Desde la Provincia buscan activar una ley para salvar a familias sobreendeudadas
Se trata de una propuesta de Ana Luz Balor, de Unión por la Patria, para dar facultades a la justicia de faltas y pausar las actuaciones hasta reestrcuturar las deudas.
El drama de las familias que están sobreendeudadas es una problemática que ya alcanza a más de 11 millones de personas en todo el país, buena parte de ellas en la provincia de Buenos Aires. Por eso, el peronismo busca sancionar una ley con la idea de dar un auxilio a las personas que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad, dado que buena parte de ellos tomaron créditos para acceder a necesidades básicas como la comida.
Hace algunos años, una propuesta en ese sentido había sido presentada por el entonces diputado Juan Gómez Parodi, que no prosperó y que ahora vuelve a sacar a discusión su compañera Ana Luz Balor, legisladora provincial de Unión por la Patria que forma parte de las filas del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.
“Muchos se acercan a pedir ayuda material, desde alimentos hasta chapas para el techo o lo que fuera y ahí surge el comentario de que no tienen ni para comprar comida. Vienen a plantear que hay una situación de necesidad extrema en la que no pueden desembolsar un peso más en nada por la gran cantidad de deuda que tienen”, sostuvo Balor.
En concreto, el proyecto de ley apunta a reformar la Ley Provincial 13.133, el Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios, para incorporar el concepto de “sobreendeudamiento” e incorpora un procedimiento judicial especial para estos casos.
“El proyecto contempla que la Provincia haga un acompañamiento facultando a la Justicia de Faltas Municipal para que medien el conflicto. No hay ningún tipo de subsidio, pero sí se suspenden las actuaciones judiciales por 90 días, es decir, el cobro de créditos y de préstamos, para que suceda este proceso administrativo a través de la Justicia de Faltas y se pueda llegar a un acuerdo entre el privado y el deudor”, detalló la autora del proyecto.
En esa línea, especificó que cada acuerdo tendrá su característica, contemplando las deudas que haya. “Puede haber quita de intereses, quita de capital… El acreedor sabrá que puede ofrecer y la idea es que el Estado provincial pueda acompañar en esos casos a los municipios a que puedan cumplir con esta norma y acompañar en la reestructuración de la deuda”.
“Se está hablando de más de 11 millones de argentinos que están endeudados, esto implica una de cada tres personas de la población económicamente activa, por lo tanto, es un problema acuciante. Vemos que hay mora en los préstamos de las entidades bancarias, tanto las oficiales como las no oficiales, en billeteras virtuales accedés a un crédito con solo un clic, las casas de préstamos en los barrios… Se arma una pelota que no para”, lamentó.
Argentinos sobreendeudados
Los datos del Banco Central marcan que uno de cada tres argentinos con ingresos está endeudado con entidades financieras o bancos en el país. Además, la deuda promedio ascendió a 3,7 millones de pesos, en base a los cálculos que hicieron desde el Instituto Argentina Grande (IAG).
El propio gobernador Axel Kicillof expuso que un 5,6 por ciento de las familias endeudadas con los bancos cayó en situación irregular. «Cada vez más familias no pueden pagar la tarjeta o sus préstamos. Esto representa un máximo desde mayo de 2009, en plena crisis internacional, y más del doble que un año atrás (+2,7 por ciento)», dijo.
A eso, el mandatario provincial sumó que la morosidad récord no es el único dato que muestra «el desplome» de la capacidad adquisitiva de las familias, dado que entre diciembre de 2023 y julio de 2025, la cantidad de personas con una deuda superior a 200.000 pesos saltó de 10 a 12,6 millones.
Con la intención de exponer el problema y tratar de que el expediente empiece a girar por las comisiones, este martes la diputada encabezó la presentación del libro “Consumidores sobreendeudados”, que fuera elaborado por un grupo de juristas bajo la dirección del juez Claudio Fede, a cargo de la Sala I del juzgado de San Martín.
En su intervención el magistrado expuso la idea de escribir el libro surgió dos años atrás, a partir de la variedad de casos que recibían en el juzgado. “Cuando empezamos a advertir en el ámbito judicial que se planteaban acciones que tenían que ver con el sobreendeudamiento de padres y madres de familia basados en cuestiones básicas, que tenían que ver con el sostenimiento de la diaria”, recordó.
El jurista explicó que entonces se usaban las “pequeñas quiebras” para resolver esos casos, pero marcó que se trata de una ley para situaciones disímiles y, sobre todo, pensadas para comerciantes y no para familias.
“Trabajamos hace años con el ámbito de derechos del consumidor y usuarios, entonces pudimos introducir el problema en el ámbito judicial y llegamos con dos casos clave a la Suprema Corte. Hasta ese momento no existía y las ejecuciones eran lo más normal. Eso daba imposibilidad al deudor de no poder indagar en la causa de ese crédito o la necesidad que lo llevó a eso. Ese documento era base de ejecución, pero no se podía ir a la causa de por qué se había pedido el dinero”, marcó.
“La herramienta que se usaba ante las personas que estaban en sobreendeudamiento, era totalmente contradictoria. El proceso de quiebra previsto para comerciantes traducía una serie de situaciones inoportunas como indisponibilidad de fondos. Esos procesos los rechazábamos de plano, pero todo el proceso afectaba a la persona en su economía. Entonces propusimos explicar desde distintas áreas, ámbitos territoriales y especialidades, este fenómeno. Cuando planteamos lo hacemos con sentido social, porque la ley no puede abordar una situación ajena a la situación social. Ya son millones las personas que transitan esto. El ámbito judicial es como una guardia de hospital al que llegan los conflictos”, agregó Fede.
En ese orden, sostuvo que “la dignidad no se consigue si no es traduciéndola en la realidad” y como “la afectada es la familia toda, el punto que nos tiene que doler es ese: trabajar para la dignidad de todos”.