Cómo la investigación de un asesinato desbarató los planes de la ultraderecha bahiense

En octubre de 2021, Pablo Dahua asesinó a Emanuel Alarcón disparándole a quemarropa en lo que parecía una disputa por tierras. Un crimen común que podría haberse resuelto como tantos otros casos de violencia interpersonal. Sin embargo, este homicidio aparentemente fortuito se convirtió en la llave que abrió una investigación mucho más profunda y reveladora: el entramado detrás el atentado al Ateneo Néstor Kirchner del que hoy se cumplen exactos cuatro años.

Tras el arresto de Dahua, un allanamiento de rutina en su domicilio se topó con un arsenal de armas, explosivos y folletería nazi. Los explosivos encontrados fueron descritos como «similares a los usados en los atentados del 2021», y algunos estaban incluso «listos para detonar», según explicó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en una conferencia de prensa.

Así, un caso de homicidio común se transformó en la clave para resolver el atentado del 25 de mayo de 2021 contra el Ateneo Néstor Kirchner, una de las sedes del peronismo del sudoeste bonaerense y que La Cámpora siempre reivindicó como una de sus unidades básicas más importantes.

El atentado que había quedado impune

La madrugada del 25 de mayo de 2021, una potente explosión en el Ateneo Néstor Kirchner había estremecido Bahía Blanca. A las 3 de la mañana, el estruendo se escuchó a cincuenta cuadras a la redonda. La onda expansiva destrozó ventanas de departamentos cercanos, incluso en pisos superiores, y dejó la vieja casona que alberga el Ateneo con daños severos.

Este no era un objetivo cualquiera. El Ateneo Néstor Kirchner funcionaba como el principal espacio del Frente de Todos en Bahía Blanca, la segunda fuerza política más importante de la ciudad y el entonces frente gobernante a nivel provincial y nacional.

Los peritos de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal clasificaron el dispositivo explosivo como de «alta letalidad» con evidencias de circuitos electrónicos complejos. Esto sugiere el uso de un mecanismo sofisticado, posiblemente detonado por control remoto o un temporizador.

En la escena también se encontraron panfletos anónimos e intimidatorios con mensajes que hablaban de «comenzar una purga».

Durante más de tres años, la investigación permaneció estancada. Entre otras cosas porque al menos 38 cámaras de seguridad municipales no funcionaban al momento del ataque.

Seis meses después, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez relativizó la importancia del Ateneo, refiriéndose a él simplemente como una «sede de La Cámpora», cuando en realidad era un centro neurálgico de actividad política del peronismo del Sudoeste Bonaerense y como si, además, la pertenencia a una u otra agrupación política hiciera menos grave un atentado con explosivos.

Públicamente admitió que el progreso era mínimo, dijo que es expediente tenía «poco y nada” y avisó que había pedido ayuda al FBI.

Todo siguió igual hasta que el homicidio de Emanuel Alarcón cambió todo.

La evidencia que conectó los crímenes

El fallo judicial contra Dahua destacó pruebas convincentes que lo vinculaban directamente con el atentado de 2021. Antes del ataque al Ateneo, Dahua había realizado búsquedas extensas en la «dark/deep web» sobre «atentados perpetrados en otras partes del mundo» y sobre «fabricación de explosivos y/o sistemas de iniciación».

Pero había más. Una investigación más profunda reveló que Dahua se había infiltrado estratégicamente en diversas organizaciones políticas y sindicales. Su trabajo en el área de prensa de ATE le proporcionaba acceso de primera mano a información sobre actividades políticas. Las fotografías en el expediente lo mostraban participando activamente en movilizaciones del Partido Justicialista y organizaciones de izquierda.

El 24 de octubre de 2024, la jueza federal María Gabriela Marrón lo procesó con prisión preventiva por su presunto rol en el atentado al Ateneo. El fallo judicial lo caracterizó explícitamente como «miembro de un colectivo antidemocrático, de ultraderecha y extremista».

Nueva Soberanía: la ultraderecha organizada

Lo que el homicidio de Alarcón descubrió fue que el ataque al Ateneo habia sido algo mucho más grande que la acción de un atacante solitario. Dahua era el líder de la célula local de Nueva Soberanía, una organización estructurada con características propias de una célula extremista profesional.

Nueva Soberanía no era simplemente un grupo de individuos radicalizados, sino una entidad organizacional con jerarquías definidas, roles específicos y una metodología operativa. La organización mantenía registros detallados de sus miembros.

