Beneficiados por el ajuste en la educación pública
El paulatino desfinanciamiento a la educación pública atenta contra las oportunidades de nivelación social.
Las actuales políticas públicas en materia educativa vienen generando una fuerte contracción de los recursos destinados a las universidades nacionales y en general al sistema científico público. Esta realidad impacta negativa y directamente sobre las posibilidades de crecimiento, mantenimiento y generación de conocimiento autónomo para nuestro país. En cambio, desfinanciar el sistema educativo superior genera indiscutibles ventajas y beneficios al sector privado educativo.
Entre las medidas que se aplican se encuentran la reducción o eliminación de becas científicas, estudiantiles, programas y carreras de investigación, deterioro de las infraestructuras y una fuerte caída de los salarios reales de los trabajadores docentes, investigadores y no docentes de todo el ecosistema universitario. Este desfinanciamiento reduce las oportunidades educativas y de nivelación social hacia los sectores de menos recursos de la sociedad.
Ingresos privados
Si el sistema universitario público contrae su oferta académica, se deteriora en su nivel de calidad o establece algún mecanismo de arancelamiento significativo, un importante sector de los estudiantes podría abandonar la universidad pública tanto por no contar con recursos para pagarla como por la baja en la calidad.
Otra parte de los estudiantes con algunas opciones de financiamiento se desplazaría al sistema de educación privada, la que concentraría y tendría un incremento muy significativo de sus ingresos hasta el punto de poder maximizarlos, al haber sido reducidas o empobrecidas las opciones públicas de educación superior.
Estos fenómenos se vienen dando con mayor intensidad en los niveles primarios y secundarios del sistema educativo.
El ingreso privado se maximizaría de forma extensiva al tener un volumen mayor de masa estudiantil cautiva sin otras opciones de accesibilidad públicas, así como también por la vía intensiva al poder exigirle un mayor precio porque no tienen opciones públicas.
Costos privados
Los docentes, investigadores y personal no docente del sistema tendrían menos alternativas de ofrecer sus servicios al sistema público por lo que reducirían sus condiciones de negociación salariales para exigir mejores remuneraciones, al no tener las opciones del sistema público de referencia o como instrumento regulatorio.
Lo anterior se vería acentuado con una reforma laboral que flexibilizaría el mecanismo de despido y abaratamiento de sus costos para los empleadores privados.
Destruir al Estado no sólo agudiza las asimetrías del mercado, sino que deja al sector privado con menos regulaciones de equidad para que éste maximice sus ganancias minimizando los salarios.
Al retirarse de estas áreas de elevada sensibilidad para el desarrollo económico y social, el Estado cede mecanismos de equidad a procesos de acumulación de recursos que no son por el mayor esfuerzo o trabajo sino por el mayor poder frente a los medios de producción de agentes privados sobre los sectores trabajadores.
La reciente sanción del Congreso a la Ley de financiamiento de la educación universitaria puede ser un punto de partida para frenar estas políticas del poder ejecutivo nacional y su avanzada sobre los sectores públicos que generan y transmiten conocimiento y educación de forma más accesible y social. Ya hubo un veto presidencial a la anterior Ley sancionada por ambas cámaras del poder Legislativo en el año 2024.
En conclusión, las acciones del gobierno apuntan a maximizar las ganancias del sistema de educación privada tanto por el lado de maximizar sus ingresos como por la minimización del costo laboral, como efecto de la desfinanciación de la actividad científica y educativa pública actual.
*Economista