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La irregularidad de los créditos de las familias ha tomado centralidad, nuevamente, en la agenda económica argentina. Enhorabuena que se discuta el origen, el diagnóstico y las posibles soluciones de lo que hoy constituye el principal problema de la economía real.
El diagnóstico oficial. En enero de 2026 el gobierno anunció que compraría dólares contra incremento de la demanda de dinero, es decir, esperaba un aumento de los créditos por parte de empresas y personas. Y vaya que esperaba crecimiento: planificó la compra de unos USD 10.000 millones como resultado de ese diferencial.
Pero la historia fue otra: el Tesoro compró dólares, pero no contra demanda de dinero sino usando, en buena medida, los pesos que “inventaron” con la recompra de letras intransferibles al BCRA que luego esterilizaron, primero a través del Tesoro y luego vía el BCRA. El gobierno (y los que lo defienden) pifiaron en proyectar que los primeros meses de 2026 marcarían un techo en la irregularidad y un piso en la demanda de dinero. Y ese error se debe, principalmente, a una razón estructural: la negación de la situación económica de quienes han tomado crédito en la Argentina.
La desmentida. Identificar con precisión el diagnóstico resulta trascendente para definir a que se enfrentan las familias, la economía en general y para decidir cuál es la mejor solución posible. Por eso parece oportuno contrastar los argumentos oficiales con la realidad. Repasemos:
¿El salario real no cayó? El salario registrado (público y privado) se retrajo casi 10%. Pero a esta altura del partido, todo el mundo sabe que la situación en términos reales es sensiblemente peor: la decisión de no actualizar los ponderadores del IPC subestima la caída. Desde noviembre de 2023, y aplicando la canasta de la ENGHo 2017/18, el salario registrado (público y privado) se retrajo 18,3%. Con los salarios de los no registrados el gobierno sostiene que la situación es distinta: según el INDEC, le ganaron por 30% a los precios. Pero no sólo resulta irrisorio el devenir estimado por el organismo, sino que, peor aún, cuando la última vez que el otrora jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió preguntas de los legisladores nacionales, le echó la culpa de los atrasos a este segmento de asalariados. Escribió textualmente: “los proveedores no financieros de crédito se caracterizan por tener una mayor proporción de clientes sin empleo en relación de dependencia —trabajadores independientes, trabajadores con ingresos informales— respecto de los clientes de las entidades financieras. Esto implica que personas con ingresos menos estables que los de un trabajador en relación de dependencia inciden, en virtud de la evaluación de riesgo, en el monto medio de los préstamos otorgados y sobre las tasas de interés de estos —en general, a mayor riesgo de crédito, mayor tasa—.”
¿El problema fueron las elecciones? Aunque los funcionarios repiten este argumento, la comprobación de su falsedad es sencilla: la irregularidad empieza a subir mucho antes de las elecciones legislativas, en el último trimestre de 2024. Las deudas en el sistema financiero se incrementan desde noviembre y las del no financiero desde diciembre 2024. Curiosamente, al mismo tiempo se agota el rebote de los salarios reales y comienzan a caer.
¿Es culpa de los bancos? Los bancos cargan con parte de la responsabilidad, por mal manejo de riesgos de crédito, pero también el gobierno agravó la situación cuando liberó un pulmón enorme de liquidez (~$10 billones), poniéndole fin a las LEFI en julio de 2025. Esto llevó a que los bancos tuvieran que salir a colocar ese dinero en créditos, cuando la mora ya venía subiendo durante más de dos trimestres. Es decir, cuando Javier Milei mandó a los bancos a “laburar de bancos”, la morosidad ya era un problema. Como agravante, tomando como punto de partida la señal expansiva de fines de febrero, la tasa Tamar se redujo en 12,4 puntos porcentuales (p.p.), la de Plazos Fijos lo hizo por 11,5 p.p. y la de Pases entre terceros marcó una caída de 20,8 p.p., pero la de Préstamos Personales prácticamente no se vio afectada, cayendo sólo 5,0 p.p.
El error de diagnóstico llevó al oficialismo a pensar que sólo con un relajamiento monetario la morosidad tocaría techo el primer trimestre de 2026. Paralelamente, proyectaron que la demanda de dinero se recuperaría y titularon al programa del BCRA como “fase de remonetización”. En los hechos, la demanda de dinero cayó durante 1T26 y el mismo BCRA proyectó que continuaría esa tendencia en 2T26. Sin ir más lejos, Werning dijo la semana pasada que el nuevo ciclo crediticio empujaría la economía, siendo más saludable y selectivo.
La solución de fondo. Desde junio de 2025 CEPA planteó, con preocupación, el problema del aumento de la morosidad cuando indicó vía X que “crece la mora en pago de créditos de familias y empresas. En las familias, alcanzó 3,7% en abril. En las empresas 0,9% en abril”. Y fue a principios de este año (26/01/26), que sostuve en el programa GPS que “El problema de fondo no se resuelve sólo bajando la tasa: se resuelve con una mejora del poder adquisitivo. Porque si una familia tiene un agujero de cien mil pesos en su presupuesto, aunque la tasa baje a la mitad sigue teniendo dificultades para pagar. La baja de tasas, sin recuperación de ingresos, funciona apenas como un parche”. Recién a comienzos de julio de 2026 esa explicación empezó a ser reconocida por el propio sistema financiero: en la última semana, el CEO de Banco Galicia, Diego Rivas, sostuvo que el aumento de la morosidad se explica porque los hogares perdieron entre un 20% y un 30% de su salario real, afectando su capacidad de pago”.
La mejora en la tasa y los plazos son necesarios. Pero se necesita que la gente gane, en términos reales, un poco mas de un mes a otro. Sin eso, no hay solución razonable.