De eso no se habla

Pero de la revolución -vamos, de la revolución de veras- nadie quiere hablar. Quizá porque cierto sentido de la supervivencia nos alerta sobre sus peligros: la última generación que pensó en ella, con el cuerpo y el alma, fue sacrificada –diezmada- en el altar del neoliberalismo de la picana y los disparos en la nuca.

Hay que reconocer, a la distancia, que después de la noche genocida, los intelectuales de la transición (los de revistas como Punto de Vista y Controversia) nos sacaron de la derrota de la revolución (y de la idea de la revolución también, aunque nos pese) para llevarnos a la victoria posible de la democracia.

Cuando Raúl Alfonsín prometía que con la democracia se iba a poder comer, curar y educar, agitaba un sueño mucho más módico que el paraíso en la Tierra para toda la humanidad. Estaba ofreciendo una nueva instancia para el cambio social, con el preámbulo de la Constitución como tabla de la ley, que podía usar el tiempo y no la sangre como combustible.

Para un pueblo que venía padeciendo bombardeos, fusilamientos, proscripciones, prohibiciones, guerra y desapariciones durante casi tres décadas, aunque magra en otros contextos más convulsos, la oferta era como elegir entre respirar y no hacerlo.

El nuevo pacto democrático venía, eso sí, con una exigencia ineludible: la renuncia a la violencia como atajo a la resolución de las controversias políticas.

El desafío de crear una cultura democrática en un país lacerado por las consecuencias del terrorismo de Estado no fue tarea sencilla. Del pesimismo por la revolución al optimismo por una democracia reseteada no hay un solo paso, sino varios.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia, el juicio a las Juntas Militares, el Nunca Más, la rehabilitación de los artistas prohibidos, la épica de Alfonsín y Antonio Cafiero enfrentando a los milicos carapintadas desde el balcón de la Casa Rosada son postales de una ilusión que, sin embargo, pronto entraría en crisis.

Las exigencias del FMI, las leyes de impunidad y la carestía de la vida terminaron de jaquear la legitimidad social del gobierno alfonsinista, abriendo otro capítulo de la historia, el menemista, expresión del Consenso de Washington en clave peronista, que con sus políticas terminó por alejar, a niveles cada vez más dramáticos, la democracia formal de la sustantiva: la exclusión social llegó para quedarse en los años ‘90.

Con el estallido del 2001, la sociedad descubrió que había más historia después del “fin de la historia” y con los gobiernos kirchneristas resucitó la ilusión democrática originaria, extraviada entre planes de ajuste, endeudamiento y una prédica posibilista que todo lo contaminaba. No es casual que los Kirchner hayan planteado más continuidades que rupturas con el gobierno de Alfonsín.

Cristina Kirchner se despidió del gobierno con una Plaza de Mayo llena. La democracia durante 12 años y medio, como no ocurría desde mediados de los ’80, había acortado distancia entre representantes y representados, entre necesidades y materializaciones. El sistema había recuperado el prestigio social.

Hubo gente que celebró la llegada de Mauricio Macri a Balcarce 50 como expresión de una “derecha democrática”, que se había animado a abjurar de su pasado golpista porque la cancha democrática parecía estar consolidada otra vez.

Los últimos diez años, se sabe, muestran una caída vertical de la valoración del sistema. La riqueza cada vez más concentrada convive con tasas de exclusión también cada vez más grandes. Entre ajuste y ajuste, con la vuelta a la religión del equilibrio fiscal o muerte, casi la mitad de la gente dejó de ir a votar. Fue esa insatisfacción la que depositó a la antipolítica a manejar el Estado.

Pero fue el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner lo que terminó de astillar el pacto democrático; y su posterior condena y proscripción, decretando la muerte civil de quien fuera dos veces presidenta, el tiro de gracia.

En medio de la agonía, surgen voces que le niegan gravedad a la situación y hasta se enojan con los pedidos de libertad para la presidenta del PJ en cautiverio porque estos conspirarían contra una salida electoral posible a la encrucijada institucional que representa el caso.

Se escuchó decir, incluso, que la proscripta es ella y no el peronismo, como si fuera un problema personal y no un asunto político de primer orden, en la intención de legitimar el proceso viciado que la mantiene proscripta de por vida como candidata, justo a ella.

El cuadro revela un alto grado de sometimiento a las decisiones del poder real. Que el embajador de los Estados Unidos haya dicho que venía al país a garantizar que Cristina Kirchner fuera presa porque no hay otra manera de convertir a la Argentina en proveeduría colonial de los suministros primarios que necesitan las empresas del país del norte, relevaría de mayores comentarios.

Renunciar a la revolución para construir una democracia que dure un siglo fue una decisión audaz que la mayoría de la sociedad validó a lo largo de los años. Pero suponer que ésta puede convivir con proscripciones no es el camino para restaurar el pacto democrático roto por la ultraderecha que bancan las grandes corporaciones.

Acá, hace no muchos años, se hablaba de revolucionar las democracias y de democratizar las revoluciones. Ahora no, sólo de candidaturas.

Si ya sepultamos, hace tiempo, la idea de la revolución. ¿Vamos a abandonar ahora también la idea de la democracia plena? ¿En qué altar, para qué dioses?

Apenas botellas arrojadas al mar, en medio de esta tormenta con destino de naufragio asegurado, si es que no timoneamos con fuerza y a tiempo como para impedirlo.

Por Roberto Caballero