Habilitarán una «privatización parcial» de la empresa que opera las centrales nucleares
La nueva ley ómnibus establece que la estatal Nucleoléctrica podrá ser privatizada "parcialmente", pero que el Estado Nacional deberá mantener la participación mayoritaria.
Estado con poder de veto
Además, el nuevo proyecto de ley sumó las siguientes modificaciones: “Se eliminó el articulo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804, con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima”.
De esta manera, en el caso de Nucleoeléctrica y Banco Nación y Arsat, “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Son las tres compañías estatales que quedaron dentro del Anexo II.
Además, más allá de que se privatice una parte, la nueva ley ómnibus asegura que hay acciones que sólo podrá definir el Estado. Así queda en concreto el nuevo proyecto de ley: “ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley N° 24.804, por el siguiente: ARTICULO 35.- El Estado Nacional será titular permanente de una (1) acción de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoeléctrica Argentina S. A.) y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen: a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva; b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del art. 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales”.
Esto es un punto fundamental, dado que el desarrollo de una cuarta central nuclear es una discusión que en el país lleva una década, y que tenía a China como principal interesado, habiendo incluso ofrecido financiarla por u$s 9000 millones.
La otra compañía estatal del sector nuclear que sí quedó en el Anexo I entre las que podrían ser “sujetas a privatización” es DIOXITEK S.A, que produce insumos para abastecer a centrales nucleares. Esa sí podría pasar a manos privadas en su totalidad.
Cuestionamientos
La nueva letra chica de la ley ómnibus es clave en materia nuclear, porque cuando el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue consultado sobre este tema en su paso por el Congreso, habían quedado dudas entre los legisladores.
Las diputadas que llevaron las inquietudes sobre la posibilidad de que las centrales nucleares pasen a ser gestionadas de forma privada fueron Silvia Lospenatto (JxC) y Agustina Propato (UxP).
La respuesta de Chirillo había sido que para asegurar que no se privatice, iban a asegurarle al Estado “tener la acción de oro”. Con ese cambio, había dicho que “el tema está resuelto”. Sin embargo, fuentes del sector nuclear contaron a Ámbito que dejarle al Estado la acción de oro solamente no iba a impedir la privatización de la empresa.
Una fuente experta en la materia que prefirió no ser mencionada contó: “La acción de oro es un mecanismo para que ciertas decisiones requieran el voto positivo del propietario de esa acción. Por ejemplo, para su cierre o cambio de actividad. Fue utilizado en la privatización de YPF. Es una práctica desaconsejada por OCDE”.
Este mes estuvo en el país Rafael Grossi, el argentino que es reconocido en todo el mundo nuclear porque preside el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Vino para participar del viaje con Milei a la Antártida.
En una entrevista que brindó, le preguntaron su opinión sobre la privatización de Nucleoeléctrica. Grossi contestó: «Una central nuclear no es una actividad económica cualquiera, requiere un entramado de normas y de medidas de seguridad muy altas para hacerse bien. Y la Argentina lo hace muy bien, porque como ves está operando centrales nucleares desde hace medio siglo sin problemas mayores».
Además, Grossi agregó: «Las centrales nucleares tienen un factor de seguridad y de actividad controlada que acaso son las más reguladas en el mundo. Y por lo tanto, requiere una interacción muy grande con el sector público. Hasta qué punto vos podés lograr un modelo que sea compatible con eso, no sé. Porque requiere mucha inversión en materia de seguridad. Entonces, no sé, un privado que vaya a comprar eso…».