Costos para los usuarios y ganancias ajenas

El segundo año de gestión del gobierno de Javier Milei cierra un ciclo con claros ganadores y perdedores. Entre los primeros se encuentran las empresas proveedoras de los servicios públicos (particularmente: electricidad, gas, agua). De la mano de la dolarización de los costos, sumado el impacto de la devaluación inicial en 2023 y a la eliminación de subsidios, el Gobierno impulsó fuertes aumentos en las boletas y en la rentabilidad de las empresas del sector.

Según datos del Instituto Argentina Grande (IAG) los precios de los servicios públicos cerraron el año un 461 por ciento arriba contra noviembre 2023, mientras que en el mismo período la inflación minorista fue del 259 por ciento. Este reordenamiento de los precios relativos terminó consolidando un esquema de transferencia de ingresos a favor de las empresas de servicios regulados, con un impacto directo sobre el costo de vida de los hogares.

El peso de este ajuste recayó mayoritariamente sobre los usuarios de clase media, que con la segmentación por ingresos que implementó el gobierno anterior habían asumido un aumento gradual en las boletas. De acuerdo con el IAG, en diciembre de 2025 los usuarios de clase media pagaron una tarifa de luz 1244 por ciento más alta que en noviembre 2023. Además se conoció este martes un nuevo ajuste en el universo de beneficiarios del subsidio que comenzará a implementar la Secretaría de Energía a partir de enero: eliminando aquellos hogares que posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, tres o más inmuebles, al menos una embarcación de lujo, aeronave o activos societarios.

Para la comparación con la inflación minorista, el IAG utiliza los datos de Indec sin corrección metodológica, pero sí se basa en los ponderadores actualizados -que le asignan más importancia a los servicios dada la ENGHO17/18-, con lo cual la inflación medida en el período pasa a 276 por ciento. Añadiendo a esta comparación la evolución de los salarios, se advierte que quedaron por debajo de todas mediciones (IPC Indec y con ponderadores actualizados y suba de los servicios) porque acumularon un aumento del 252 por ciento. La brecha entre la evolución de los precios y la de los ingresos vuelve a poner en evidencia el deterioro sostenido del poder adquisitivo, aun cuando se utilicen mediciones de inflación más conservadoras.

Pese al fuerte incremento en la rentabilidad de las empresas proveedoras de servicios públicos, la calidad de las prestaciones no mostró mejoras acordes. El apagón del pasado 15 de enero, que dejó sin suministro eléctrico a cerca de 800.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), volvió a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema. Una postal que contrasta con los aumentos tarifarios y expone los problemas del modelo basado en trasladar costos a los usuarios sin exigir inversiones ni mejoras en el servicio.

“Sanear” para vender

Otro ejemplo de una gerencia poco saludable en el ámbito de los servicios públicos es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Si bien su estado contable mejoró desde el cambio de gestión del gobierno, apunta el IAG (según los últimos datos disponibles -agosto 2025- cerraría el año con déficit pero éste se redujo), esto se produjo a costa de una reducción brutal de los gastos: entre los que se destaca la merma de los gastos de capital (es decir: el parate de las obras de agua y cloaca que realiza la empresa) y menores erogaciones destinadas al pago de salarios en términos reales (combinada con despidos y retiros voluntarios).

Además se produjo un cambio en la composición de los ingresos: con una caída casi absoluta de las transferencias de Nación, que se compensaron con un aumento en los ingresos recibidos por las subas de las tarifas (133 por ciento en términos reales), apunta el mismo informe.

Esta operación de “saneamiento” de los balances previo a la privatización de la compañía fue puesta en práctica también en la década de 1990, cuando el Estado absorbió pasivos, recortó inversiones y ajustó la estructura de costos para volver “atractiva” a la empresa ante el capital privado. En aquel proceso, la mejora contable no se tradujo en una expansión sostenida del servicio ni en mejoras en la infraestructura, sino en un deterioro de las obras y de los estándares de acceso, especialmente en los sectores más postergados.

Las obras de infraestructura permiten que crezca la cantidad de usuarios de colectores cloacales y agua potable en el Amba. Según datos recientes de la compañía, actualmente la cobertura es del 63 por ciento en el caso de las cloacas y 83 por ciento en el servicio de abastecimiento de agua. Las cifras oficiales muestran que en 2020 se realizaron 279 obras de infraestructura, en 2021 se realizaron 447 y 387 tuvieron lugar al año siguiente, para completar el mapa de inversiones en 2023 con 194 obras. Según recopiló el IAG, las inversiones fueron cero en 2024 y 2025 dando cuenta del abandono del servicio pese a los significativos incrementos tarifarios.

Lo que se observa es una constante en los gobiernos de corte neoliberal: una transferencia de ingresos desde las familias hacia las empresas, a través de tarifas más elevadas, con escasa inversión en obras y un deterioro del servicio que se expresa en cortes e interrupciones recurrentes.

Por Mara Pedrazzoli