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¿Cotización para amigos?: los precios de las unidades transferidas por la SAPEM no cierran

La proforma de la firma Colcar encargada de la cotización de los colectivos de las líneas 502 y 504 transferidas por Bahía Transporte SAPEM arrojan “valores casi 3 veces superior a la presentada por la presidencia de la firma”, revela el concejal de el Frente de Todos Walter Larrea. Dicho en otros términos, las unidades fueron subvaluadas a la hora de cerrar el trato. El Ejecutivo no remite informes al legislativo y los ciudadanos poco saben acerca del precio de un micro. Lo que sí es claro que el manejo de esos fondos “son de todos”.

¿Cotización para amigos?: los precios de las unidades transferidas por la SAPEM no cierran

Por Gabriela Noguera para sintinta.com.ar

En un hilo de tweets el concejal Walter Larrea anunció públicamente: “En mi carácter de director de Bahía Transporte SAPEM he presentado nota a la empresa solicitando información con respecto a la transferencia de colectivos de las líneas 502 y 504″.

Y explica en por qué: “Me anima la preocupación personal sobre el valor de venta, dado que he conseguido proforma de la firma Colcar por valores casi 3 veces superior a la presentada por la presidencia de la firma”.

En ese sentido aclara que informó a “la Presidencia de Sapem que solicitaré un dictamen vinculante al HTC sobre el tema, con el objetivo de proteger los bienes de los bahienses #TransparenciaPública” y de la misma forma adelantó que el Bloque de el Frente de Todos, presentó “un pedido de informes que hasta ahora se encuentra sin respuesta alguna”

¿De qué se trata el cuestionamiento del edil?. Dicho en términos coloquiales, Colcar SA. es la empresa encargada de la cotización de la unidades de las líneas 502 y 504 transferidas por Bahía Transporte SAPEM.

La misma firma cotizante valoró una unidad modelo 2012 en $ 1.400.0000 y se vendió en $590.000.

De este forma, el valor de venta del paquete de 17 colectivos fue de 13.200.000.

Para los que no somos muy diestros en números, y sin calculadora en mano, de la proforma original arroja que cada micro fue vendido a menos de la mitad del precio de cotización original.

Números sin duda muy acomodados para los ocasionales compradores o quizás de remate, ante la argumentación del mismo intendente Héctor Gay que rezó en varias ocasiones que el transporte bahiense daba perdidas.

En una entrevista con sintinta.com.ar, Larrea despejó puntuales interrogantes.

Sintinta: ¿El HCDconoce formalmente el valor económico por el que fueron transferidas ambas líneas?

Walter Larrea: El Concejo Deliberante no conoce oficialmente el monto por el que fueron transferidas ambas líneas porque esa es una negociación que hace Bahía Transporte SAPEM, como sociedad de capital estatal mayoritario. Por eso desde el Bloque de el Frente de Todos hicimos el 11 de marzo un pedido de informes a las secretarías de Economía y de Movilidad y Espacios Públicos para que den información oficial del monto de la transferencia de las 17 unidades y citamos a los funcionarios para que den explicaciones. No lo han contestado aún. Lo que se conoce es a través de información a la prensa brindada por fuentes oficiales de que las 17 unidades que van de modelos de 2012 a 2019 se han vendido en un monto total de 13 millones 200 mil pesos, de los que el nuevo concesionario ha pagado un 30%  y el saldo del precio en 24 cuotas, por lo que se deberá sumar 2 millones 800 mil pesos en concepto de intereses por esa financiación.

ST: ¿El municipio tiene la obligación de declarar esa transferencia? Cómo y por qué?

W:L: No. Por la Ley Organica y por el procedimiento administrativo el municipio puede disponer el retiro de un permiso precario y disponer ese mismo permiso a otro concesionario o a otro efector del sistema de transporte público. No es el municipio el que vende. Es una empresa cuyo accionista exclusivo y mayoritario del 98% del paquete accionario es la Municipalidad. Quien tiene que dar a conocer esos importes es la empresa BAHIA TRANSPORTE SAPEM dado que sus fondos y capital es público por ser de dominio del Estado Municipal.

ST: ¿De que se trata su solicitud de un dictamen vinculante?, ¿Qué es y para que sirve?

W.L:  A raíz de todas estas presuntas desprolijidades o irregularidades presenté una nota al directorio de Bahía Transporte Sapem, en mi condición de director de la empresa, pidiendo explicaciones porque está en juego la responsabilidad  patrimonial de los propios directores de acuerdo al artículo 274 de la Ley de Sociedades Comerciales y el artículo 59 de la misma norma. Y a la vez he puesto en conocimiento, solicitando un dictamen al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que es el organismo encargado de auditar las cuentas públicas de todos los estados municipales como de las empresas en las que el Estado Muncipal es accionista mayoritario.

ST: ¿El HCD sabe que destino pretende darle el Ejecutivo a los fondos de esa venta?

W.L: El destino de los fondos provenientes de la venta de las 17 unidades no lo conoce el Concejo Deliberante, tampoco formalmente lo va a manejar la Municipalidad de Bahía Blanca sino que ese monto va a morigerar las cuentas de la propia Bahía Transporte Sapem. Es decir, es un activo de la sociedad anónima, conformado por patrimonio del erario público pero es un capital que administra y dirige la empresa,

ST:  Ante un hecho consumado en términos legales, ¿es irreversible?

W.L: La verdad es que hay un principio en materia de las facultades que tiene la administración pública en general, que habla de la discrecionalidad con que se tienen que manejar los asuntos públicos y los actos administrativos de gobierno. Discrecionalidad no quiere decir que puedan hacer lo que se les antoje. Por ejemplo discrecionalidad no puede significar  que vendo bienes del Estado a precio vil, de chatarra o de desguace. La discrecionalidad está sujeta a procedimientos administrativos. La Muncipalidad de Bahía Blanca o cualquiera de la Provincia de Buenos Aires para vender un bien cualquiera que este ingresado dentro de su patrimonio tiene que pedir tasaciones, analizar quienes ofrecen mejores condiciones para comprar ese bien. Por lo tanto, la administración pública tiene facultades discrecionales pero que están regladas.

Esto es un hecho consumado y en verdad que, en términos legales, nosotros no estamos planteando recurrir a la Justicia, sino dando cuenta y pidiendo dictámenes a los organismos pertinentes de la Provincia que tienen la facultad, el deber y la obligación de auditar las cuentas públicas.

Por otra parte existe la ciudadanía que tiene el derecho inexcusable conocer cual es el precio de venta de unidades que se han conformado con el esfuerzo de las y los bahienses, y además cómo se manejan los asuntos y fondos públicos de bienes producto del esfuerzo colectivo que deben ser administrados de la manera más transparente y eficaz posible.

Eficacia no puede ser solamente un valor que manejen los actores económicos privados, el Estado debe ser eficiente y no puede ser el socio perjudicado en operaciones de compra venta de muebles cuando esos bienes, insisto, son producto del esfuerzo colectivo.

 

 

 

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