Bullrich y una sólida defensa de las fuerzas de seguridad

El debate entre los aliados de La Libertad Avanza y el PRO para conformar el gabinete de ultraderecha que quedará al mando del gobierno nacional el 10 de diciembre puso frente a frente a la vicepresidenta Victoria Villaruel y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Villaruel, como el presidente electo Javier Milei, nunca ocultó su militancia a favor de los genocidas condenados por crímenes en la dictadura ni sus nexos con la ultraderecha europea; y supieron apuntar sobre el pasado guerrillero de Bullrich. Sin embargo, la presidenta del PRO actualizó los reclamos por «verdad y justicia» durante su gestión como ministra frente a casos de violencias institucional como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado o la defensa de los «derechos humanos» de las fuerzas de seguridad como en la instalación de su «doctrina Chocobar».

Rafael Nahuel

El crimen de Rafael Nahuel ocurrió el 25 de noviembre de 2017, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se conocía la información sobre la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo había aparecido tras estar 78 días desaparecido. La aparición del cuerpo de Maldona hechó por tierra todas las falsas hipótesis que Bullrich regó en defensa de la Gendarmería, como un supuesto escape a Chile o que había sido asesinado por un puestero montaña adentro. A pesar de eso, la entonces ministro insistió en las falsedades para defender a las fuerzas de seguridad.

Un día después del asesinato, el comunicado del Ministerio de Seguridad sostuvo que la Prefectura había sido emboscada «por un grupo que tenía armas blancas, boleadoras, lanzas y «armas de grueso calibre». El miércoles se conocerá el fallo del Tribunal Oral Federal de General Roca en el que se le sigue juicio a cinco suboficiales del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el crimen del joven mapuche.

Las declaraciones de los testigos durante el juicio oral evidenciaron que las teorías del supuesto enfrentamiento entre los Albatros de la Prefectura y la comunidad mapuche en territorio recuperado de Villa Mascardi eran falsas. «Quedó claro con las testimoniales de los peritos que hicieron la inspección ocular y recogieron las vainas, que eran todas de 9 milímetros de la Prefectura, se confirmó que no hubo ni un solo rastro de arma de fuego por parte de la comunidad mapuche, ni impronta en los árboles ni vainas que no fueran las de Prefectura», explicó Mariano Przybylski, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los cinco  suboficiales del Grupo Albatros están acusados por el asesinato por la espalda de Rafale. Las querrellas sostuvieron que existió un plan criminal y pidieron prisión perpetua. Las defensas solicitaron la absolución. Ya sin los resortes del Ministerio de Seguridad para costear los abogados, el PRO continúa igual cerca en la defensa de los integrantes de las fuerzas involucrados en casos de violencia institucional.  El abogado defensor de tres de los cinco prefectos acusados es Marcelo Rocchetti, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense cuando estaba a cargo de Cristian Ritondo.

En una de las jornadas de declaraciones testimoniales del juicio que se sigue en General Roca, la tía del joven mapuche, María Nahuel cuestionó la política de seguridad de Bullrich que trae a la memoria la persecusión ocurrida en los años setenta al relatar cómo ocurrió el operativo de aquel 25 de noviembre. «Fuimos golpeadas con nuestros niños, no somos guerrilleros, queremos vivir libres como ustedes crían a su familia, Rafael Nahuel y Elías Garay no son los primeros, arrastramos muchos muertos», sostuvo.

Santiago Maldonado

Bullrich forjó su alianza con las fuerzas de seguridad con el caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Fue en defensa de la Gendarmería, que actuó ilegalmente en la represión en la ruta 40 a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 1 de agosto de 2017, cuando habló de «cuidar a los que nos cuidan». Para justificar la represión, la entonces ministras agigantó la capacidad operativa de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y creó un enemigo interno.

En medio de la campaña rumbo a las PASO y a seis años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por participar del operativo represivo. «Hoy se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la gendarmería nacional», sentenció Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en las redes sociales tras conocer el fallo, y aseguró que Lleral «juega a la política partidaria de Juntos por el Cambio».

La decisión judicial benefició al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. Echazú fue el gendarme que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio y entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ascendió a subalférez por su participación en la represión, cuando era el único imputado de la causa.

