POLITICA

Las tres luchas que se libran con el plan “Argentina contra el Hambre”

Las políticas estatales inciden en la lucha por el consumo familiar (para la supervivencia), la lucha de los gustos sociales (para apaciguar la convulsión social) y la lucha de los precios (más macro, relacionada a la concentración económica. La solución no pasa por una medida puntual.

Las tres luchas que se libran con el plan “Argentina contra el Hambre”

El plan de emergencia alimentaria anunciado por la fuerza opositora con mayor intención de voto, presentado como “Argentina contra el hambre”, reconoce otras experiencias donde se intentó priorizar la alimentación de aquellos sectores castigados por la pobreza y que, actualmente, registran manifiestas restricciones para acceder a la alimentación básica.

La propuesta parte de una premisa clara: por un lado, es prácticamente imposible planificar el desarrollo de un país, debatir sus orientaciones y énfasis, si la gente no come.

Por otro, reconoce en el Estado al principal responsable de este verdadero flagelo social, aunque no el único: la amplia convocatoria lanzada hacia otros agentes económicos ilustra la multiplicidad de actores que inciden tanto en la producción y la comercialización de alimentos como en la concentración de la oferta y la formación de precios.El plan introduce una novedad, que es la creación de un Observatorio que realice informes periódicos sobre la situación del hambre en la Argentina, y además procura realizar un seguimiento de qué se come para aportar información nutricional de las personas que en situación de pobreza deban recurrir a comedores o merenderos.

Sin embargo, podría decirse que la iniciativa es innovadora por reconocer que la alimentación comporta ciertas luchas que se dirimen socialmente, donde el Estado no puede mirar para otro lado cuando una parte importante de su población no accede a una canasta básica. Estas luchas desde luego impactan en las familias, y se agrupan en al menos tres tipos de disputas distintas pero relacionadas entre sí: las vinculadas al consumo familiar, las disputas por los llamados “gustos sociales”, y aquéllas asociadas a la fijación de precios. Todas estas luchas interconectadas están atravesadas por la intervención del Estado, sea por acción u omisión, y se fortalecen cada vez que combinan procesos de esmerilización del poder adquisitivo, pérdida del empleo, inseguridad laboral y recesión económica, los rasgos más distintivos que nos deja la gestión de Cambiemos luego de 4 años.

1. Lucha por el consumo familiar

La primera de las luchas expresa las diversas estrategias de supervivencia alimentaria de los hogares. Las mujeres son las primeras en salir a la calle a hacer rendir el dinero. Metódicamente ponen en práctica sus saberes populares, que no enseña ninguna universidad, y que ellas aprendieron para asegurar cada plato de comida con la hiperinflación de 1989, en los ‘90 y en el 2002, desplegando un conjunto de políticas y estrategias domésticas para abaratar su canasta de consumo.

Más allá de una mirada de género promotora de la parentalidad compartida entre padres y madres, un hecho incontrastable es que las mujeres planifican el consumo familiar mensual y, ante la esmerilización del poder adquisitivo, potencian el sistema de ayuda mutua de redes para saber de descuentos o formas de hacer mejores compras. Recorren almacenes, supermercados, etc. y otros circuitos informales como el de los vendedores ambulantes y ferias con precios bajos aprovechando las ofertas y contrastando valores.

Una estrategia habitual al hacer las compras es comer menos o distinto. Como se decía en el anuncio de ayer, el mate con pan es muchas veces la opción en la cena para las mujeres en los barrios populares y la comida se destina a los hombres y niños. Fritos, guisos y sopas con papas, aceites mezcla, fideos y carnes grasas son las comidas más frecuentes.

Además, la comida de olla es la opción económica ante el aumento de los servicios esenciales y lo factible cuando en el hogar hay sólo una hornalla, sin agua potable y otras condiciones habitacionales deficitarias, de ahí que un eje de los mencionados para el plan presentado sea el de la infraestructura básica.

Cuatro pilares básicos de la seguridad alimentaria y nutricional se destacan: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y consumo, y la utilización biológica de los alimentos. En la Argentina no tenemos problemas de disponibilidad, sino de accesibilidad, consumo, utilización y aprovechamiento óptimo de los alimentos. Básicamente, esta primera lucha por la alimentación que despliegan las familias es una lucha por la supervivencia donde se pone en juego su seguridad alimentaria: no sólo el hecho de comer, sino la calidad de lo que se ingiere y su valor nutricional, de allí la importancia de que desde el Estado se efectúe un seguimiento en ese sentido.

2. Lucha de los gustos sociales

Siguiendo a Pierre Bourdieu, también se fortalece otro proceso que es el de la “construcción social del gusto”. Implica que los sectores más empobrecidos eligen comer aquello que están obligados a comer porque no tienen suficientes ingresos, protegiéndose de la frustración de desear lo imposible. No es que “no tienen paladar” sino que es una particular malla protectora constituida en sociedades altamente desiguales para la desmovilización social y reivindicación política de los sectores más vulnerables.

Adicionalmente a la lucha cotidiana por el consumo familiar (para garantizarlo), la lucha de los gustos sociales (para apaciguar la convulsión social) que se activan cuando hay esmerilización del ingreso y del trabajo, tiene lugar la lucha distributiva de los precios ligada a la concentración oligopólica en la producción y fijación del costo de los alimentos.

3. Lucha de los precios

Tal como se sostenía en el discurso, la Argentina es un país de alimentos caros, con precios similares a los de Europa o Estados Unidos, sumado a que el acompañamiento del aumento con la recomposición salarial que se tuvo por un periodo en los últimos años ya no es tal. Simultáneamente, cada crisis internacional golpea fuertemente a las familias, en especial sino se apuntalan políticas de protección de los sectores medios y vulnerables en dichos momentos. También cada medida económica tiene impactos sociales y distributivos que pueden ser contraproducentes sino se es sensible a sus efectos.

Por ejemplo, hay una íntima relación en la fijación de los salarios mínimos vital y móvil y/o aumento de asignaciones familiares como la AUH y las jubilaciones, y las “microguerras” de precios. Dichas disputas se verifican cada vez más entre un barrio y otro, entre hipermercados y ferias, entre sus promociones y facilidades de compras en cuotas, síntoma de una desigualdad social en ascenso que puede alcanzar magnitudes insospechadas cuando desde el Estado no desarrollan políticas activas y regulatorias.

En los últimos años vemos su cara más cruel. Exportamos lo que comemos y no somos capaces de darnos un límite para garantizarle alimento a toda la población. La brutal devaluación de los últimos tiempos generó que se amplifique fuertemente el aumento de los alimentos, superando un 60% interanual y con estimaciones a que sólo en septiembre el incremento en Alimentos y Bebidas alcance un 6,2%. Los lácteos superaron el 85% de aumento en un año y el efecto en el consumo fue inmediato: cayó un 13%. La concentración oligopólica en toda la cadena productiva quedó expuesta en los últimos años.

El Estado no puede estar ausente o mostrarse prescindente en algo tan prioritario como es asegurar un plato de comida para los sectores más vulnerables. Ello porque, como hemos visto, las políticas estatales inciden en la lucha por el consumo familiar (para la supervivencia), la lucha de los gustos sociales (para apaciguar la convulsión social) y la lucha de los precios (más macro, relacionada a la concentración económica). Estas luchas son ejemplos de los juegos y diversos frentes anidados a los que atender para avanzar en la inclusión social.

El plan anunciado es un intento por empezar a saldar esta enorme deuda social, aunque todos sabemos que la solución no pasa por una medida puntual: es sistémica y relacional al sistema político-institucional y económico vigente.

Fuente. ambito financiero

 

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