El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó conciliación obligatoria por los despidos de Granja Tres Arroyos

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó este viernes la conciliación obligatoria en el conflicto por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida establece la reincorporación de los empleados cesanteados y alcanza a 1.200 trabajadores, siendo estos 700 de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría.

La resolución regirá durante 15 días hábiles y podrá extenderse por otros cinco. Durante ese tiempo, las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires deberán sostener una instancia de negociación. La próxima audiencia quedó fijada para el próximo jueves 10 de septiembre en la sede de la cartera laboral bonaerense.

Del encuentro participaron autoridades del Ministerio que conduce Walter Correa; el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.

La intervención provincial abre una pausa en una crisis que durante los últimos meses fue sumando atrasos salariales, suspensiones de actividades, embargos y despidos. El impacto es especialmente fuerte en territorio bonaerense, aunque los problemas de la mayor empresa avícola del país también alcanzan a establecimientos ubicados en otras provincias como Entre Ríos.

La situación de las plantas de Esteban Echeverría, Capitán Sarmiento y Pilar

Uno de los focos más graves está en El Jagüel, en Esteban Echeverría, donde funciona la planta conocida anteriormente como Cresta Roja. Allí, 450 trabajadores recibieron telegramas de despido. La fábrica cuenta con 670 operarios y atravesaba desde hacía meses una situación de creciente incertidumbre.

En agosto, los empleados recibieron 21 días de vacaciones forzadas. Cuando intentaron regresar a sus puestos, no pudieron retomar las tareas porque la empresa tenía cortado el suministro de gas. La actividad quedó paralizada y luego llegaron los telegramas.

En ese contexto reapareció Milenko Rasic, antiguo propietario de Cresta Roja hasta la quiebra de 2015. El empresario se acercó a los despedidos junto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y planteó la posibilidad de hacerse cargo de la producción para preservar las fuentes laborales. Granja Tres Arroyos había adquirido la compañía en 2018.

Rasic y Eduardo Murúa, referente del movimiento de empresas recuperadas, mantuvieron una audiencia con Valeria Pérez Casado, jueza que intervino en la quiebra de Cresta Roja, y con Germán Páez Castañeda, magistrado que interviene en los actuales pedidos de quiebra de Granja Tres Arroyos.

Mientras se realizaba la audiencia, alrededor de 400 trabajadores permanecieron frente a los tribunales. Más tarde decidieron en asamblea instalar una vigilia en la planta para custodiar las máquinas y los equipos ante el temor de que el deterioro de la situación empresarial impida una eventual reactivación.

Los pagos de las quincenas comenzaron a fraccionarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en diez. Finalmente, hace dos meses, los trabajadores dejaron de cobrar y tampoco no percibieron el aguinaldo.

Sin ingresos regulares, parte de los empleados comenzó a recibir bolsas de mercadería entregadas por el municipio de Esteban Echeverría y por el sindicato de Alimentación. Óscar tuvo que dejar el alquiler y regresar a la casa de sus padres. En las protestas también participaron exoperarios que habían perdido sus puestos durante la quiebra de Cresta Roja en 2015.

A fines de agosto, Buenos Aires/12 también describió la situación de Capitán Sarmiento que es el otro gran foco de la crisis dentro de la provincia. La planta de Granja Tres Arroyos emplea a 900 trabajadores en una localidad de alrededor de 15 mil habitantes y constituye el principal empleador del distrito. El conflicto tiene, por eso, consecuencias que exceden las puertas de la fábrica y repercuten directamente sobre el comercio y la economía local.

El 25 de agosto, los trabajadores habían sido informados de que no habría faena durante el resto de esa semana y que tampoco existían garantías de que las operaciones se retomaran el lunes siguiente. “La veo negra”, sintetizó entonces uno de los operarios consultados por este medio.

A los 900 empleados se les adeudaban cuatro quincenas completas y el aguinaldo. Según la antigüedad, los montos pendientes iban de 800 mil a un millón de pesos por trabajador. El dinero que había dejado de circular en la economía de Capitán Sarmiento fue estimado en unos 4,5 mil millones de pesos.

La caída tuvo un efecto inmediato sobre los comercios: algunos comenzaron a fiar, otros registraron una fuerte reducción de las ventas y aparecieron los primeros cierres. La planta, ubicada sobre la ruta 8, a 160 kilómetros de Buenos Aires, había llegado a faenar más de 200 mil pollos diarios durante 2023. Luego redujo su producción hasta aproximadamente el 20 por ciento de ese volumen.

“Estamos desesperados. Todos los días un compañero atraviesa una situación de necesidad, una amenaza de desalojo porque no pudo pagar el alquiler u otro que necesita plata para llevar al hijo a atenderse al Garrahan. Nosotros tenemos apoyo del sindicato pero no alcanza”, explicó en su momento Patricio Medina, delegado del sindicato de la Alimentación.

La crisis también alcanzó a La Lonja, en Pilar, donde las operaciones estaban suspendidas por los múltiples embargos que pesan sobre la compañía. La dimensión del problema llevó a los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, respectivamente, a reunirse para analizar alternativas. Los sindicatos de Alimentación y Molineros permanecen en alerta.

Fuera de Buenos Aires, la compañía despidió a más de 250 trabajadores en Concepción del Uruguay, cerca del 25 por ciento del personal de esa planta, y registró suspensiones en Río Cuarto. También cerró su establecimiento de Tristán Suárez, con otros 200 despidos.

A comienzos de agosto, Granja Tres Arroyos atravesaba un proceso preventivo de crisis y negociaba una reestructuración con sus acreedores. La deuda informada alcanzaba los 350,9 millones de dólares, aunque otras estimaciones mencionadas durante el conflicto la ubicaron en torno a los 350 millones.

De este modo, la conciliación obligatoria dispuesta por la Provincia modifica, al menos temporalmente, el escenario para los 1.200 trabajadores afectados en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. El próximo jueves volverán a reunirse las partes. Hasta entonces, la resolución establece la reincorporación de los cesanteados mientras continúa la negociación por la continuidad productiva y la preservación de los puestos de trabajo.