El gobierno de Javier Milei decidió poner fin al sistema de control de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) implementado por el exinspector General de Justicia Ricardo Nissen, quien había detectado que se utilizaban para lavar dinero, cometer fraudes fiscales, defraudaciones y fugar capitales. ¿Qué es una SAS? Una figura que introdujo el gobierno de Mauricio Macri que permitía crear una empresa en 24 horas, online, con mínimos requisitos, capital irrisorio y sin filtro. A este modelo decidió volver la actual administración, para lo cual derogó las rigurosas normas previas.Esto es parte de una decisión de abrir también las puertas sin fiscalización a las sociedades extranjeras y las off shore radicadas en algún paraíso fiscal, lo que pone en riesgo de diversas formas el patrimonio nacional.

En una resolución de yapa (13/2024) fue eliminada la paridad de género en los órganos de administración de empresas, asociaciones, fundaciones y sociedades sociedades anónimas, que también había sido establecida por Nissen. Se apoyaba en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución y tratados internacionales que promueven la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Establecía una «conformación que respete la diversidad». El detalle es que se derogó algo que todavía es objeto de una disputa judicial sin sentencia. En su momento, una fundación y una empresa de transporte judicializaron esa resolución general y la sala C de la Cámara Comercial decidió revocarla. La IGJ reclamó que era incompetente y un juez contencioso administrativo pidió la causa, ahora en la Corte.

«Emprendedor»

La IGJ, hoy a cargo de Daniel Vítolo, anunció el «relanzamiento de las SAS», a las que presentó como «uno de los tipos sociales más flexibles y adecuados que pueden adoptar las empresas». El Gobierno busca, dijo, «brindar mayores herramientas a los inversores locales y extranjeros, y generar empleo». Algo similar había justificado Macri cuando presentó las SAS como «apoyo al capital emprendedor». Vítolo acusó al gobierno anterior de haberlas «desactivado en forma deliberada» con resoluciones que calificó como «obstaculizantes y desalentadoras». En rigor, fue así.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo se pudieron utilizar las SAS fue la identificación en 2020 por parte del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, de una maniobra que desplegaron socios del clan Los Monos (que tiene a varios miembros presos). Constituyeron 40 empresas ficticias bajo el formato de SAS para blanquear unos 1200 millones de pesos y cometer delitos tributarios. Llegaron a emitir 8500 facturas truchas. Las SAS estaban relacionadas entre sí, todas inscriptas en CABA gracias a las facilidades del sistema a distancia. Las cambiaban cada tres o cuatro meses. El rastreo de domicilios mostró que algunos eran inexistentes o no tenían relación con quienes en teoría formaban la sociedad. Pero apareció alguno que coincidía con bunkers de venta de droga. El caso está camino a juicio oral.

En este punto, la decisión que libera a las SAS de controles parece una contradicción de la administración libertaria que despliega una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, a partir de los violentos hechos en Rosario, pero habilita un mecanismos para operaciones espurias. ¿Cómo se combate en estas circunstancias el lavado de activos ligado al narco?

Vítolo tuvo un encuentro el 26 de marzo en la Cámara Argentino Británica (Brit-Cham) donde anticipó a los presentes las resoluciones que saldrían al día siguiente para facilitar el desembarco de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y off shore. Para ellas también se redujeron drásticamente las condiciones. El argumento fue remover obstáculos a inversiones extranjeras. El 9 de abril el inspector disertó en la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham), volvió a referirse a las sociedades constituidas en el extranjero y anunció la reactivación de las SAS. Este jueves dijo que hasta 2019 se habían constituido 14 mil SAS en CABA y en los últimos cuatro años solo 34. Para Nissen era una actuación exitosa. Para Vítolo, lo contrario.

Es harto conocido que tanto las sociedades extranjeras, vehículo, off shore  y SAS (a veces asociadas o integradas) facilitan estrategias para ocultar quiénes son los verdaderos beneficiarios (puede que sean argentinos y se oculten) y qué bienes o patrimonio tienen. También para blanquear, sobre todo las dos últimas. O para eludir responsabilidades por daños y perjuicios. Las off shore producen su riqueza en el país, pero tributan (es un decir) en algún paraíso fiscal donde estén radicadas. Cuando Nissen aplicó restricciones, algunos iban a crear sociedades a Mendoza, conocida como «la Delaware argentina».

Antes y ahora

La gestión de Nissen había establecido una fiscalización permanente de las SAS. Al constituirse debían pasar por un control de legalidad; informar qué tipo de acciones tenían y la integración del capital; especificar su «objeto» (no se podían dedicar a cualquier cosa); presentar balances; e inscribir su sede social. Si no, se aplicaban multas.

Esto llevó a que se detectaran gran cantidad de anomalías. En 2020 la IGJ emitió resoluciones particulares (declaración de irregularidades, pedidos de intervención o nulidad en tribunales, retiro de personería), sobre 60 SAS. La IGJ advirtió algo recurrente: sociedades que comenzaban con muy poco capital y compraron inmuebles por 600 mil dólares o hasta 6,5 millones. En 2021 hubo 150 SAS cuestionadas. Un caso conocido fue la identificación de varias SAS como empresas fantasma para la exportación de carne en negro. Entre 2022 y 2023 hubo 65 casos más. Uno entre muchos: una SAS que tenía un capital de 19 mil pesos le vendió barbijos al gobierno porteño por más de 20 millones pero no registraba en su objeto ninguna actividad similar.

Las nuevas resoluciones firmadas por Vítolo (11/2024 y 12/2024) dicen que lGJ anterior se había excedido, que no tiene nada que controlar, salvo cuestiones burocráticas, y que desconoció la ley 27.349, de Apoyo al Capital Emprendedor. El inspector anunció que desde el 15 de abril se podrá constituir una SAS de 2 o más socios o una SAS unipersonal en un plazo de 72 horas. El procedimiento se puede hacer vía web en base a un modelo con intervención de un escribano. Se podrá hacer el «trámite a distancia o ir a las oficinas», sin mayores requisitos.