En la estructura, Dahua ocupaba el rol de líder local, responsable de la planificación y ejecución de operaciones. Su posición le otorgaba acceso a recursos técnicos y la autoridad para coordinar ataques.

Francisco Rosales, alias «Pancho», funcionaba como operador de reclutamiento, encargado de identificar, evaluar y captar potenciales nuevos integrantes. Los audios interceptados lo muestran realizando entrevistas estructuradas a candidatos, siguiendo protocolos establecidos para evaluar su idoneidad ideológica y operativa.

Rosales fue procesado por «tomar parte en una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor» y por «actos discriminatorios». El allanamiento en su domicilio, el 16 de septiembre de 2024, reveló numerosos panfletos y propaganda de Nueva Soberanía, literatura nazi como Mi Lucha de Adolf Hitler, simbología nazi y evidencia digital comprometedora. Su teléfono celular incluso tenía como patrón de desbloqueo una esvástica.

Los planes que el homicidio interrumpió

El arsenal encontrado en casa de Dahua dio cuenta de una preparación para mucho más que el atentado de 2021. Los explosivos «listos para detonar» al momento del allanamiento indicaban preparación activa para operaciones inmediatas. Siguiendo esa línea investigativa, la detención por el homicidio de Alarcón interrumpió lo que parecían ser ataques planificados.

La interceptación de audios reveló los planes de Nueva Soberanía que incluían proyectos de fusión con otra organización extremista, Faro Austral, con el objetivo de crear una estructura más amplia con «una rama que se lance a la política y otra rama que sea el brazo armado».

Esta planificación estratégica incluía objetivos de «control territorial», con discusiones específicas sobre «corte de rutas o voladura de puentes». La mención de un «camarada» dentro de la organización con entrenamiento militar y acceso a «tácticas y técnicas de combate» sugiere vínculos inquietantes con personal de fuerzas armadas.

La investigación sobre el homicidio sirvió además para establecer vínculos directos entre el atentado al Ateneo y al menos dos ataques posteriores: contra el Centro Cultural Mapuche «Ruka Kimun» y el domicilio de un director de Región Sanitaria. La similitud en los «manierismos estilísticos y de redacción» de los panfletos utilizados confirmaba un «común origen» y una «plataforma ideológica» compartida.

Los ataques mostraban una escalada tanto en frecuencia como en sofisticación. Las pintadas antisemitas realizadas días antes del atentado al Ateneo, donde Rosales presuntamente pintaba los grafitis mientras su pareja filmaba, representaban una fase inicial de intimidación psicológica que había evolucionado hacia el uso de explosivos de «alta letalidad».

La reaparición de panfletos idénticos en una marcha anticuarentena en Tandil al día siguiente del atentado sugería una red operativa que trascendía Bahía Blanca, indicando una estructura organizacional más compleja de la inicialmente detectada.

El alcance real de la amenaza

La caracterización judicial de una «asociación ilícita» con «otros todavía no identificados de forma fehaciente» plantea interrogantes críticos sobre el alcance real de la red que el homicidio había comenzado a desmantelar. La sofisticación operativa demostrada por Nueva Soberanía, desde la infiltración hasta la fabricación de explosivos avanzados, sugiere una organización con más recursos y miembros de los identificados.

La capacidad demostrada para adquirir, almacenar y mantener arsenales sofisticados durante años plantea interrogantes sobre las fuentes de financiamiento y las redes logísticas que habían sostenido estas operaciones. Los especialistas sugieren que ese tipo de  infraestructura no se construye espontáneamente sino que requiere planificación, recursos y coordinación sistemática.

El homicidio de Emanuel Alarcón no solo fue la pista para resolver el atentado de 2021, sino que interrumpió la posibilidad de ejecutar una escalada planificada de ataques. Los explosivos encontrados «listos para detonar» y los planes de «control territorial» que incluían infraestructura crítica regional sugieren que Nueva Soberanía estaba preparándose para una fase más ambiciosa de sus operaciones.

La pregunta ya no es si actuaron solos Dahua y Rosales, sino cuántas células similares operan en Bahía Blanca y otros puntos del país con la misma metodología, recursos y objetivos. El homicidio que destapó el caso reveló que el atentado al Ateneo Kirchner no había sido un hecho aislado de violencia extremista, sino apenas la ventana que permitió vislumbrar una realidad organizacional más compleja que puso en alerta a todo el sistema político local y provincial.