El FAL es un agujero en la sostenibilidad previsional

El costo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en su primer año equivale a 744.000 jubilaciones mínimas: más de tres veces y media la cantidad de nuevos jubilados que se esperan para 2027. La plata está, pero fue redireccionada.

Cuando el Gobierno repite que no hay ingresos suficientes para pagar o aumentar las jubilaciones y que el sistema previsional está quebrado, cuenta una parte sesgada de la historia. El oficialismo decide qué gastos recorta y qué ingresos condona, y así desfinancia el sistema. Es lo que ocurrió con la creación del FAL, que desvía aportes patronales de la seguridad social hacia un fondo para pagar indemnizaciones.

Los problemas estructurales, como la informalidad laboral y el envejecimiento de la población, existen y exigen una reforma previsional, pero una que no se agote en el criterio del ajuste.

Respecto del dilema del financiamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un estudio que pone en primer lugar la pérdida de recursos que implica el FAL.

La discusión expone una contradicción: el oficialismo cuestiona a gobiernos anteriores por haber dañado las cuentas del sistema con un esquema inclusivo, como las moratorias, mientras que la actual administración, con los recortes de aportes y contribuciones, pensados para mejorar el balance de las empresas, también perjudican a los jubilados.

El FAL es el ejemplo más claro: se financia con fondos que la Seguridad Social deja de percibir, equivalentes al 2,5 y al 1 por ciento de las remuneraciones de los asalariados, según el tamaño de la empresa.

Para estimar su impacto, el CEPA proyectó la masa salarial del sector privado por tamaño de empleador a partir del Boletín de Seguridad Social y calculó una merma en la recaudación de 4,3 billones de pesos entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. Convertido al tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 (1.542,8 pesos por dólar), el costo del FAL para la Seguridad Social sería de 2.785 millones de dólares en el primer año. Equivale al 7,2 por ciento de la recaudación anual del sistema.

Jubilaciones mínimas

La mínima de noviembre de 2026 es de 444.027,73 pesos. En un año, con trece haberes (incluido el aguinaldo), suma 5.772.360 pesos. Por lo tanto, los 4,3 billones de pesos que el FAL le resta a la Seguridad Social en su primer año equivalen a unas 744.300 jubilaciones mínimas anuales.

Si se incluye el bono de 70.000 pesos durante los doce meses, la equivalencia baja a 649.800 haberes.

Queda entonces una pregunta: ¿cuántos nuevos jubilados habrá en 2027? Desde el CEPA estiman, a partir del total de beneficiarios del primer semestre de 2026 y de los datos del Presupuesto 2027, entre 200.000 y 225.000 nuevas jubilaciones, en línea con las proyecciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Es decir, el costo del FAL en su primer año supera más de tres veces y media la cantidad de nuevos jubilados esperada.

El problema del financiamiento previsional parece, entonces, una decisión política: condonar aportes de las empresas reduce la capacidad de recaudación y erosiona la sostenibilidad del sistema.

Un sistema alternativo

La plataforma Futuros Mejores propone mejorar el sistema público de reparto, que, según sostiene, “ha probado globalmente ser más sólido frente a las crisis que los sistemas privados de capitalización”.

A diferencia de otros análisis centrados en el ajuste fiscal, que plantean eliminar las moratorias y subir la edad jubilatoria, la propuesta pone el foco en la cobertura. Parte de reconocer los cambios estructurales que provocan la informalidad laboral y el envejecimiento de la población, y de que un sistema que dependa solo de los aportes de quienes tienen un empleo registrado no alcanza para garantizar derechos.

“Argentina alcanzó niveles prácticamente universales de cobertura gracias, en buena medida, a las moratorias: sin ellas, solo alrededor del 55 por ciento de las personas mayores habría podido jubilarse”, señala el documento.

No fue el único país, aclaran: la cobertura previsional global pasó del 54 al 77 por ciento en los últimos diez años, no porque se haya eliminado la informalidad, sino porque muchísimos países extendieron los mecanismos de inclusión.

Esa conquista, advierten, ya empezó a retroceder en la Argentina. Según un relevamiento de La Cocina de los Cuidados, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 la cobertura total de jubilaciones y pensiones cayó del 99 al 96 por ciento entre las mujeres y del 96 al 94 por ciento entre los varones.

Una propuesta, tres ejes

El primer eje de la propuesta de Futuros Mejores es la suficiencia: elevar el piso de protección social actual, que hoy está por debajo del haber mínimo con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y resulta insuficiente.

También plantea que la actualización de los haberes incorpore el crecimiento económico, para que, cuando la economía crezca, los jubilados no solo eviten perder poder adquisitivo frente a la inflación, sino que mejoren sus ingresos.

El segundo eje es la cobertura. El sistema debe alcanzar a todas las personas y no solo a quienes aportaron 30 años ininterrumpidos en el sector registrado.

Hoy la cobertura en la Argentina se achica por el recorte de las moratorias, mientras que en el mundo crece, aunque la informalidad es un problema global que también aumenta.

La sostenibilidad es el último pilar. Para financiar estas medidas, Futuros Mejores plantea una reforma tributaria que modifique cómo gasta el Estado.

El gasto tributario argentino equivale a entre 4 y 5 puntos del PBI y abarca desde jueces que no pagan Ganancias hasta subsidios a Mercado Libre por la Ley de Conocimiento. “Si este gasto se redujese en un 30 por ciento, alcanzaría para aumentar instantáneamente un 20 por ciento el haber a todos los jubilados que cobran la mínima”, estiman.

También proponen ampliar el espacio fiscal con mejoras en la tributación, como gravar la renta financiera y la energética. Recuerdan que hoy más de la mitad del pago de las jubilaciones proviene de rentas generales y no de aportes y contribuciones laborales, como ocurre en el resto del mundo.

El análisis del CEPA y la propuesta de Futuros Mejores ponen sobre la mesa lo que la derecha omite cuando discute las jubilaciones.

Queda claro que el sistema previsional enfrenta problemas de sostenibilidad, pero medidas como el FAL, que resignan recursos en favor de las empresas, los agravan en lugar de resolverlos. Y la discusión no puede reducirse a las cuentas: los haberes deben alcanzar para una vida digna.

Frente a un Estado que sostiene beneficios para jueces y grandes fortunas, la alternativa es reorientar esos recursos hacia la seguridad social y recuperar los mecanismos de solidaridad que el ajuste viene desmantelando.

Por Mara Pedrazzoli

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