Cortes, ollas y asambleas contra el cierre del programa Volver al Trabajo

Más de 70 organizaciones sociales lanzaron un plan de lucha en rechazo a la decisión del gobierno de cerrar el programa Volver al Trabajo. Las protestas comenzarán el martes 31 de marzo, con una jornada de ollas populares en los barrios y en las principales estaciones ferroviarias. Luego, el 7 de abril, harán una segunda jornada de protesta, con cien cortes de ruta en todo el país.

El programa que cerrará el ministerio de Capital Humano llega a 950 mil personas, que cobran 78 mil pesos mensuales. Si su monto es actualmente tan bajo es debido a que la gestión libertaria lo mantiene congelado desde que su llegada a la Casa Rosada. En la gestión del Frente de Todos, que entendía a estos planes sociales como un complemento salarial para los trabajadores de la economía popular, equivalía a la mitad de un salario mínimo.

Las organizaciones piqueteras denunciaron, sin embargo, que la Secretaría de Trabajo no hizo nada: no dio capacitaciones a quienes se inscribieron, aseguran.

El cierre del programa se decidió, por otra parte, en momentos en que la desocupación está en aumento con una economía en recesión. Como se sabe, la política económica de Milei provocó el cierre de 23 mil empresas, con lo que se perdieron 300 mil puestos de trabajo. No es el mejor momento para quitarle ingresos a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El Volver al Trabajo hará su último pago en abril. La ministra de Capital Humano anunció que lo reemplazará por vouchers educativos (se supone que para formar a los desocupados), pero los movimientos sociales descreen de esa promesa. Es que hasta ahora el sistema de vouchers educativos defendido por Pettovello, en el que hay empresas colaborando, sólo dio unos cursos pilotos para alrededor 80 personas. Para agravar la situación, esos cursos no incluyen ningún pago a quienes los toman, ni el compromiso de las empresas de dar trabajo a quienes los realicen.

¿Sobre quiénes impactará el cierre del programa? En los movimientos señalan que, sobre todo, en las trabajadoras sociocomunitarias, las cocineras de los comedores populares y quienes en las organizaciones barriales hacen trabajos de prevención de la Salud o de cuidado de las niñeces.

Los 78 mil pesos del programa eran el único reconocimiento que esas trabajadoras tenían de parte del estado nacional por sus tareas, esenciales para sostener la alimentación de los más vulnerables.

El anuncio del plan de lucha se realizó frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, con una conferencia de prensa en la que los referentes de las organizaciones estuvieron acompañados por trabajadores.

Hernán Izurieta, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado en la secretaría de Trabajo, criticó al gobierno por vaciar las políticas públicas con las que debería dar formación para el empleo.

La delegada Daniela Frencia le puso números a ese vaciamiento: “en 2025, contó, el gobierno de Milei subejecutó en un 35% el presupuesto destinado a formación laboral”. Se trata de una subejecución record, sin antecedentes. Teniendo en cuenta ese desinterés, ¿puede creerse entonces que el cambio hacia el sistema de vouchers educativos no sea otra mentira?, se preguntaron varios de los oradores en la rueda de prensa

Pero sobre todo, señalaron que la política de Milei, que está generando la quiebra de miles de industrias, es el principal problema para quienes deben vivir de su trabajo.

“Este gobierno no está impulsando un modelo de desarrollo industrial que pueda darnos trabajo a los desocupados. Todo lo contrario”, sostuvieron ante los medios.

Y recordaron, por otra parte, que se trata de una gestión que entre sus primeras medidas le quitó los alimentos a los comedores populares, alimentos que no ha restituido hasta ahora, sino muy parcialmente, a pesar de que la justicia se lo ha ordenado repetidas veces.

Junto con el plan de lucha, las organizaciones sociales presentarán un amparo en los tribunales para frenar la eliminación del Volver al Trabajo.

El cierre del programa, en términos de ahorro fiscal, significa poco, apenas el 0,1 por ciento del PBI. Más que como parte del ajuste, se inscribe en la estrategia que ha planteado abiertamente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien consideró que para imponer exitosamente reformas de fondo, el gobierno necesitaba “drenar los recursos” de los grupos de interés, es decir empobrecer a las organizaciones que puedan hacerle oposición.

Y de hecho, en el caso de las organizaciones sociales ha conseguido quitarles poder de movilización, mediante un combo de medidas que arrancaron con la quita de los alimentos, siguieron con represiones a quienes manifestaban -los conocidos operativos antipiquetes-, a lo que se agregó una campaña de difamación contra los comedores -con auditorías que luego se revelaron truchas-, y la apertura de causas judiciales contra sus referentes.

Es desde esta posición de debilidad que los movimientos sociales harán su plan de lucha. Muchos creen que deberán hacer más de dos jornadas de protestas. Señalan, por otra parte, que la presión de las familias que en los barrios se van a encontrar con menos recursos para sobrevivir se va a trasladar a intendentes y gobernadores, es decir a mayores demandas y protestas con carácter local.