El negocio de las prepagas

Las empresas de medicina prepaga firmaron el acuerdo con el gobierno para congelar cuotas hasta diciembre pero lo trasladaron sobre la línea más delgada, que son los médicos prestadores. A su vez, los profesionales manifestaron a través de distintas asociaciones que comenzarán a cobrar un bono que permita una cobertura mínima del servicio. “Es mentira que esto se produce a raíz del congelamiento, a nosotros no nos actualizan los valores cada vez que las prepagas aumentan la cuota, con suerte se hacen dos revisiones al año”, aclara Eliana que es médica pediatra y atiende por varias prepagas y obras sociales. “Esto genera un conflicto en la relación médico-paciente, porque es entendible el enojo del afiliado”.

La noticia del cobro de un bono circuló el jueves pasado cuando distintas asociaciones médicas difundieron un comunicado donde reconocen que el valor de la consulta nunca fue fijado por ellas, sino por las compañías prepagas. «Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”, dijeron los médicos.

Además de reconocer que la coyuntura actual “ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia” y a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses,” que los perjudica especialmente en una coyuntura de alta inflación.

De acuerdo a distintas consultas realizadas por este diario, el bono rondaría los 2.000 a 3.000 pesos para las consultas ambulatorias en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de llegar a una cobertura mínima de 6.000 pesos el valor de la consulta. Pero todavía se analiza la legalidad de esto porque no está contemplado en el contrato de servicios con las prepagas. En la práctica, esto sería la institucionalización de algo que ocurre en los hechos, como es el cobro de un copago, coseguros o adicionales pero bajo una figura legal no definida todavía: un “bono no reintegrable” pues queda en claro que las financiadoras de la salud no se los reembolsarán a sus afiliados.

El Hospital Universitario Austral, que opera en la localidad bonaerense de Pilar, circuló entre sus pacientes un comunicado informando que: “Los crecientes costos a los que una institución como la nuestra debe hacer frente no logran ser cubiertos por los ingresos que genera la actividad. Por tal motivo, nos vemos en la necesidad de solicitar un bono contribución al momento de la atención, que será temporal y se aplicará a todos los pacientes”, y detalla: un valor de 3.000 pesos por consultas ambulatorias, 4.000 pesos por emergencias y cifras que oscilan entre 10.000 y 20.000 pesos por internación. “Esto es claramente ilegal”, sostienen fuentes del sector, pero desde el Ministerio de Salud aún no hicieron declaraciones.

Cada círculo médico local y cada clínica privada negocia los valores y honorarios con las financiadoras “que son casi 200, por eso hay mucha variabilidad y se hace compleja la regulación a nivel nacional”, indican las fuentes. El negocio de las prepagas es puramente financiero, a diferencia de a los médicos, poco les preocupa el tratamiento que reciban los pacientes: “Yo completé el formulario de Accord salud para pasarnos a la prepaga, primero sin identificar las enfermedades graves que tenemos en la familia y luego identificándolas. Con el primer formulario nos trataron como si fueramos sultanes y con el segundo no nos volvieron a contactar nunca más”, cuenta Verónica en diálogo con Página 12.

“Es un problema de intereses y de corporaciones” sintetizó Cristina Fernández de Kirchner en su alocución del sábado al referirse a este tema. “Lo que hacen las prepagas no es comportarse como aseguradoras de la salud sino como financieras, se preocupan por girar dólares al exterior y a los médicos les pagan miserias”, sostuvo.

Los planes de las empresas

Swiss Medical Group es una de las diez financiadoras líderes del sistema de salud, la cuota para una persona cuando es mayor de 60 años llega a 190.000 pesos y la cobertura de los medicamentos es del 50 por ciento. Un ejemplo similar citó la vicepresidenta en público y lo comparó con Pami donde los jubilados tienen cobertura de hasta el 100 por ciento de los remedios con la gestión actual. “Con las prepagas se produce un salto enorme cuando pasás la barrera de los 60, si venías pagando una cuota de cerca de 40.000 pesos, pasás de un momento a otro a pagar 120.000”, reconoce un afiliado.

La actualización de las cuotas de las prepagas, que religiosamente informan mes a mes a sus afiliados, no se traduce en mejores pagos a los profesionales de la salud ni los sanatorios. “Solo una mínima parte de esos aumentos, que en julio y agosto rondaron el 7 por ciento promedio, lo reciben los médicos y sanatorios. Y además el pago generalmente se hace a los 90 días, y otros 30 días lleva entre que elaboras la factura y otros temas de administración, entonces estamos a cobrando a 120 días cuando las clínicas tienen proveedores que desde los sueldos hasta el que provee el oxígeno y los medicamentos son a 90 días, entonces el sistema está profundamente descalzado”, advierte el director de un sanatorio privado en diálogo con este diario.

En tanto para aplicar el congelamiento de las cuotas, los afiliados debían ingresar entre 1 y 20 de septiembre a la página de Afip e informar que no contaban con los ingresos suficientes para su cobertura, es decir menos de seis salarios mínimos como ingreso neto o menos de 2 millones de pesos como ingreso familiar. El beneficio no es automático.

Otra deficiencia en el sistema es la demora en los turnos que usualmente son de dos meses, “entonces muchas veces uno termina accediendo a una consulta con un médico particular como si no estuviese pagando una cuota altísima a la prepaga”, señala un afiliado de Swiss. “En un momento de urgencia hemos sido atendidos en el hospital público, pero no me queda tan claro cómo es el tema del recupero de servicios a pacientes con cobertura”, comenta otro afiliado.

Con relación al cobro de un bono contribución, una profesional de la salud relató una versión de su implementación: “lo llaman arancel diferencial para que pueda discriminarse en la factura toda vez que el paciente la demande, en ese caso luego la obra social o prepaga se lo descontará al círculo médico y este vuelve a descontárselo al profesional, con lo cual para nosotros es la misma nada”, comenta. Otra vez un círculo donde las financiadoras se cubren a costa de los prestadores.