Comisarías colapsadas convertidas en cárceles: «Es un enjaulamiento»
Según un informe, el promedio de días de permanencia en una dependencia policial supera los 100 días cuando históricamente los calabozos fueron pensados para alojar unas pocas horas.
Con el propósito de llamar la atención de las autoridades políticas y judiciales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) publicó la tercera edición del “Ranking provincial de personas en comisarías”, dejando en evidencia que hay jurisdicciones totalmente colapsadas, en cuyas dependencias los detenidos deberían estar de paso y sin embargo llegan a permanecer un año y medio.
“La idea del ranking nació como una estrategia de visibilización de un problema que se naturalizó demasiado, cuando no debería ser así”, explica el director del programa Cárceles y política penitenciaria del INECIP, Guillermo Nicora. El trabajo está elaborado con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) de 2024.
El autor del informe subraya que “históricamente, las comisarías tuvieron calabozos pensados para alojar a una persona recién detenida durante unas pocas horas: para evitar que se escape mientras se terminan las primeras actuaciones policiales, se hacen los papeles y se la lleva al juzgado”.
En este escenario, La Pampa se ubica por tercera vez consecutiva en el primer puesto con el 68,9% de las personas detenidas en comisarías, unos 440 presos sobre un total de 639. “Se trata de una provincia que no tiene cárceles propias y tiene personas alojadas en una cárcel federal que le prestan, en una cárcel de San Luis que alquilan o directamente en comisarías”, describe Nicora.
“Hay muchas provincias -analiza- en condiciones similares: personas que deberían estar en libertad o cumpliendo una pena en una cárcel están amontonadas en un calabozo, en condiciones inhumanas, sin un patio donde salir a respirar aire, tomar un poco de sol o hacer ejercicio, sin condiciones adecuadas para recibir visitas. Turnándose para dormir. Es un enjaulamiento«.
Tucumán también se destaca ubicándose en el segundo lugar en las tres ediciones. Del último informe, se desprende que, de 3.431 personas detenidas, 1.689 se encuentran en dependencias policiales, un 49,2%. Por caso, Chaco subió dos puestos del ranking presentado el año pasado y se ganó el último lugar del podio: de los 2.655 presos, 1.267 (el 47,7%) están en comisarías.
El Top Ten lo completa Santiago del Estero con una tasa del 46%, 869 detenidos en comisarías sobre un total de 1.888; Santa Cruz, con 202 sobre 598 alojados (33,8%); Formosa, con 320 sobre 1027 (31,2%); La Rioja, con 181 sobre 609 (29,7%); Misiones, con 735 sobre 2.489 (29,5%); Chubut, con 193 sobre 670 (28,8%); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 2.060 sobre 7.986 (25,8%).
El trabajo resume que en 15 de las 24 jurisdicciones, la tasa de personas detenidas en comisarías cada 100.000 habitantes creció entre 2022 y 2024. Además, en 6 de cada 10 provincias el promedio de días de permanencia en una comisaría supera los 100 días, “en contraposición con la idea de que las personas ingresan y egresan continuamente de las comisarías”, según se advierte en el informe.
La provincia de Buenos Aires merece un análisis aparte por el volumen de personas privadas de la libertad que concentra. En el último ranking, se ubicó en el lugar 18 con 58.439 presos en total, de los cuáles 2.318 (4%) se encuentran en comisarías.
Nicora identifica como una de las claves la falta de control judicial. La instrucción de las causas puede tramitarse por escrito y a distancia, incluso mediante intercambios entre fiscales, defensores y jueces, pero sin que el detenido tenga un contacto personal con el magistrado. Para el referente de INECIP, esto afecta una garantía básica: que una persona detenida sea puesta rápidamente a disposición de un juez, que pueda verificar las condiciones y la legalidad de esa privación de libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a la Argentina por un caso (Bayarri vs. Argentina) que guarda relación directa con este problema. “Es más grave aún cuando el juez determina que la persona no queda en libertad, vuelve a la comisaría, se queda allí o directamente nunca salió de ella. Puede permanecer meses, incluso un año, en un calabozo que fue pensado para unas pocas horas”, insiste Nicora.
“Esto tiene otro costado entendible incluso desde una mirada de derecha. Tenemos un montón de policías y patrulleros ocupados en cuidar presos. No son guardias cárceles, no estudiaron ni se entrenaron para eso, ni están armados o equipados para cumplir esa función”, argumenta el especialista, y concluye: “Del otro lado están los vecinos, que pagan las consecuencias porque hay menos recursos policiales para la prevención. Es una situación en la que no gana nadie: ni las personas detenidas, ni los policías, ni los vecinos”
Por: Federico Trofelli