.
En las dependencias consultadas estiman que en los últimos dos años los hurtos y tentativas se duplicaron. En el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) observan un fenómeno con otra complejidad: desde 2022, los encarcelamientos por esos delitos se incrementaron 71,7%, aunque esto no quiere decir que haya aumentado ese tipo de delito en sí. De hecho, según las estadísticas que manejan (del Ministerio de Justicia, el de Seguridad y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura), por ejemplo, de 2024 a 2025 hubo una disminución. Los hechos registrados bajaron en ese lapso de 393.230 a 326.285, pero la población penitenciaria con una mención de hurto o tentativa subió de 5.791 a 6.356, un aumento cercano al 10% en un año, que a la vez duplica la cifra de 2015.
Si se toma como referencia el año 2022, la cantidad de hechos es muy similar (326.171) a la del año pasado, pero se disparó el número de privaciones de la libertad, que en aquel entonces eran 3.702. Entre 2022 y 2025 la población penitenciaria total creció 23,2%. En ese período, el hurto o su tentativa pasaron de 3,5% a representar 4,9%. Otro dato que suma el INECIP es que en 2024 en casos de detenciones por hurto como delito principal, una de cada cuatro personas estaban alojadas en dependencias policiales: de 921 en esa situación 459 llevaban más de un mes en ese tipo de establecimientos no aptos para estadías prolongadas.
“El caso de la jubilada detenida no es una anécdota aislada, es el síntoma de una justicia penal que perdió todo sentido de la prioridad y de la vergüenza. Los datos oficiales muestran algo bastante escandaloso: el crecimiento de personas presas por hurto en más del 70 por ciento es en cualquier circunstancia inaceptable. Pero en una ciudad con las comisarías y alcaidías desbordadas de presos en condiciones inhumanas con tribunales colapsados, el sistema penal está eligiendo echar nafta al fuego”, dijo a Página/12 Guillermo Nicora, director del Programa de Cárceles y Política Penitenciaria del INECIP. Luego precisó: “En vez de concentrar recursos en la criminalidad organizada, en la corrupción o delitos violentos, los fiscales y jueces insisten con preciosismos procesales para llevar a juicio oral un hurto que habría que declarar atípico, como hurto famélico, más en esta situación de atentado a la subsistencia. Es la criminalización más cruda de la pobreza y una muestra de la bancarrota de la justicia criminal que sigue el mismo camino de crueldad del gobierno nacional”.
Los expertos consultados explicaron que en los últimos años hubo cambios de criterio: por ejemplo, a partir de 2016, con la Ley de Flagrancia, se multiplicaron las condenas por delitos menores (más allá de la probation y otras alternativas) y, cuando una persona llega con otro delito menor, igual se considera que hay un peligro procesal. Algunos jueces dan por hecho que no va a querer cumplir una condena que se convertirá en efectiva, por breve que sea. Ahora también complica el panorama la reiterancia que introdujo el actual gobierno, ya que una mera imputación puede ser considerada un antecedente para privar de la libertad. El hurto simple prevé de un mes a dos años de prisión y, si es en grado de tentativa, se calcula de un tercio a la mitad, o sea, podrían ser 15 días. De la dimensión humana, ni noticias.
Lo que Stella revela
Entre algunos defensores/as oficiales (quienes representan a personas sin recursos económicos) hay preocupación porque, en las causas por hurto (o intento) de alimentos que a menudo son una “inexistencia de delito”, hoy algunos juzgados buscan el peor castigo posible. El defensor de Stella, Gerardo Etcheberry, de hecho, planteó dos variantes típicas: una es la doctrina de la “insignificancia”, es decir, que una conducta que causa un daño mínimo o irrelevante no se puede considerar delito; la otra es el “hurto famélico”, que define la sustracción sin violencia de alimentos o bienes de primera necesidad (abrigo, medicamentos, artículos de higiene) ante la urgencia propia o familiar. No tuvo éxito. Incluso existen otras alternativas, como la “inculpabilidad” (por miseria para obtener sustento), con la que se podría decidir no aplicar una pena porque el Estado comprende que a una persona en situación de pobreza no se le puede exigir que actúe de otro modo.
