El informe que sustenta la decisión del Gobierno de anular los contratos con las autopistas

El mandatario Alberto Fernández ordenó a Vialidad Nacional a presentar una demanda en la Justicia para anular los decretos que autorizaron el acuerdo.

El presidente Alberto Fernández anunció que buscará la anulación de los contratos firmados durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). «Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», señaló el mandatario.

La decisión se sustenta en un informe que detalla un impacto económico para los usuarios y usuarias de casi u$s2.000.000.000, además de generar un compromiso para el Estado.

Entre los puntos destacados del análisis realizado por el Gobierno se encuentra que para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos «la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste». De esta manera, el valor para un automóvil que hoy paga $80 en hora pico y manual en «Debenedetti» o «Márquez», en el Acceso Norte, pasaría a abonar $1.830, es decir, un aumento del 2.200%. En las estaciones “Campana” y “Pilar” esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).

Por otro lado, en el caso del Acceso Oeste se pasaría de una tarifa de $100 a una de $1.072, lo que implicaría 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).

En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.

Acuerdos

Por orden del presidente Alberto Fernández, la Dirección Nacional de Vialidad irá ante la Justicia para interponer una demanda que declare nulos los decretos 607 y 608 del año 2018. Mediante dicha herramienta se ratificaron los acuerdos de renegociación con ambos grupos, algo que para el gobierno fue «contrario y lesivo al interés del Estado y de las y los usuarios».

Los decretos firmados durante el Gobierno de Mauricio Macri tenían por objeto cancelar una deuda por parte del Estado de u$s 813.143.839,52, de lo cual u$s540.522.269,52 corresponden a AUSOL S.A. y u$s272.621.570 a GCO S.A.

El mecanismo de cancelación establecía cuotas que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. «Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387», señala el informe.

Por si fuera poco, el acuerdo firmado establecía que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias, el cual debía ser abonado a través de las tarifas, es decir que volcaban al usuario el pago del mismo, por lo cual era necesario un aumento de hasta 20 veces más de lo que hoy se paga.

Por otro lado, el informe denuncia que se dolarizó ilegalmente la tarifa, en contra del fallo CEPIS de la Corte Suprema, donde se expresa la imposibilidad de avanzar con dicho mecanismo.

A pesar de lo firmado, las cuotas no se completaron en los términos pactados, con lo cual «la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los u$s2.000.000.000».

Además de dichos ingresos, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa. Esto se debe a la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. Los acuerdos celebrados en 2018 establecían que ello no cuente para cancelar la deuda asumida por el Estado. De esta manera, se le aseguró a las empresas un ingreso adicional a las Concesionarias, aumentando aún más su renta.

Por último, el informe hace mención a las obras ejecutadas en los Accesos. Las mismas no se financian con las tarifa que se pagan a los usuarios y usuarias, sino con un fondo público. Debido a los acuerdos, estos fondos pasaron a manos de las Concesionarias, con lo cual la tarifa se destina casi totalidad al beneficio de las empresas y no a nuevos servicios al usuario.

Fuente
ambito financiero

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