Ola de despidos en el país de la crueldad: las nuevas caras detrás del desguace

Con los despidos masivos en la administración pública no solo se pierden fuentes de trabajo: la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y desprotección es la más afectada. Al principio de la gestión del gobierno de Javier Milei se hablaba de la crueldad para referirse a sus medidas, por ejemplo, cuando Sandra Pettovello dejó de repartir a los comedores alimento para lxs milxs de pibxs y jubiladxs que concurren a los comedores porque se encuentran bajo la pobreza o incluso la indigencia.

La crueldad fue aumentando a niveles de insensibilidad impensados con las sucesivas represiones brutales a jubiladxs que reclaman la restitución de medicación sin costos que les corresponde por PAMI. Hoy ese sector social se dirime entre comer o comprar remedios. Desde febrero del 2024 protestan todos los miércoles en el Congreso y aseguran que están viviendo se trata de un gerontocidio. La violación de los derechos de lxs adultxs mayores, el recorte de la medicación, la comida y la ayuda social con una jubilación de miseria, afecta su salud y lxs expone a una muerte temprana.

La crueldad se refiere a un comportamiento agresivo y violento que busca causar daño físico y/o psicológico a otrxs. Eso es lo que se dedicó a hacer, una vez más, la ministra que dirige la cartera del Ministerio de Capital (in)Humano desde que asumió. Su más reciente acto de insensibilidad lo concretó la noche del viernes 28 de febrero notificando despidos y pases a disponibilidad de 2800 trabajadores de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

“Es indudable que la cesantía de cientos de trabajadoras y trabajadores son la antesala de la debacle de todo el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes conforme lo establece la ley 26061. Atenta directamente sobre un principio fundamental como lo es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que está establecido en la convención sobre derechos de niños, que busca garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las pibas y los pibes, constituyéndolos en sujetos de derecho. Todo esto se pierde y deja una profunda crisis al sistema y una total desprotección social por parte del Estado Nacional para las niñeces”, asegura Adolfo Dardik, delegado general de la junta interna de ATE Sennaf.

Los despidos en la SENAF forman parte de la disolución de direcciones y programas que fomentan la protección de niñxs y adolescentxs como Cuando Construimos Ciudadanía: “Este programa estimulaba hábitos de solidaridad y cooperación mediante el juego y el desarrollo de actividades integradoras de pibas, pibas y adolescentes”, advierte Adolfo. Además, se desfinanció el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales que otorga nuevos derechos para adolescentes y jóvenes en esta situación. Entre ellos el derecho a contar con un acompañamiento personal individualizado y el derecho a una asignación económica mensual para así tener, posterior al egreso de algún centro convivencial, un apoyo en lo personal y en lo económico para empezar a encaminar su vida individual y de manera adulta.

También fueron despedidos los equipos que trabajaban en capacitaciones y las formaciones de leyes que atraviesan la problemática de las niñeces, como la ley Brisa que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las pibas y pibes y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. “Otra ley que dejamos de replicar es la ley Mica Ortega que creaba el Programa Nacional de Prevención y Concentración del grooming o ciber contra Niñas, Niños y Adolescentes. Estos son solo algunos de los programas que se suspendieron debido al vaciamiento de tareas y funciones desde el 11 de diciembre del 2023 a la fecha en la Sennaf”, advirtió Adolfo.

Sin profesionales de la salud la vida está en riesgo

A Pettovello el personaje del villano más cruel se lo está disputando el ministro de salud, Mario Lugones, que puso a la salud pública en una crisis absoluta a partir de los despidos masivos de médicxs y profesionales de distintos hospitales, lo que complica la atención de quienes concurren al sistema de salud pública que, desde hace tiempo, se encuentra desfinanciado y colapsado. Tal es caso de los despidos y el vaciamiento del Hospital Laura Bonaparte, la única institución modelo en salud mental y problemáticas de consumo de la región AMBA y los despidos en el Instituto Nacional del Cáncer que forma a profesionales especializadxs en oncología y cuidados paliativos.

A los despidos de profesionales de la salud se le suma el recorte del presupuesto para hospitales cuya consecuencia directa es la falta de medicación. En el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo falta de medicación oncológica y remedios que son imprescindibles para reducir el dolor como la morfina. También hubo despidos en las coordinaciones que elaboran políticas públicas para vih, tuberculosis y hepatitis en un contexto en el que los diagnósticos de tuberculosis no dejan de aumentar, las Hepatitis virales continúan siendo de las infecciones transmisibles más prevalentes del país. Ahora en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, el ministerio de salud redujo el 40% del equipo de VIH y el 30% del equipo de Vacunas.

“La prevención no solo evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas; sino que además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanitario y económico, que son además potencialmente irreversibles para la salud pública”, explicaron en una carta pública, medicxs de distintas áreas del Ministerio de Salud que decidieron renunciar luego de concretarse los reciente despidos.

