Ajuste y veto presidencial: la tercera edad vive una «crisis humanitaria» en Argentina
En diálogo con la 750, el defensor de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, señaló que, actualmente, se vive una "crisis humanitaria" en el sector etario y que el Gobierno de Javier Milei la agudiza.
El defensor de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, analizó las dificultades de los jubilados y jubiladas en este momento en el que el Gobierno de Javier Milei arrasa con su motosierra sobre el sector más vulnerable. Para Semino, «en latinoamérica, pero en Argentina en particular, hay una mirada vieja de lo viejo».
El caso nórdico
«A fines de los 80, cuando empiezan a envejecer las pirámides en el mundo, los nórdicos que no tenían sistema previsional -países como Noruega y Finlandia-, percibieron que el envejecimiento de la pirámide les generaba un cambio social y económico muy fuerte. Estudiaron cómo modificar la ecuación», explicó en la 750.
«Esa persona de 60 o 65 años, que antes tenía una sobrevida limitada, empezaba a tener una posibilidad de una vida de calidad de 20 o 25 años más; por lo que, o se le convertía en un gasto social insoportable o, con una mirada absolutamente capitalista, lo convertía en un reproductor de riqueza a través del consumo.Para garantizarle eso, tenian que asegurarle dos cosas: salud en el cuerpo y plata en el bolsillo».
«Hoy la persona mayor en Argentina, con 290 lucas que cobran cinco millones de jubilados y un millón de personas más con discapacidad que cobran 230 mil pesos de no contributivas, no pueden subsistir. Tenemos una crisis humanitaria. La actual administración, sobre esa crisis humanitaria, sigue ajustando, ahorrando como lo llaman, sobre ese sector«, advirtió.
«Se habla sobre la obra pública. La obra pública aporta a ese superávit financiero un 15%, la seguridad social entre un 30% y un 35%. Se está pagando con la vida de los jubilados«, aclaró.
«Qué pasa con la sanción en el Congreso. Cuáles son las opciones. O se hacen cargo de eso, o se hacen cargo de los muertos. Porque está ocurriendo una pandemia cuyos óbitos no se ven en televisión. El sistema político estuvo siete meses para discutir esta ley, que es un disparate vetarla», concluyó.