Ni la jueza Fabiana Palmaghini, que avanzó en procesar a la mujer, ni los jueces de la Cámara del Crimen, que confirmaron la decisión, tuvieron en cuenta los criterios de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con el agravante de la combinación de ser mujer, adulta mayor y pobre. Ignoraron también principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional, que prohíbe la discriminación por razones de edad y exige políticas puntuales “en relación a la persona mayor en situación de vulnerabilidad”.
El procesamiento dictado por Palmaghini tiene 27 páginas (¡19 más que el fallo de la Corte de esta semana sobre las prepagas!). Se refiere a Stella y a Andrea, una mujer que estaba con ella, madre soltera de cuatro hijos menores, como si hubieran protagonizado un despliegue digno de una banda criminal. Relata que las identificó el hombre de seguridad del supermercado de nombre francés y que fueron advertidas incluso antes de cruzar la línea de cajas, con lo cual no consumaron nada. El custodio se acordó de que ya las había visto otro día y se agregó otro hecho. El comercio aportó las imágenes, que decoran varias páginas de la resolución, donde solo se ve a dos mujeres con un changuito, pero les atribuye haber escondido comida. El “seguridad” y un policía que llegó ante el aviso son los testigos “claves”.
“Lamentablemente soy jubilada, cobro la mínima y saqué carne. No es que saqué jabón o cosas de limpieza, saqué comida. A veces pido ropa en la calle y después la vendo, pero la verdad es que no me alcanza”, dijo Stella en la indagatoria. “Teníamos hambre”, resumió. “Lo hice por necesidad porque estoy desesperada y veo a mis hijos, que tienen que alimentarse, y la realidad es que estamos muertos de hambre, perdón por la palabra”, declaró Andrea. El acta decía que tenían un paquete de salchichas, cuatro de jamón cocido, cuatro piezas de lomo, una de colita de cuadril y dos paquetes de “Tita”. ¿Eso es un gran perjuicio patrimonial para el comercio? ¿Se trataba de terribles criminales que debían estar privadas de la libertad para no dañar a nadie o preservar las pruebas? ¿Cuál era el peligro?
La magistrada decidió dejar presa a Stella desde el 9 de octubre con el argumento de que tenía una condena previa por el mismo delito, el de hurto. La procesó el 20. Según sus cálculos, si en un juicio oral por el nuevo hecho la llegan a condenar, la pena sería de cumplimiento efectivo, con lo cual concluyó que tal vez se le ocurriría “eludir la justicia” y no le quedaba otra que vislumbrar “peligro procesal”. Nunca evaluó frente a quién estaba ni qué le sucedía. Probablemente ni la haya visto y mandó a un/a secretario/a.
Es más, durante su detención, Stella necesitó atención médica en dos oportunidades, por una infección urinaria y por problemas respiratorios, atendidos con demora. Nada importó: la fiscal María Del Pilar Márquez rechazó excarcelarla para “asegurar el proceso” y la jueza compartió el criterio. La Cámara del Crimen (Santiago Zavalía, Ricardo Pinto y Hugo Barros) confirmó el procesamiento el 12 de noviembre, más de un mes después del arresto, con el argumento de que “cuenta con 7 hijos en edad laboral y habitaría con una de sus nietas, quien se encontraría trabajando”. Después le dieron la excarcelación porque a los jueces les parecía que había “medidas menos gravosas” para usar y le fijaron una caución de 150.000 pesos. El próximo paso será un juicio.
Cuentan en tribunales que se plantean situaciones distintas cuando se trata de grandes cadenas de supermercados o si son autoservicios. Los primeros, si hay faltantes, tienden a descontárselos a cajeras/os u otros empleados, que por eso tienen predisposición a denunciar. En el segundo caso, si llegan a una instancia judicial, los dueños o encargados suelen mostrar arrepentimiento cuando advierten que los imputados/as son pobres y no les reclaman nada ni quieren que las acusen.
