Otra deuda de la democracia: hace 12 años que no se designa al Defensor del Pueblo de la Nación

Al ingresar a la web oficial de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como máxima autoridad del organismo se encuentra el Subsecretario General Juan José Böckel. Un funcionario interino que carece de todas las facultades del Defensor del Pueblo. Si un ciudadano hoy ingresa una denuncia en la Defensoría, ese organismo no puede exigir un juicio, ni pedirle información oficial al Estado, no puede realizar inspecciones, verificaciones, ni solicitar expedientes ni informes; y tampoco determinar la producción de otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la investigación. Es decir, carece de toda la fuerza que le da la Ley establecida en la Constitución Nacional.

“En 12 años el daño y el impacto que ocasionó la falta de un Defensor del Pueblo es altísimo. Pensemos en todas las violaciones de derechos que han sucedido en los últimos años, por ejemplo el desalojo del Parque Indoamericano ocurrido en 2010 donde fueron reprimidas familias enteras por la policía Metropolitana; la situación actual de las comunidades originarias QOM en Chaco, de los Wichis en Salta o de los Mapuches en la Patagonia; también el caso de Once; son innumerables las situaciones en las que habría podido mediar el Defensor”, afirma Marcelo Giullitti, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución independiente con autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

“El Defensor del pueblo de la Nación hubiera sido una figura preponderante de la política Argentina en los últimos 12 años. La Defensoría tuvo 15 años un defensor y el resto sin designación, hay un grave déficit democrático en ese sentido, y también a un grave déficit en las autoridades representativas que no asumen la responsabilidad de proponer personas idóneas para el cargo”, remata Giullitti.

Para designar al Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación, ambas Cámaras del Congreso Nacional deben seleccionar una candidata o candidato para ocupar el cargo con el voto de las ⅔ partes de sus miembros, y en todo este tiempo el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo para llevar adelante tal objetivo.

“Acá por un lado tenemos un problema de plazo excesivo de tiempo, donde el Congreso no designa, tampoco el Estado tiene otro espacio que ocupe el rol del Defensor que tiene competencia en muchísimas aristas y que posee muchas capacidades. El otro problema es que el Congreso está incumpliendo una resolución de la Corte Suprema que en 2010 ordenó a que designasen al Defensor del Pueblo”, razona Diego Morales, Director de Litigio y defensa legal del CELS. Desde su creación, la Defensoría del Pueblo de la Nación tuvo solo dos Defensores: De 1994 a 1999 estuvo en ese cargo Jorge Luis Maiorano, y desde esa fecha hasta 2009, Eduardo René Mondino. “Realmente no se entiende por qué el Congreso se niega a designar a un Defensor o Defensora. Uno supone que no entra dentro de las necesidades, pero esto genera un grave problema, porque la idea de esta figura no es de enfrentar al Estado, sino de colaborar con éste, que se ofrece como mediador. Para nosotros es sumamente importante que la figura de Defensor o Defensora del Pueblo sea designada, porque tenemos numerosas situaciones en las cuales es necesaria la intervención del Estado, en una clave de protección de derechos”, termina Morales.

Por esta razón, más de 40 organizaciones vinculadas con los Derechos Humanos, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el CELS, y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras; firmaron un documento para exigirle al Poder Legislativo que cumpla con esta deuda. “En época electoral, las candidatas y los candidatos deben comprometerse a saldar las deudas que el Poder Legislativo tiene con la sociedad. La protección de los derechos de las personas debe ser el centro de las acciones de gobierno. A 12 años sin Defensor/a del Pueblo, es hora de que los desacuerdos políticos pasen a un segundo plano. Es urgente la designación de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo”, señalan.

Por: Martín Suárez