El razonamiento engañoso sobre pensiones no contributivas y discapacitados
Desde el inicio del gobierno del Ing. Macri, muchos funcionarios y comunicadores comenzaron a cuestionar el manejo de las pensiones no contributivas por incapacidad laboral. Se afirmaba que ese era uno de los ámbitos de corrupción y que se había entregado pensiones a cualquiera.
A partir de 2016 se dieron de baja pensiones no contributivas (PNC) sin guardar los pasos administrativos correspondientes para que la persona pueda hacer su defensa y muchos medios de comunicación empezaron a decir que era imposible sostener ese “gasto”, al mismo tiempo que ponían en duda la cantidad de personas con graves discapacidades que viven en nuestro país y la legitimidad que ellas tienen en acceder a una pensión.
Todo el esfuerzo comunicacional estuvo puesto en demostrar la corrupción en ese ámbito y los privilegios de un colectivo social que hace usufructo de un beneficio que no le correspondería. Nadie hablaba de las personas.
Aclaramos que no avalamos ninguna acción que implique o hubiera implicado el uso de fondos públicos, para favorecer a quienes no lo necesitaban o simplemente para robar.
En este sentido se hace necesario aclarar ciertas afirmaciones de funcionarios y comunicadores.
Aplicación de un criterio más amplio
Durante la época del Dr. Menem y del Dr. De La Rúa, desde la sociedad civil se hicieron planteos para que se cambiara el criterio establecido por el Decreto 432/97 del 76% de incapacidad laboral. El motivo esgrimido era que la pensión debía cubrir a aquellos que por su deficiencia no eran recibidos en el mercado laboral, aunque tuvieran un porcentaje de incapacidad laboral menor al establecido y estuvieran en situación de pobreza. Por otra parte, se mantenía un cupo de pensiones no contributivas. Es decir, un número fijo de pensiones posibles de ser entregadas, lo que se conocía como “Una Alta por Cada Baja”. Esto significaba que para que una persona con discapacidad accediera a una PNC, no sólo debía cumplir lo requerido en el decreto 432/97, sino que también debería haber una “baja” previa. De esta manera hubo muchas personas que no tuvieron un ingreso que les permitiese cubrir necesidades básicas como tampoco acceder a la atención que necesitaban.
La administración Kirchner-Fernández tomó la decisión política de dar cobertura con la pensión no contributiva por invalidez laboral a las personas que tenían discapacidad y vivían en situación de pobreza, así como también se desestimó la vigencia del “cupo”. De esta manera podían acceder a un ingreso mínimo y también contar con una atención a través del Programa Incluir Salud, una cobertura integral que posibilitara el acceso a la educación, salud, medicación, entre otras. Así se cumplía con lo establecido la Ley 24.901 (prestaciones para personas con discapacidad) que en su artículo 4 establece: “Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado.”
De las 78.977 pensiones existentes en Diciembre de 2002, se llegó entre 2003 y 2007 a 230.847 para alcanzar a fines del 2015 al número de 1.065.241. (Datos tomados del Boletín Estadístico de la Seguridad Social – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación – 1 Trimestre de 2017)
Lamentablemente este cambio de criterio en el acceso a las pensiones, que implicó la inclusión de aproximadamente un millón de nuevos pensionados, no se transformó en norma escrita. A pesar de esto estamos seguros que las pensiones no pueden ser evaluadas desde la letra del Decreto 432/97, como se pretende en la actual gestión, sino que el mismo debe ser revisado desde las nuevas normativas existentes a nivel internacional y en nuestro país, como es el caso de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Estado Argentino se comprometió a respetar.
¿Las pensiones otorgadas fueron pocas o muchas?
Si a los números del Censo 2010 (5.114.190 de personas con discapacidad, el 12,9% de la población total) se les aplica el 30% de pobreza, aclarando que para algunos indicadores el porcentaje asciende a un número significativamente mayor cuando nos referimos a estas personas, observamos en nuestro país la población con discapacidad en situación de vulnerabilidad es de 1.534.257. Si hacemos lo mismo a los datos del 2018, habría 1.071.595 personas con discapacidad en situación de pobreza.
La encuesta del Indec en 2018, realizada en conglomerados de 5000 personas o más, afirma que las personas con discapacidad son 3.571.983 (10,2% del total de la población). Este número es de personas entre los 6 años de edad en adelante. Faltan los niños entre 0 y 5 años. Si a estos datos se aplicara también el 30% tendríamos que en nuestro país hay 1.071.595 personas con discapacidad en situación de pobreza. Cifra que sería mayor si se tienen en cuenta los niños de 0 a 5 años.
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos datos y el nuevo criterio con que se estableció, en la gestión anterior, la entrega de las pensiones, podemos decir, que la cantidad de pensiones otorgadas guardaban relación con la población necesitada de las mismas.