“No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad”, aseguraron.

El ataque al Cupo Laboral Travesti Trans

Los despidos de personas travesti trans en el Estado merecen especial atención. El informe «Desimplementación y despidos del cupo laboral travesti, trans, no binarie», realizado por los investigadores del CONICET Francisco Fernández Romero y Pato Laterra, encargado por el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de ATE Nacional, advierte que durante el 2024 se despidieron al menos a 150 personas travestis-trans. Esto viola la ley de Cupo Laboral Travesti Trans e implica una tasa de despido casi ocho veces mayor que en el total del sector del Estado.

“Por ley, existe un cupo del 1% de los puestos del Sector Público Nacional (SPN) para la población travesti-trans. Sin embargo, este colectivo sólo llegó a ocupar como máximo un 0,17% de los puestos, generalmente con contrataciones precarias o temporarias. La transfobia estructural hace particularmente difícil que las personas trans puedan enfrentar estos despidos. Frecuentemente no tienen una red familiar de contención; encuentran menores oportunidades en el sector privado por discriminación; y cuentan con menores recursos económicos y educación formal por la exclusión laboral y educativa previa”, señala el informe.

“Les trabajadores estatales travesti-trans, tienen un rol importante en la garantización de políticas públicas y en la producción de conocimiento”, asegura la investigación, una vez más, no solo se pierden puestos de trabajo. El cupo posibilita además, que las personas trans que siempre han trabajado de manera informal o precaria, lo hagan en condiciones formales, con acceso a derechos y a la seguridad social.

Para Clarisa Gambera, secretaria de género de ATE Nacional, la última oleada de despidos ataca directamente al Estado que acompaña y protege: “Los 2 mil despidos entre el ex Ministerio de Desarrollo Social y la Sennaf afecta a programas con anclaje territorial, áreas sensibles de atención directa, emergencias y fortalecimiento comunitario. Es la malla de contención social en un momento donde creció la pobreza. El Estado en el territorio es la única posibilidad de acceso a derechos básicos. Y el ataque a las redes comunitarias con este desguace tendrá un fuerte impacto en niñeces y las personas que se quedan en los barrios haciendo malabares para intentar atajar lo que se cae a pedazos. Dar de comer, cuidar y acompañar que son mayormente las mujeres.”

Lxs trabajadores despedidxs y con pases a disponibilidad en estas áreas contaban con muchos años de antigüedad, incluso “algunas son personas que lograron concursar después de años y años que no se abriera esta posibilidad en el Estado incumpliendo la ley y ya tenían su estabilidad tal como dice la ley. Son profesionales, que con años de experiencia en el territorio pueden construir estrategias que no se aprenden en la facultad exclusivamente porque requieren conocer a las personas, las comunidades y los territorios. En general, son personas con salarios medios y bajos, con mucho compromiso social porque sin eso es difícil sostener tareas tan duras y artesanales por salarios tan bajos. Y sin el recurso del Estado lo que sucede es una situación de abandono”, advierte Clarisa.

Los despidos más recientes se dieron el pasado viernes 28 de febrero en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), lo que representa un retroceso enorme en materia sanitaria. Son 350 trabajadores que se quedaron sin su fuente de trabajo, entre ellos, Jose Nicolini, fotógrafa de este suplemento que, a causa del pluriempleo, también se desempeñaba en Acumar desde el 2021.

En un posteo de Instagram contó que sus compañerxs eran “especialistas, amantes del riachuelo, educadorxs; una variedad de trabajadorxs comprometidxs por una causa/casa común: La Cuenca Matanza Riachuelo”. Nicolini hacía un registro minucioso de lxs trabajadores que visitaban las casas, limpiaban los basurales, medían los niveles de contaminación en agua o manejaban las máquinas de perfilado de arroyos. “Desde 2024 las actividades de Acumar se detuvieron. Las barreras de contención de basura empezaron a desbordarse y derramar, la podredumbre se instaló de nuevo en sus márgenes y sus habitantes volvieron a ver tristes, quizá arrepentidos, ese paisaje abandonado y oloroso de hace 20 años, cuando el río y su cuenca eran todavía una zona de sacrificio, una cloaca viscosa del desarrollismo industrial y la industria ganadera”, describió con su pluma poética las consecuencias de estos puestos de trabajo que se perdieron.

Los despidos en el Estado repercute en el conjunto de la sociedad pero afecta, sobre todo, a quienes menos tienen. El Estado como promotor y garante de derechos y recursos se está vaciando de profesionales, de trabajadores comprometidxs con experiencia, dedicación y vocación. Son quienes hacen posible que las personas tengan una mejor calidad de vida, por eso son necesarixs, por eso, en el Estado no sobra nadie.