Lleral decidió sobreseer a los gendarmes sin realizar una reconstrucción virtual del escenario ocurrido el 1 de agosto cuando la Genedarmería –bajo orden del ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti– desalojó la ruta 40 y persiguió campo adentro a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Santiago desapareció aquel día y su cuerpo apareció 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. Tras la autopsia, Lleral habló de que el cuerpo había estado 60 días sumergido en el agua, una diferencia de 18 días.

El juez federal también decidió dejar sin efecto un peritaje tecnológico sobre los videos del expediente para identificar las expresiones verbales, la cantidad de disparos efectuados o los momentos en que los gendarmes persiguieron a la comunidad con armas u otros elementos.

Al juez Lleral tampoco le hizo modificar su postura el testimonio de la profesional civil del escuadrón 36 de Gendarmería, en Esquel, que declaró con su nombre y apellido pero que tras haber conversado con PáginaI12 pidió reserva de identidad, la testigo D. Los días posteriores al operativo en Cushamen ella afirma haber escuchado a los gendarmes decir: «Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Benetton para sacarle información». Hija y sobrina de gendarmes, la mujer declaró ante la fiscalía federal de Federico Baquioni el 3 de mayo, tras lo cual recibió protección pero tuvo que mudarse de Chubut a otra provincia.

La familia de Santiago apeló en la decisión de Lleral en busca de «verdad y justicia». Sin embargo,  Bullrich continuó usando el caso para mostrar su perfil de mano dura y fortalecer su alianza con las fuerzas federales, fuera de los protocolos de intervención en el marco de una convivencia democrática. Durante el primer debate presidencial, realizado en Santiago del Estero a principios de octubre, Bullrich insitió: «Quiero mandarle un abrazo a los gendarmes absueltos. Así siempre tatan a las Fuerzas Armadas, no los dejan vivir en democracia. Yo les rindo homenaje y siempre defiendo a quienes cumplen con la ley. Maldonado, un juicio y todos absueltos. Digan la verdad».

Luis Chocobar

El otro eje de la posible ministra de Seguridad de Javier Milei es la institucionalización de su eslogan «cuidar a los que nos cuidan». Como lo hizo durante su gestión anterior con la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Bullrich propuso en campaña reformar el artículo 34 del Código Penal para establecer la «legítima defensa especial para los agentes de las fuerzas de seguridad» y reformar el Código Procesal Penal para «restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial».

Esas propuestas, que fueron elegidas por el 23,8% de los votantes en las elecciones de octubre pasado, podrán llegar a la gestión gracias a la alianza de ultraderecha entre el PRO y La Libertad Avanza. Bullrich podrá volver a poner en marcha su «doctrina Chocobar», surgida de la reivindicación de la acción del Policía Local Luis Chocobar, quien fuera de servicio intervino y mató por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, cuando escapaba tras robar junto a un menor de edad a un turista de forma violenta.

Bullrich oficializó la doctrina Chocobar con un reglamento publicado en diciembre de 2018 para el uso de armas letales por parte de fuerzas federales, que permitía disparar sin siquiera dar la «voz de alto». Según el Archivo de Casos de la Correpi, los cuatro años de gestión de Bullrich tuvieron un triste récord de casos de gatillo fácil: 508 casos en todo el país.

El caso de gatillo fácil ocurrió en diciembre de 2017, Chocobar fue condenado en mayo de 2021 a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el cargo. El día de la condena, la ex candidata a presidenta fue hasta los tribunales de Comodoro Py a mostrarse en cámaras con Chocobar.

En el segundo debate presidencial, realizado en la Universidad de Buenos Aires, Bullrich volvió a mostrarse junto a Chocobar, uno de sus invitados especiales. «Acá me acompaña hoy Chocobar. Chocobar defendió a un ciudadano, al que le metieron nueve puñaladas, y sin embargo los kirchneristas lo querían mandar a prisión para toda la vida. Sin embargo, él defendió a la ciudadanía», reivindicó la entonces candidata lo que el Poder Judicial condenó.

Tras aquel segundo debate, el análisis de los medios de comunicación fue que Bullrich había mejorada su rendimiento respecto del primero y la ubicaron entre las ganadoras. También se mencionó como ganadora Villaruel, cuando tuvo su debate de vicepresidentes con el jefe de gabinete Agustín Rossi en una noche en la que la vicepresidenta electal sostuvo:  «No fueron 30 mil desaparecidos». La anterior gestión en Seguridad de la presidenta del PRO ya mostró lo peligroso que es negar una óptica democrática en las políticas de seguridad.