El adversario interno y el rumbo que no aparece
Ante cualquier impedimento en avanzar en reformas de fondo, como por ejemplo en la escandalosa materia judicial –donde jueces y fiscales que fueron partícipes activos de la persecución política siguen en sus poltronas como si nada hubiese sucedido– los hacedores de política se escudan casi siempre en el mismo argumento: “no nos dan las relaciones de fuerza”.
La excusa no es mentira. El sistema institucional de contrapesos funciona acorde a cómo fue diseñado. La República tiene tres poderes, dos electivos y uno oligárquico, con cargos vitalicios y cuasi hereditarios. No obstante, el control de este poder oligárquico depende de los poderes electivos y uno de ello, el legislativo, es quien tiene la facultad de enjuiciar políticamente a los magistrados por mal desempeño y, eventualmente, destituirlos. Claro que para hacerlo necesita mayorías agravadas, es decir la construcción de consensos entre oficialismo y oposición. La República fue prolijamente diseñada para garantizar la estabilidad temporal de la casta judicial, que a su vez funciona como una verdadera garantía para el poder permanente, el económico.
Por eso la principal limitación del actual oficialismo, a diferencia del precedente, es que su poder no está respaldado en aquello que Antonio Gramsci llamaba un bloque histórico. Cuando el macrismo necesitó mayorías especiales siempre las consiguió inmediatamente entre otras razones porque contó con el apoyo de muchos de los integrantes del actual oficialismo. Parecen tiempos remotos, pero fue ayer nomás. En 2016 la Alianza PRO – UCR contaba con el respaldo de la inmensa mayoría del poder económico, expresado por todas las entidades gremiales empresarias, las cuatro organizaciones de la Mesa de Enlace, la UIA, AEA, la embajada estadounidense, buena parte del poder sindical, todos los medios de comunicación concentrados, el poder judicial y, la frutilla del postre, con una parte importante del peronismo. Hoy ya no es novedad que el gran operador de las leyes macristas en el senado fue Miguel Ángel Pichetto, precisamente el jefe de la bancada que se suponía opositora y último candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Gracias a este apoyo del peronismo Mauricio Macri pudo construir una Corte Suprema adicta y un poder judicial a su medida. La mala resolución de la interna peronista de 2015 le costó al país, por ahora, 4 años de neoliberalismo y más de 150 mil millones de dólares de deuda nueva, es decir la reconstrucción de los lazos de dependencia que tanto le había costado aflojar al kirchnerismo.
A pesar de este inmenso apoyo simbólico, fáctico y económico, que se coronó en 2015 con la victoria electoral, el bloque histórico del macrismo no tuvo nada para ofrecerle a la sociedad más que un fracaso económico estrepitoso cuyos escombros hoy se mantienen bajo la alfombra de la pandemia. En el escenario de 2019 el Frente de Todos no representó la emergencia de un nuevo bloque histórico con un nuevo y definido proyecto de país, sino que fue apenas el hijo de una jugada política brillante que permitió capitalizar la reacción al fracaso macrista. Probablemente aquí resida su limitación y su anomalía: el bloque histórico que apoyó a la Alianza PRO – UCR se encuentra intacto, con la deserción apenas parcial del poder sindical. Además sigue en la vereda de enfrente del actual oficialismo y, junto a la dirigencia política de Juntos por el Cambio, parece decidido a sostener una guerra sin cuartel contra cualquier voluntad intervencionista del gobierno.
Dicho de otra manera, el Frente de Todos representa un gobierno sin bloque histórico y sin voluntad de construirlo, lo que podría condenarlo a no durar. Este es el gran riesgo del presente, porque la clase dominante argentina parece no tener otro proyecto de país que no sea el “anarcocapitalismo periférico”. Su propuesta de política sigue siendo el sincericidio de Mauricio Macri: “hacer más de lo mismo, pero más rápido”. Dicho mal y pronto, mandar dos millones de personas más a la calle y aguantar la represión. Un país inviable que, como lo mostró 2019, no funciona ni con todo el apoyo económico y simbólico del “mundo”. Siempre se puede aumentar la tasa de explotación, pero nunca indefinidamente sin que las sociedades estallen.
