Cómo preparan las corporaciones el ataque judicial a las nuevas leyes
Según consignó Tiempo Argentino, Casagne y asociados es el estudio contratado para atacar en la Justicia a las nuevas leyes sancionadas por el Congreso para defender a los consumidores. Máximo Fonrouge, uno de los socios, participó en las sesiones del Senado en favor de los grupos concentrados, que se agrupan en el Foro de Convergencia Empresarial. Cassagne encabezará en las sombras una guerra judicial sin cuarteles.
«¿Por qué no intentan ser democráticos y escuchan a los demás si quieren ser democráticos?», preguntó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere a los diputados del oficialismo en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación mientras se trataba el proyecto de modificación de las leyes del consumidor. Entre tanto, el llamado Grupo de los 6 y el Foro de Convergencia Empresarial ideaban, junto con sus estudios de abogados, la estrategia para evitar la aplicación de una norma que iba a ser votada por la mayoría de ambas cámaras, en representación de los ciudadanos argentinos.
El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA) y economista del Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren, admitió que se pusieron a trabajar «en forma inmediata en la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma, porque claramente atenta contra la división de poderes.»
De Mendiguren reconoció públicamenbe que «vamos a trabajar con el Estudio Cassagne y Asociados para preparar la eventual presentación judicial.»
El estudio jurídico que mencionó De Mendiguren es especialista en frenar las decisiones democráticas del Congreso y el Poder Ejecutivo, así como en participar de ambos lados del mostrador a la hora de los negociados, las concesiones y también en las privatizaciones de la década de los 90.
Dentro del Estudio Cassagne trabaja Máximo Fonrouge, quien es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez forma parte del Foro de Convergencia Económica, un drean team del establishment económico cuyo único objetivo es formar un frente común contra el modelo socioeconómico. Fonrouge, un hombre vinculado a la extrema derecha, procuró explicar en el Senado cuáles son los puntos de la ley que objetarán ante la justicia por inconstitucionalidad. Fonrouge no es neutral en el juicio, y así lo admitió en sus declaraciones reconociendo que «soy presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio integra el Foro de Foro de Convergencia Empresarial, y desde ese punto de partida es que estoy aquí.»
Uno de los puntos más discutidos es el del artículo 4 de la Ley de Abastecimiento, que dice, según el propio Fonrouge, que genera una potestad excesiva para el Estado, dado que puede actuar si declara emergencia de abastecimiento, con la excepción del artículo 2º inciso c) que «da la posibilidad al Poder Ejecutivo de dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.» Según Fonrouge, las opiniones contrarias «no pasan de ser un dictamen de la Procuración.» A su juicio, viola el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Luego Fonrouge cuestionó la discrecionalidad de la norma porque el funcionario tiene «que resolver qué es elevar artificialmente o injustificadamente los precios,» de acuerdo al artículo 4 inciso a), lo cual «es de juicio totalmente subjetivo.» El abogado del establishment también cuestionó «quién va a interpretar qué es la creación artificialmente de etapas en la comercialización.» Fonrouge se quejó también del principio de «primero pague, después reclame» de la Ley dado que «tradicionalmente en la Argentina siempre se entendió que se aplicaba en un efecto suspensivo. Así que no había que abonar la multa para recurrir a la Justicia». Por último, criticó el límite de la multa, que se extiende hasta «el triple de la ganancia obtenida en infracción».
Luego habló el doctor Guillermo Lipera, de la agrupación «Será Justicia» del Colegio que preside Fonrouge. Para él, la Ley tiene defectos, por lo que «simplemente están suspendidas las facultades enumeradas en los artículos 2, 3, 26 y 27 de la vieja Ley de Abastecimiento.» También se quejó Lipera de que el Secretario de Comercio «puede ordenarle, de que puede disponer la continuidad de la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicio y fabricación a una empresa. ¿Quiere decir esto que, aun a pérdida, tienen que trabajar también?»
Sin embargo, esta explicación no es correcta, según el Poder Judicial. En un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 1988, firmado por Carlos Fayt, César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué sobre Cerámica San Lorenzo, los jueces resolvieron que la Ley es constitucional, aceptando el dictamen de la Procuración General. En el texto del fallo, se argumenta que «el artículo 4 describe adecuadamente las conductas que harán aplicables las sanciones previstas» y que «no causa gravamen constitucional la autorización que confiere el artículo 2º a fin de que el Ejecutivo determine las circunstancias específicas.»
La Corte Suprema concluye que «comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General. Por ello, se confirma la sentencia.» Fonrouge, en consecuencia, se defiende con un argumento procedural, dado que «no está en Infoleg» y que «el Digesto Jurídico recién va a entrar en vigencia después que transcurra el período de los 180 días para formular observaciones.»
El historial del Estudio Cassagne en defensa de las corporaciones se remonta a principios de los años sesenta. En ese momento, Juan Carlos Cassagne comenzó una importante carrera en el sector público habiendo sido abogado del Estado, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Industria y Minería y finalmente subsecretario de Minería. Los últimos cargos le fueron asignados en el período 1973 a 1976 (incluyendo la dictadura militar) y en esos puestos se encargó de definir la concesión de los subsidios que obtenían las empresas.
