Informalidad laboral: un problema heterogéneo que requiere políticas diferenciadas
Cuando pensamos en un trabajador informal solemos imaginar a alguien empleado en un negocio precario. Un puesto no registrado en una obra sin habilitación, un empleado de una verdulería de barrio sin recibo de sueldo.
Esa imagen no es incorrecta, pero resulta insuficiente. Y esa simplificación tiene consecuencias sobre las políticas públicas que se diseñan para enfrentar el problema.
Un documento que publicamos desde el Centro de Estudios Metropolitanos, elaborado a partir de datos del INDEC del tercer trimestre de 2025, muestra que la informalidad laboral alcanza al 43,3% de los ocupados urbanos. Es decir, casi uno de cada dos trabajadores carece de cobertura de salud, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y protección frente a accidentes laborales. Sin embargo, detrás de esa cifra conviven situaciones muy distintas.
El problema principal está entre los asalariados
Aunque los trabajadores por cuenta propia presentan la mayor tasa de informalidad —64,8%—, los asalariados concentran el 61,7% del empleo informal total. Esto ocurre porque representan la mayor parte de los ocupados (7 de cada 10)
La distinción es relevante para el diseño de políticas. La informalidad asalariada implica una relación laboral no registrada entre empleador y trabajador, mientras que en el cuentapropismo el problema se vincula principalmente con la situación tributaria y previsional del propio trabajador. Por ello, las estrategias para formalizar ambos universos deben ser diferentes. El documento propone tratar la formalización del cuentapropismo como una agenda complementaria, importante, pero focalizando en los asalariados sin registro como problema central.
La informalidad también está en empresas registradas
Entre los asalariados informales aparece un dato especialmente relevante: el 46,9% trabaja en empresas registradas ante el Estado que facturan y pagan impuestos, pero no declaran a sus trabajadores. En cambio, solo el 21,4% lo hace en unidades productivas no registradas.
Esto implica que buena parte de la informalidad no surge de empresas completamente excluidas del sistema, sino de firmas que operan formalmente y eluden sus obligaciones laborales. En estos casos, la herramienta más eficaz es una fiscalización inteligente basada en el cruce de información disponible en organismos como ARCA, ANSES y la Secretaría de Trabajo.
Por el contrario, en las unidades productivas de subsistencia, donde muchas veces ni siquiera existe una empresa formal constituida, las políticas deben orientarse al apoyo productivo, la simplificación administrativa y el acceso al crédito asociado a la registración.
La informalidad se concentra en las empresas pequeñas
El 68,9% de los asalariados informales trabaja en establecimientos de hasta diez trabajadores. Las microempresas de hasta cinco personas concentran el 40,9% y las pequeñas empresas entre seis y diez trabajadores otro 28%.
El patrón se repite tanto por regiones como por sectores. Las zonas con mayores niveles de informalidad son también aquellas donde predominan las empresas de menor tamaño. Lo mismo ocurre en actividades como construcción, comercio y hoteles y restaurantes.
Por eso, las políticas de formalización que no contemplan explícitamente las particularidades de micro y pequeñas empresas corren el riesgo de resultar ineficaces. Instrumentos uniformes para empresas de tamaños muy diferentes suelen dejar afuera precisamente al segmento donde el problema es más intenso.
Qué políticas se necesitan
El informe propone una estrategia basada en cuatro ejes: reducción focalizada de costos patronales (no salariales) para las empresas más pequeñas, simplificación de trámites, fiscalización inteligente mediante cruce de datos y apoyo productivo condicionado a la registración.
El contexto, sin embargo, no acompaña. La reforma laboral aprobada en 2026 debilitó la responsabilidad solidaria en las cadenas de subcontratación —uno de los mecanismos más directos para que las grandes empresas no trasladen la informalidad a sus proveedores— y eliminó las multas por falta de registro que funcionaban como desincentivo concreto a no declarar trabajadores. En el caso del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), no prevé una segmentación de la reducción de contribuciones patronales por tamaño de empresa. Estas medidas van en sentido opuesto al diagnóstico que los datos muestran. Tampoco es razonable promover la registración dando incentivos a empresarios y quitando derechos laborales a trabajadores como la posibilidad del pago en 12 cuotas de sentencias judiciales condenatorios o la extensión del periodo de prueba hasta 12 meses para microempresas.
La informalidad laboral en Argentina no se resuelve con una política genérica aplicada a todo el universo por igual. Una política efectiva debe articular estímulos a la formalización de las unidades productivas (haciendo foco en microempresas) e incentivos a la registración laboral tanto en micro como pequeñas empresas, fortaleciendo los mecanismos de control y manteniendo los desincentivos a la evasión, que dentro del heterogéneo universo de la informalidad, sigue siendo un punto nodal de las estrategias de registración laboral.
Link al informe: https://estudiosmetropolitanos.com.ar/2026/06/04/informalidad-laboral-en-micro-y-pequenas-empresas/
Por Matías Barroetaveña y Darío Romano