Solo el 1% de los beneficiarios de la AUH son extranjeros
La eliminación de los programas sociales a personas extranjeras no representa una solución a la falta de actualización de los haberes jubilatorios, ni a la falta de fondos para personas con discapacidad, sostiene un informe de la agencia Ciudadana Comunicación.
Un informe de la agencia Ciudadana Comunicación precisa que el impacto fiscal de los programas sociales percibidos por personas extranjeras es mínimo, y su eliminación no alcanzaría para financiar los incrementos jubilatorios ni las mejoras en discapacidad que fueron vetadas por el Gobierno nacional.
El informe, basado en datos aportados por la ANSES en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, recuerda aquella afirmación del gobernador Gustavo Sáenz, que a mediados de septiembre último planteó la necesidad de “suspender los planes sociales en zona de frontera”, con el argumento de que hay beneficiarios extranjeros que cruzan al país “solo para cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”. El mandatario dijo que esta medida permitiría redirigir fondos hacia jubilados y personas con discapacidad, al evitar “la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”.
El informe muestra otra cosa. Según los datos de la ANSES, hay 41.818 beneficiarios extranjeros de la Asignación Universal por Hijo, lo que representa apenas el 1% de los 4.020.710 beneficiarios de este programa en todo el país. En el caso de la asignación para hijos con discapacidad, el porcentaje de personas extranjeras que lo perciben es un poco mayor: lo cobran 2.760 sobre un total de 88.137, lo que representa un 3,1%. Por su parte, 2.827 mujeres que no son argentinas perciben la Asignación por Embarazo sobre un total de 66.071 mujeres que cobran este beneficio (4,3%). Finalmente, los desocupados extranjeros que cobran el Seguro de Desempleo son 4.281 sobre 109.878 beneficiarios totales, es decir, un 3,9% del total.
En Salta la incidencia es menos significativa
En cuanto a la provincia de Salta, con su extensa frontera internacional, Ciudadana Comunicacón señala que el porcentaje de personas extranjeras beneficiarias de programas sociales «es todavía menos significativo, lo que echa por tierra esa idea de que la mayoría son personas que viven en países vecinos y que vienen a la Argentina solamente a cobrar esos beneficios».
Según la respuesta al pedido de información pública, «solo hay 347 beneficiarios extranjeros de la Asignación Universal por Hijo, apenas el 0,2% de los 168.577 niños que perciben este beneficio. En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, hay solo 18 extranjeros, lo que representa un 0,4% de los 4.243 salteños que lo cobran. Las 23 mujeres extranjeras que cobran la Asignación por Embarazo solo son el 1% de las 2.198 salteñas que lo perciben. Y hay solo 54 personas con otra nacionalidad que cobran el Seguro por Desempleo sobre un total de 4.192 beneficiarios, es decir, el 1,3%».
Si se pudiera ahorrar ese dinero con la eliminación de los programas sociales a extranjeras y extranjeros, ¿alcanzaría para otorgar a los jubilados salteños el aumento previsto en la Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia?, interroga el informe. La respuesta es negativa.
«Si tenemos en cuenta que en Salta viven 160.676 de lo 6.037.025 jubilados que hay en el país, siguiendo los números de la OPC (Oficina de Presupuesto del Congreso), podríamos estimar que el impacto fiscal del incremento excepcional del 7,2% a los jubilados habría sido de 44.514 millones de pesos, mientras que el de aumentar el bono a 110 mil pesos, habría sido de 27.016 millones de pesos, o sea, un total de 71.531 millones de pesos». Es decir que «eliminar la totalidad de los beneficios sociales a los extranjeros que viven en Salta habría representado apenas el 0,08% de la implementación de la Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia para los jubilados salteños», concluye.
El costo fiscal
El informe considera poco probable que la totalidad de personas extranjeras beneficiarias de estos programas sociales sean “extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”, ya que los requisitos exigen la permanencia de los beneficiarios en el país.
Pero aún suponiendo que en todos los casos se tratara de personas con estas características, se pregunta «¿cuánto gasta el Estado Nacional en programas sociales cuyos beneficiarios son extranjeros?».
Y detalla: Para el período que va desde agosto hasta diciembre de este año (estimando los montos de noviembre y diciembre en función de la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado), la ANSeS habrá gastado 24.506 millones de pesos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los más de 40 mil extranjeros que cobran ese beneficio, otros 5.266 millones para 2.760 beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad, y unos 1.656 millones para las 2.827 mujeres extranjeras que cobran la Asignación por Embarazo.
En ese mismo período habrá gastado unos 6.970 millones de pesos en pagarle el Seguro de Desempleo a 4.281 beneficiarios extranjeros, suponiendo que ese beneficio se pagara en el techo, que es el 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Aunque la ANSeS no le informó la cantidad de beneficiarios extranjeros de la Tarjeta Alimentar, la agencia hizo una estimación a partir de la cantidad de beneficiarios de las asignaciones universales. «El costo fiscal estimado de ese programa para los beneficiarios que no nacieron en la Argentina, sería de 1.942 millones de pesos más», sostuvo.
Es decir que, «en total, entre agosto y diciembre de 2025, el Estado Nacional habrá gastado 40.342 millones de pesos, en todos los programas sociales que tienen como destinatario a extranjeros».
¿Alcanza para cubrir los aumentos?
Tomando el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el impacto fiscal que tendría el proyecto de Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia aprobado por el Congreso y vetado por el presidente Javier Milei, Ciudadana Comunicación exhibe que el ahorro por la eliminación de los programas sociales a personas extranjeras sería irrisorio para cubrir este aumento a jubilados.
Según la estimación de la OPC, el aumento del 7,2% habría significado un incremento del gasto de 1.673.494 millones entre agosto y diciembre de este año. Y el aumento del bono a 110 mil pesos móvil, habría demandado 1.015.676 millones para el mismo período. En total, las dos medidas suman 2.689.170 millones de pesos.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la Ley de Discapacidad (aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente, rechazado el veto por ambas cámaras y suspendida su aplicación por el presidente), la OPC estimó que habría significado un aumento del número de beneficiarios por nuevas altas de entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. “Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos”, concluyó la OPC. Además, estimó que la compensación de emergencia a prestadores habría costado $278.323 millones y la asignación para talleres de producción unos $7.160 millones, reseña Ciudadana Comunicación.
Tomando el escenario más conservador, esto habría significado un gasto de 2.174.854 millones de pesos, de los cuales la eliminación de los programas sociales a la totalidad de sus beneficiarios extranjeros habría representado apenas el 1,9%, afirma. Y concluye: «no es cierto que la eliminación de los extranjeros que cobran programas sociales represente una solución a la falta de actualización en términos reales de los haberes jubilatorios, ni a la falta de fondos para personas con discapacidad».