Uno de los episodios más interesantes bajo su gestión fue el de Papel de Tucumán, de la familia Bulgheroni. El 23 de septiembre de 1976, ya en el gobierno de facto, Cassagne otorgó subsidios a la empresa mediante el decreto 2410, para al día siguiente renunciar y trabajar para esta firma litigando contra el Estado. En 1977, integró el bufette Sáenz Valiente, Padilla y Cassagne, cuyo socio, Tobías Padilla, era subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía en la gestión de Alfredo Martínez de Hoz. Desde allí colaboraron en la adjudicación de Papel Prensa a Clarín y La Nación. La relación con ambas empresas no se agota. Dicho estudio siguió trabajando en los asuntos legales de Clarín, mientras que Cassagne se retiró en 1983 para probar suerte. De todas maneras, como se verá a continuación, el vínculo entre Juan Carlos y las corporaciones no se detuvo allí.
En los años 80, Cassagne continuó enjuiciando al Estado a favor de las empresas hasta que a principios de los 90, el ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, lo llamó para que fuera director de Asuntos Jurídicos del ministerio. Ellos dos, junto con el secretario de Obras Públicas, Rodolfo Carlos Barra, diseñaron todo el sistema de privatizaciones de los servicios públicos, que concluyó con la entrega de YPF, Obras Sanitarias y otros servicios públicos.
El propio Cassagne afirmó en la privatización del servicio de aguas y cloacas, cuya empresa luego se llamó Aguas Argentinas, que «entregará dólares a un tipo de cambio de $1 para asegurar en los plazos previstos el servicio de las deudas de corto plazo». Luego Cassagne padre fue síndico de Edenor, presidente del directorio de Metrogas, entre 1992 y 1998, y en 1999 fue designado para el mismo cargo en Aguas Argentinas. En su gestión en la empresa se realizaron las primeras demandas frente al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI). Su renuncia en 2003 fue uno de los primeros logros de la gestión del presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio de Vido.
El hijo de Juan Carlos, Ezequiel Cassagne, no tiene un historial muy distinto. A partir de 2005 se incorporó al estudio de su padre, luego de un breve paso por Aguas Argentinas y otros estudios. Cassagne y asociados consiguió en octubre de 2003 una cautelar para el diario La Nación, lo que impide hasta hoy que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pueda cobrarle al diario de los Mitre una deuda de $280 millones. El propio periódico La Nación calificó en diciembre 2011 a Ezequiel como “un patrocinante”.
De esta manera, la cautelar cumplirá el próximo mes 11 años, las más antigua del país. El hijo de Juan Carlos también se ha preocupado por proteger a la Sociedad Rural con un amparo a la recuperación del predio ferial de Palermo, y que defendió al ex dueño de LAPA, Andy Deutsch y a Macair Jet, empresa del Grupo Macri impidiendo la modificación de los hangares. Esto explica porque Etchevere, quien ya preanunció la maniobra jurídica del establishmnent, adelantó que «va a haber una lluvia de amparos» contra el paquete de medidas que busca romper con la concentración económica y protegen a los consumidores y usuarios.
Celebraron la «cámara del terror»
Como presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge fue el organizador de un homenaje al juez Jorge Quiroga, quien fue miembro de la Cámara Federal en lo Penal desde 1971 hasta un día después de la asunción de Héctor Cámpora como presidente, cuando el tribunal fue disuelto. Dicho juzgado fue conocido como cámara del terror o camarón, y Quiroga es cuestionado por haber colaborado en la masacre de Trelew y haber sobreseído a los marines.
En dicho acto, Fonrouge explicó que «la memoria de ciudadanos como el juez Quiroga debe obrar como un recordatorio de que no hay justicia sin ecuanimidad», recordando el asesinato de Quiroga en 1974 por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Uno de los abogados que asistió fue Edgardo Frola, quien se refirió a Estela de Carlotto: «Ella y sus seguidores están sintiendo miedo y eso para mí es un hecho de optimismo.» Todos ellos son socios del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) fundado en octubre de 1976 por el cómplice en la causa del Circuito Camps, Jaime Lamont Smart.
Buenos muchachos
Prontuario: Cassagne participó en «la patria contratista» como Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Industria, y renunció para trabajar en las empresas que había beneficiado.
Papel Prensa: En 1977, Cassagne trabajó en un estudio jurídico con Miguel Tobías Padilla, quien además era Subsecretario de Coordinación, interviniendo en la adjudicación de Papel Prensa a La Nación y Clarín.
Década del ’90: En los años noventa, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, de la mano del ministro, Roberto Dromi, ideando las privatizaciones de los servicios públicos.
Privatización y CIADI Posteriormente, Cassagne trabajó con las empresas privatizadas, participando en los directorios de Aguas Argentinas, Metrogas y siendo síndico de Edenor. Su estudio defendió a Anglian Water Limited y Assets recovery trust ante el CIADI.
Socios Uno de los miembros de su estudio, Máximo Fonrouge, participó en un acto de homenaje en el Colegio de Abogados, entidad que preside, a Jorge Quiroga, un juez de la cámara del terror.
Cassagne
Defraudación: Juan Carlos Cassagne estuvo procesado en un juicio iniciado por su ex socio David Halperin. Se lo acusó del presunto delito de defraudación por administración fraudulenta de fondos de un diferendo contractual entre la ex Manliba y el Ceamse.
Fuente: Infonews