La batalla por el poder en la Corte Suprema

Cada vez que llegan las vacaciones de invierno, lo más habitual en la Corte Suprema es que todos huyan y quede un juez o jueza por semana a cargo. Pero este año será distinto: un trío de supremos estará en sus despachos. En otro tiempo se lo llamó “la mayoría peronista”, una definición que usaba el macrismo para nombrarlos en forma peyorativa y que, sin embargo, ellos reproducían con cierto orgullo. Se trata de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes ahora se escabullen de aquella definición, con el mismo movimiento pendular que suele caracterizar, ante los cambios de escenario, a los tribunales que tienen incidencia en la vida política. Esta triple presencia en la feria judicial tiene posibles explicaciones, que los jueces nunca reconocerán. Una de ellas es la desconfianza que reina entre ellos, que prefieren evitar dejarle el “rancho” a otro, pero por sobre todo es la antesala de la batalla interna que se aproxima, que es la elección del próximo presidente/a del más alto tribunal. A eso hay que agregar que varios fallos pendientes que se acercan a juntar una mayoría de votos.

Los cambios de escenografía en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde están los despachos cortesanos, a veces dicen mucho. Por estos días desapareció el escritorio ubicado en el patio de honor donde se apostaba un policía que controlaba quién se dirigía al despacho de Lorenzetti. Sus colegas lo leyeron como una señal de que no quiere que se sepa quien lo visita. Lo cierto es que ni el supremo, ni sus colaboradores niegan que “habla con todo el mundo”. Al contrario, en tiempos de puentes cortados, en especial con el gobierno nacional, para este juez aparecer como dialoguista es incluso provechoso. Después del fallo que le dio la razón al reclamo de Horacio Rodríguez Larreta, que acusaba a la administración de Alberto Fernández de violar la autonomía porteña con la suspensión de las clases presenciales, esta semana llegó otro, bienvenido en la Casa Rosada, que bloqueó la expansión de Farmacity –ligada a Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri–  en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia contra Farmacity tuvo el trabajo artesanal Lorenzetti, en base a dos excusaciones en la causa: la de Carlos Rosenkrantz, cuyo estudio representa a la cadena de farmacias y la de Horacio Rosatti, quien había trabajado junto a Andrea Gualde, directora jurídica de la empresa. Los suplantaron el camarista federal Martín Irurzun  y la camarista correntina Mirta Gladis Sotelo de Andreu. Lorenzetti logró que su viejo aliado Irurzun –el de la doctrina de las prisiones preventivas– votara en el mismo sentido que él y que la jueza Elena Highton de Nolasco, en aval a la legislación bonaerense que excluye a las sociedades anónimas del universo farmacéutico  por razones de salud pública. Un resultado difícil de imaginar en pleno macrismo. La conjueza Sotelo votó a favor de Farmacity. El gran enigma es por qué Juan Carlos Maqueda, que había ensayado algunas soluciones, finalmente no votó. El otro dato es que hace rato que el expresidente supremo Lorenzetti no lograba este protagonismo, que le devuelve gestos de gratitud desde rincones del oficialismo.

El último recambio de autoridades en la Corte fue producto de un golpe interno, el 11 de septiembre de 2018, donde Lorenzetti fue el gran derrotado después de 11 años de presidencia. Ese día, cuando estaba dando por terminado el plenario, Rosenkrantz –nombrado por Macri– lo frenó: quería adelantar la elección interna, y él mismo se postulaba nuevo presidente. La sorpresa fue que ya estaba todo pactado con Rosatti, el diseñador silencioso de la estrategia, y con Highton, que conservaría la vicepresidencia. Maqueda defendió al presidente saliente. Desde afuera se colaba la injerencia del gobierno de Macri y en especial de su operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Pero nadie le regaló poder Rosenkrantz, al contrario. Poco después, el trío que convivirá en esta temporada de invierno 2021 (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti) recortó las facultades de la presidencia de la Corte, al impedirle tomar por sí solo decisiones administrativas, de manejo presupuestario y de designación de personal. Para todo hacen falta tres.

Desde ahí quedó latente la idea de que Rosatti podría llegar a presidente supremo. Pero el constitucionalista santafesino se caracteriza por la discreción, el bajo perfil y las muestras de dedicación a los fallos. Por ahora no explicitó si dará la pelea. Es una posibilidad. En la cocina de sentencias funciona en dupla con el otro constitucionalista y ex convencional constituyente del tribunal, Maqueda. Ambos son hábiles políticos, además de jueces. Lorenzetti todos los años desde aquel 2018 tantea para ver si hay margen para una renovación anticipada. Moderó su perfil por un tiempo, pero mantuvo aceitados sus vínculos con variados sectores. Una de las personas que alienta su reposicionamiento es Gustavo Ferrari, el exministro de Justicia de la exgobernadora  y potencial candidata porteña María Eugenia Vidal. No está claro si lo hace por sí. Pero otro nombre une al supremo con ella y con Rodríguez Larreta: el empresario y consultor Guillermo Seita, como describe el periodista Diego Genoud en el portal Letra P. 