En la Cámara Nacional de Casación Penal, que revisa los casos después de procesamientos o de juicios, no hay un parámetro único. La Sala I, por ejemplo, es muy restrictiva y dice que cualquier situación que afecte el derecho de propiedad es punible y no importa de qué bienes se trate. Para la Sala II, al revés, el principio de insignificancia es fundamental para evitar castigar hurtos por hambre, no solo por la necesidad, sino porque tienen en cuenta que el daño a la propiedad es mínimo. La Sala III tiene un criterio más procesal y suele postergar las discusiones de fondo. En este tribunal han debatido desde el hurto de chocolates hasta dos melones y hechos más sofisticados, pero jamás tuvieron que analizar una prisión preventiva por tentativa de hurto, como le pasó a Stella.
Reglas que podrían cambiar algo
Quizá fue la visita papal la que animó a la vicepresidenta saliente del Consejo de la Magistratura, la jueza Agustina Díaz Cordero, a presentar el 4 de noviembre último un proyecto para que el organismo adhiera a las llamadas “Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas”. En una nota dirigida al presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, le explicaba que se trata de “18 reglas dirigidas a todo agente u operador que intervenga en un proceso judicial, orientadas al cuidado de la vida, la dignidad, la escucha y la celeridad en el trato con las personas en situación de exclusión”. Fueron presentadas en la Universidad Católica de La Plata el mes pasado por la “Pastoral Judicial”, como fruto de encuentros en barrios, parroquias y espacios comunitarios durante 2024 y 2025.
El Consejo –que elige y sanciona jueces, administra y dicta reglamentos– no trató la propuesta todavía, ni se sabe cuándo lo hará. Está en pleno recambio y le faltan integrantes. No serían reglas obligatorias para los jueces/zas, en caso de aprobarse, pero sí un modelo de acción alejado del punitivismo extremo que hoy se usa como instrumento para criminalizar la pobreza bajo la falsa premisa de que es la forma de reducir el delito y mejorar la seguridad. Son parte de una explicación que muestra que sí hay otro camino posible que contemple las circunstancias humanas que rodean ciertos hechos.
Las “reglas Papa Francisco” proponen, por ejemplo, suprimir criterios de presunción de “peligrosidad” basados en la “pobreza, la nacionalidad, la situación de calle, género, identidad sexual, el consumo de sustancias”. La regla número plantea específicamente “evitar la tramitación de conductas no lesivas o de escasa lesividad que son fruto de la necesidad”. Agrega: “minimizar la judicialización de causas penales por un hurto de comida o de productos básicos, por el aseo personal realizado en la vía pública, etc. Se debe intentar resolver el conflicto por vías alternativas…”. Habrá que esperar para que el Consejo se pronuncie, si es que lo hace.
El hambre y la celda
El juez penal juvenil de Catamarca Rodrigo Morabito se preguntó: “¿De verdad no había otras respuestas posibles?” (para Stella). “Antes que una imputada, es una persona. Una mujer. Una madre. Una abuela. Una trabajadora que llegó a la vejez sin poder garantizarse algo tan elemental como la comida”, escribió en “Tiempo judicial”. “La primera respuesta institucional –señaló– no debería ser únicamente la persecución penal. También debería aparecer el Estado social, el sistema de protección, la asistencia alimentaria, la salud pública y las políticas destinadas a garantizar que ninguna persona mayor tenga que elegir entre comer o medicarse. Porque el hambre no puede resolverse con una celda”. “La eficacia del sistema penal no se mide por la cantidad de personas detenidas ni por la intensidad del castigo que puede imponer –remarcó–. Se mide, entre otras cosas, por su capacidad de respetar las garantías constitucionales, de intervenir cuando resulta necesario, de hacerlo de manera proporcional y de no producir daños institucionales mayores que aquellos que pretende evitar”.
Por Irina Hauser
Pagina12
