Plan Milei, el retorno al coloniaje

De acuerdo con la doctrina ultraliberal thatcheriana, se preveía que el gobierno libertario venía a no entrometerse con el mercado, en función de que este  tomara “libremente” las decisiones. Sin embargo, una vez en el gobierno comenzaron a tallar los que serían instituidos como ganadores y, consecuentemente, los perdedores. El primer grito fue la devaluación del 118% en diciembre de 2023. La mayoría de las medidas que fue tomando el presidente Milei y su súperministro de Economía fueron para beneficio del gran capital. El tarifazo en curso es una de las últimas en esta línea. Pero en estos días resulta imprescindible enfocarnos en el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), un esquema de inversión armado para ser un dispositivo de saqueo de nuestras riquezas naturales.

El RIGI original estaba dirigido a determinados sectores: minería, petróleo, gas e infraestructura en general con una inversión mínima de USD 200 millones. A cambio otorgaba muy diversos beneficios fiscales: alícuota reducida en Ganancias del 25%, la alícuota correspondiente a utilidades y dividendos del 7%, (que baja a 3,5% luego de siete años). Pasaron unos meses y el resultado fue frustrante. La inversión extranjera directa que generaría grandes precipitaciones, una suerte de “lluvia de inversiones” nunca vino; por el contrario, se van. Según datos de la OCDE, en 2025 Argentina fue última en el ranking de inversión extranjera directa en las economías grandes de la región.

Debido a esta “falta de apetito” por Argentina de los inversores internacionales, el gobierno se lanzó a inventar una variante más extrema: el “Súper RIGI”, expandiendo el alcance del régimen a otros sectores y potenciando aún más los beneficios. Este súper está dirigido a sectores como el de la Inteligencia Artificial, al agregado de valor del litio, autos eléctricos, paneles solares, la cadena de uranio, etc. La inversión mínima será de USD 1000 millones. Los beneficios fiscales abarcan desde una alícuota de apenas 15% en Ganancias, 3,5% para utilidades y dividendos, arancel 0% para importaciones y derechos de exportaciones. Como si fuera poco, no pone ninguna exigencia de componentes locales, podrán remesar utilidades desde el inicio y, en caso de conflicto, intervendrán tribunales extranjeros. Los escépticos de siempre ya dicen: con la Casa de Contratación de Sevilla, Sobremonte y el sordo Cisneros, estábamos mejor.

El FMI lo tiene clarísimo. De allí que, en el último Staff Report sobre la economía argentina, advierte sobre el debilitamiento del superávit fiscal, el cual es puesto en duda por la “contabilidad creativa” en los títulos públicos y también por el peligro que implica haber otorgado un festival de exenciones al gran capital, como la baja de retenciones a los exportadores agropecuarios o la reducción de aportes patronales impulsada desde el FAL (Fondo de Asistencia Laboral). El FMI advierte que financiar indemnizaciones con fondos que iban a la seguridad social implica un costo fiscal de 0,15% del PBI.

Por su parte, la OCDE no trepidó en bajarle la espuma al RIGI: “La inversión extranjera difícilmente pueda expandirse en un contexto de mercado interno deprimido, utilización ociosa de capacidad instalada y ausencia de financiamiento de largo plazo”. Es decir, falla la base productiva y social del modelo. Con pies de barro, no es posible aspirar a un superávit genuino y sostenible.

En el plano de lo social, que al Ministro y al FMI no le importa nada, el Gobierno no hace más que agravar la situación de los millones de ciudadanos más humildes. Sabiendo que tendrá un agujero fiscal, fruto de los beneficios otorgados a los sectores más pudientes, decide subir los impuestos a trabajadores y pymes. El FMI solo aspira y exige que el gobierno recaude para que honre sus compromisos externos, empezando por los que tiene con el propio Fondo. Desde el Organismo van por todo: pidieron ampliar la base del IVA y Ganancias, incrementar los montos a pagar de los monotributistas y aumentar el impuesto a combustibles y tabaco.

Ley de Tierras, para que los gringos echen raíces

Respecto a las Tierras, la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, en zona de frontera y fuentes de agua. El proyecto del gobierno actual viene a liquidar esta regulación “desde adentro” y “modernizando”, como dice el presidente.

Apelando a otro precepto “bíblico”, la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” facilita la entrega de nuestras tierras a capitales extranjeros. Cabe aclarar que no se trata del jornalero del país limítrofe, sino de inversiones internacionales, o magnates que especulan con un lugar para refugiarse ante el crecimiento de situaciones de guerra en el hemisferio norte.

No señalamos un capitalismo en abstracto. Sus cálculos mercantiles y su afán de sobrevivir, abrazado a su enorme bolsa de dólares, vienen a cumplir una agenda estratégica de las potencias imperialistas y sus fondos financieros planetarios. No solo buscan asegurarse los recursos naturales clásicos como alimento, minería y energía, sino que suman algunos estratégicos: agua dulce, tierras raras y logística continental en el paso bioceánico.

Ludópatas en el gobierno

El hilo conductor del Gobierno es entregar negocios al capital concentrado, ya sea que se dedique a pulverizar una montaña o especular con la renta financiera. Un caso particularmente grave es el negocio de los juegos de azar que se han multiplicado a partir de las plataformas digitales. El gobierno envió al Senado un proyecto con el propósito de “combatir la explotación de juegos de azar en línea no autorizados”. Resulta muy revelador, ya que nada dice de las casas autorizadas. Lejos de combatir el juego y más aún de preocuparse por su carácter adictivo, lo direcciona de lo ilegal hacia lo legal, es decir, hacia aquellas empresas autorizadas por el Estado, a que potencien su negocio. Persigue al lapicero que levanta quiniela, pero premia a los que engordan las deudas en la tarjeta de crédito.

Por ello conviene recordar que el Estado define primero qué es delito y qué no, tipificándolo legalmente. Con el juego de azar, el Estado organiza la Lotería Nacional, como forma de recaudación fiscal. Esta temática viene en debate desde “La Representación de los Hacendados” de Mariano Moreno (1809). Allí el secretario condenaba la propuesta de Agüero, apoderado del Consulado de Cádiz ante el Virrey Cisneros, de hacer una lotería, por ser “capaces de lisonjear el interés de pobres, ricos y viudas”, agregando “proponer semejantes medios ante la respetable presencia de V.E. es un atentado contra la decencia”. Paralelamente, en el Plan de Operaciones moreniano plantea la necesidad de que la minería sea explotada exclusivamente por el Estado.

Hoy el Estado está tomado por un gobierno que reproduce los vínculos coloniales, asumiendo un rol de gerente de las ganancias extranjeras. A días de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, el pueblo comienza a manifestarse, movilizarse, organizarse en las calles y espacios públicos. Desde la masiva marcha del 24 de Marzo, al plan de lucha de los movimientos sociales que parecen salir con nueva fuerza, a las movilizaciones de las universidades y científicos, los siempre valientes jubilados y personas con discapacidad, los argentinos van tomando fuerza para hacer valer sus derechos.

Por: Juan Carlos Junio