Claramente el Frente de Todos representa otro modelo de país, pero al no ser la expresión de un bloque histórico e incluir en sus filas una elevada heterogeneidad parece no terminar de encontrar un rumbo propio. No alcanza con que existan funcionarios brillantes en algunos ministerios si al mismo tiempo entre la decisión y la acción se entrometen la molicie y la impericia. El ejemplo más desopilante fue lo sucedido con el alivio en Ganancias para los sectores medios y medio altos, mientras al mismo tiempo la AFIP, a pocos meses de las elecciones y en plena pandemia, le inventaba una deuda impositiva significativa a los monotributistas. ¿Quiénes creerán los funcionarios que son los monotributistas? Son clase media y media baja, precisamente el lugar donde se encuentra la mayor parte de la base electoral de la coalición. Esto es lo que sucede cuando se tiene funcionarios de clase alta más conectados con el encanto de la boiserie de los despachos que con la realidad de los trabajadores. Sorprende que quienes debían ser los expertos que le adviertan al Presidente los efectos sociales de las decisiones impositivas, incluso cuando esas decisiones no nacieron en sus áreas, sean los mismos que firmaron sin leer resoluciones que provocan un daño político inmenso. Con la furia desatada, fue el propio Presidente quien debió dar la cara para retroceder la medida. Recuérdese de paso que se trata de la misma agencia del Estado a cargo de la Aduana, la que en los últimos meses se caracterizó por la demora en actualizar los precios de referencia de las principales exportaciones, justo en plena disparada de los precios internacionales. Y todo ello sin que nadie renuncie.
Pero la molicie de AFIP es apenas un ejemplo más de la falta de coherencia. Uno de los debates al interior del gobierno es por la expansión del gasto para que el ajuste fiscal no aborte la tenue recuperación, en particular a partir de la inesperada profundización de la segunda ola de la pandemia. La ley de Presupuesto habilita un déficit de 4,5 puntos del PIB, el gasto de los primeros 5 meses del año, en cambio, apunta a un déficit de 2 puntos. Entre los economistas del oficialismo el debate por gastar más o menos se relaciona con los dólares disponibles. Cuando aumenta el gasto aumenta la actividad económica y con ella las importaciones. Una parte del gobierno cree que para crecer ser necesitan más dólares para importar más, otra parte cree en cambio que el aumento del gasto se va directamente a dólares. Pero aunque una está mal, en cualquiera de las dos visiones el resultado es el mismo, para gastar más hacen falta más divisas, sea para importar, sostener la cotización frente a una corrida o para las dos cosas.
¿Cuál debería ser la mejor respuesta de un gobierno popular en semejante coyuntura? Concentrarse en todas las acciones posibles para conseguir más dólares y hacer muy bien las cuentas para ajustar la expansión del gasto al máximo que permitan los dólares disponibles. Lo notable aquí es que mientras este debate sigue su curso, los medios de comunicación públicos, desde Télam a la TV Pública, es decir los medios de un estado que necesita desesperadamente aumentar su provisión de dólares para crecer y conjurar la desocupación y la pobreza, demonizan las actividades económicas que los provén, como la agricultura moderna o las exportaciones de carne de cerdo, o que podrían proveerlos en cantidad, como la minería. Resulta también triste que los medios públicos se hayan sumado a la campaña contra el trigo resistente a la sequía desarrollado por el sistema científico local: el Conicet, la Universidad del Litoral y la biotecnológica modelo Bioceres. Algún área del Estado debería organizar con urgencia cursos de capacitación básica en restricción externa para funcionarios de todas las reparticiones, servirían al menos para no dispararse en los pies.
Hasta aquí sabemos que el gobierno del Frente de Todos debió lidiar con dos pandemias, la herencia del endeudamiento macrista y el Covid-19. Las esperanzas para las elecciones intermedias estaban puestas en avanzar con la vacunación masiva y el rebote económico tras el derrumbe de 2020. La vacunación avanza a buen ritmo y pronto comenzará a acelerarse. Eso es un activo. La recuperación demanda que se acelere la expansión del gasto por abajo, lo que es posible que se dé a conocer pronto. Todo ello demandará afinar la coherencia interna sobre el modelo de desarrollo. Si esto sucede será otro activo.
Finalmente el principal activo sigue siendo la existencia de una oposición intratable y dañina, cuyo único rumbo fue negar todas las acciones del gobierno hasta el límite de la irresponsabilidad sanitaria, algo que la sociedad recordará. En esa oposición se encuentra además el bloque histórico que provocó el macrismo y que sólo tiene para ofrecer a la sociedad sangre, sudor y lágrimas, otro activo para el oficialismo. Sin embargo no debe perderse de vista que antes de emitir su voto el votante medio no hace análisis sistémicos. Muchas veces solo pesan el gusto y el disgusto cotidianos. Y lo que se necesita para las elecciones de medio término no es solo no perder, sino ganar por un margen amplio que permita mejorar la relación de fuerzas necesaria para impulsar las transformaciones truncas de la primera etapa. Por ahora el peor adversario en el camino es el más inesperado, el que está puertas adentro disparándose en los pies.
Fuente: CLAUDIO SCALETTA para eldestape.com