Reclaman a diputados tratar una nueva Ley de discapacidad: «Nuestros futuros no se definen de esta manera»
“La creación de un marco normativo permanente no puede utilizarse como argumento para clausurar la discusión sobre una emergencia cuyas causas persisten”, plantearon las organizaciones de discapacidad. Rechazaron la firma del dictamen del proyecto impulsado por el Gobierno porque no fueron convocadas a dar su voz en el debate: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
“Manifestamos nuestro enérgico rechazo al tratamiento legislativo otorgado a los proyectos vinculados a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, así como a la introducción del nuevo proyecto presentado por el gobierno nacional como una alternativa ‘superadora’, por haberse omitido por completo la participación de personas con discapacidad y sus organizaciones”, dice la carta enviada a diputadas y diputados de las comisiones de Discapacidad, Presupuesto y Hacienda por parte de las principales entidades del sector. La misiva ya cuenta con más de 1.500 adhesiones y se suma al tira y afloje entre oficialismo, aliados y oposición sobre una normativa clave para el acceso a derechos de personas con discapacidad.
La carta, que llegó este lunes a los miembros de la Cámara Baja que abordan el tema, lleva la firma de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, Córdoba Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y Asociación Civil Andar, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El texto se puso en circulación mientras sigue la discusión tanto en el Congreso como en Casa Rosada. En cuanto a legisladores que firmaron el dictamen del oficialismo, comienza a haber advertencias de retiros de apoyo si el oficialismo no garantiza el financiamiento. En tanto, desde la oposición se insiste con la prórroga de la Ley de Emergencia.
“Este nuevo proyecto se presenta mientras el Poder Ejecutivo persiste en una política de desfinanciamiento estructural del sistema, haciendo caso omiso a los mandatos judiciales que ordenan la efectiva aplicación de la Ley de Emergencia vigente. Llegamos así a la paradoja de debatir la prórroga de una norma que jamás se cumplió, a pesar de haber agotado las instancias constitucionales para su plena efectividad, incluidas órdenes expresas del Poder Judicial”, plantearon las organizaciones firmantes de la carta.
Sin voz
La primera crítica de la carta tiene que ver con haber sido dejadas fuera de la discusión. “En la reunión informativa de comisiones del 16 de septiembre en la Honorable Cámara de Diputados, la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones de personas con discapacidad fue nula. Las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y tenemos la prerrogativa de dictaminar sobre las políticas públicas que impactan en nuestros derechos y nuestra vida. Desconocer este derecho a la participación vulnera el orden constitucional e infringe de manera directa la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación de los Estados de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con el colectivo en todo proceso legislativo”.
“Nuestros futuros no se definen de esta manera. Legislar a espaldas de la comunidad constituye un vicio de origen que vuelve a la norma manifiestamente inconstitucional e inconvencional”, advirtieron. Por eso, plantearon su rechazo al dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que pretende sustituir la prórroga de la Ley 27.793 por un régimen permanente denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”.
“La creación de un marco normativo permanente no puede utilizarse como argumento para clausurar la discusión sobre una emergencia cuyas causas persisten y cuyas previsiones fundamentales aún no han sido cumplidas de manera integral”, enfatizaron las organizaciones. Señalaron también que si bien el dictamen reúne “medidas que podrían contribuir al sostenimiento del sistema —como previsiones vinculadas al financiamiento, la actualización de prestaciones y la 2 continuidad de determinados beneficios— con modificaciones que generan preocupación por posibles retrocesos en las garantías actualmente vigentes y por la delegación de aspectos sustantivos en la reglamentación del Poder Ejecutivo”.
“La situación del colectivo es acuciante. La permanente vulneración de derechos atenta directamente contra la calidad de vida y la supervivencia de los sectores más desprotegidos. La crisis actual del sistema no responde a una falta de recursos económicos, sino a una fijación deliberada de prioridades políticas y presupuestarias. Exigimos la presencia de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en cumplimiento con el mandato de la CDPD. Nada sobre nosotros sin nosotros”, concluyeron su mensaje las organizaciones y entidades firmantes.