Nadie descarta, a la vez, que Rosenkrantz quiera la reelección y que sus pares no se la concedan. Al día de hoy, puertas adentro, funciona una suerte de ecología interna controlada. Por supuesto que si él ve una hendija, la aprovecha, como ocurrió cuando discutían los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y Rosenkrantz impuso un per saltum. Desde ya, no es alguien del agrado del Gobierno, pero en algunos despachos supremos retrucan con esta frase: “los de afuera pueden incidir en algo, pero acá adentro no votan”. En cuanto a Maqueda y Highton de Nolasco, ellos nunca mostraron ni en público ni en privado deseos de comandar la Corte.

Entre el puñado funcionarios nacionales –varios ligados a La Cámpora– que recorren tribunales una idea “lorenzettiana” que genera simpatía es la de una presidencia rotativa en la Corte, que en lugar de durar tres años dure uno. ¿Por qué tanta desesperación de algunos por ese puesto? En la misma Corte ofrecen teorías: que es una pelea simbólica, “por la hoja membretada” de “presidente”; que a la mayoría de lxs cortesanxs, por ambición, les atrae estar en la línea de sucesión presidencial; que es en sí una fuente enorme de poder más allá del sistema interno colegiado.

La presidencia de Rosenkrantz termina el 1 de octubre, cuando se cumplan tres años desde su asunción. La votación podría ser en la segunda quincena de septiembre, pero nada impide un cambio de calendario. La pulseada, al menos en forma subterránea, ya empezó. Mientras tanto, la resolución de casos, adquiere una dinámica curiosa, donde es raro que lxs supremxs se muestren los votos de antemano y donde la desconfianza a llegado a niveles tan altos que en algunas vocalías hay una persona dedicada exclusivamente a verificar que en el fárrago de expedientes no firmen cualquier cosa.

En el Gobierno no encuentran una fórmula para interpretar y prever a la Corte, que tampoco tiene un posicionamiento claro excepto en dos terrenos donde desde los tiempos de Cambiemos tiene fallos regresivos: en causas de lesa humanidad y en expedientes donde están en juego derechos laborales. Desde el punto de vista político, los amagues con reformas en la Corte, incluso de su número de integrantes, no favorecieron una relación amigable. El ministro de Justicia Martín Soria, anunció al asumir que propondría un encuentro lxs supremxs, pero no lo hizo. La aparición de 59 llamadas de Ronsenkrantz con Rodríguez Simón en el expediente donde éste pidió refugio en Uruguay, sería una de las razones que abortaron la convocatoria. El naufragio, al menos de momento, de una reforma judicial y de la designación de un/a Procurador/a, tampoco fortalecen en este terreno al Gobierno.

La Corte no tiene una agenda pública, pero avanza en ciertos expedientes y elige, con ojo político, cuando fallar si hay mayoría. Así, dilató definir la pelea por el recorte de fondos vinculados al traspaso policial, que el gobierno porteño denuncia como quita de fondos coparticipables. Algunas voces supremas señalan que no hay ningún apuro con los recursos pendientes de Cristina Fernández de Kirchner ligados al juicio de la obra pública ni con la discusión sobre la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para meterse en el caso del Correo Argentino. Pero dejan un margen de misterio ante la mención de temas ya circularon mucho entre despachos como el expediente que debe definir desde 2015 la situación judicial del dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, por los secuestros durante “los apagones” de 1976, un caso  emblemático de responsabilidad civil/empresarial en el terrorismo de Estado. Lo mismo pasa con una causa que entraría en la lógica de sentencias “federalistas”, que es la demanda de la petrolera Esso/Axion Energy contra la Municipalidad de Quilmes, que discute el cobro de las tasas de seguridad e higiene, y que tiene en vilo a todos/as los/las intendentes. Otros dos temas avanzados: la causa que debe definir si las obras sociales y prepagas tienen que cubrir los tratamientos con cannabis medicinal y otra donde se debate la inscripción de comaternidad y/o copaternidad de lxs hijxs gestados por subrogación de vientre, algo que no está regulado.

Fuente. Irina Hauser para Pagina12

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