Reiteramos, se pretendió dar respuesta a la situación de pobreza con el monto de la pensión y a la necesidad de atención integral a través del Programa Incluir Salud.
Estamos convencidos que el trabajo es el instrumento más inclusivo para toda persona, Sin embargo, en contextos de desempleo, precariedad laboral, aumento de la exclusión y fragilidad de los vínculos sociales; nos parece fundamental la garantía por parte del Estado de las necesidades básicas y el acceso a la atención integral, aspectos que se lograron a través del otorgamiento de pensiones. Por tal motivo sostenemos que ampliar el acceso a las mismas fue una medida inclusiva.
Si lo que se intenta es el bien de las personas y su inclusión, se tiene que salir al encuentro de las mismas con una propuesta que busque dar respuesta a lo que su dignidad exige. Ante los anuncios “ordenadores”, que en la práctica han sido “quitadores”, la población de referencia se angustia porque ve en peligro aquello que le ha permitido un cierto desahogo a su crítica situación y posibilidad de encontrar alguna respuesta a la atención médica o a la prestación que necesitan.
Razonamientos engañosos usados por funcionarios y periodistas
Se observan argumentos por parte de funcionarios y comunicadores que hacen suponer que las pensiones constituyen un “privilegio” para algunos pocos, en un contexto de crisis en donde la población en su conjunto se ve afectada. Sostenemos que lejos de ser un “privilegio” las pensiones constituyen una forma de garantizar aspectos elementales de la dignidad humana.
Se escucha decir a funcionarios y comunicadores que no hubo en nuestro país una guerra o epidemia que justifique la presencia de tantas personas con un 76% de incapacidad laboral. En primer lugar, les recordamos nuevamente que se usó un criterio más amplio para otorgar la pensión (discapacidad en lugar de incapacidad laboral). En segundo lugar, que en nuestro país, por diversas causas ha aumentado el número de personas con discapacidad, en particular por la pobreza estructural que lleva años y que mostró su obra destructora en los niños que murieron en las provincias del norte del país en la grave crisis del año 2001.
La desnutrición vigente durante años en nuestro país, no se ha ido sino que sigue presente entre nosotros.
Para ilustrar lo que significa esta problemática citamos lo dicho por el Dr. Esteban Carmuega, Director del Cesni: «La desnutrición en la Argentina abarca muchas formas. La más cruel, de curso corto y que potencia el riesgo de morir es la desnutrición aguda. Por cada chico con desnutrición aguda, hay no menos de 12 otras formas de desnutrición solapadas; que no sólo aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, sino que limitan la potencialidad de una persona. Estos chicos rinden menos en la escuela, en la actividad física y se insertan peor en el mercado laboral». (Infobae, 11/02/2015)
Consideramos el informe de la Universidad Católica Argentina que estimaba que los niños en situación de pobreza sumaban en 2016 un total del 60,4 por ciento de los menores de 0 a 17 años que había en el país. El reciente informe sobre 2017 estima que un 62,5% de niños, niñas y adolescentes eran pobres (8.000.000). La tasa de pobreza por ingresos de los niños es del 48,1% y de indigencia es de 10,2%. Respecto del derecho a la estimulación en los primeros años de vida (0-3 años), alrededor de un 17% se encuentra en situación de vulnerabilidad emocional e intelectual. Y el 19% de los niños registra privaciones en el espacio de la educación y el 23,3% ve afectado su derecho a la salud. (Infobae, 29/4/18)
También hay que tener en cuenta la observación de Unicef: “En Junio de 2017, Unicef afirmó que en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres. El 47,7% de los chicos viven en la pobreza en Argentina…” (Informe Anual de Actividades Argentina 2017, Unicef)
La desnutrición ha generado en nuestro país, múltiples secuelas, entre ellas la deficiencia intelectual y motora. Por lo tanto podemos pensar que el número de pensiones dadas con el criterio más amplio, no estaría alejado de la cantidad de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
Les proponemos a quienes sostienen que en nuestro país no hubo una guerra o una enfermedad que afectara a gran parte de la población para tener un número tan grande de pensiones por discapacidad que revisen lo dicho anteriormente. Muchos han sufrido las consecuencias de la pobreza estructural y por tanto de la desnutrición, que destruye la vida silenciosamente y a la cual nos acostumbramos los que vivimos en ambientes más favorecidos.
La pensión ha sido un ingreso que les permitió alimentarse más adecuadamente y la posibilidad de conseguir la atención que necesitaban para desarrollarse desde sus potencialidades.
No olvidemos que nuestro país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378). El Estado Argentino se comprometió a su cumplimiento. La regresividad que implica la baja de PNC y la pérdida de atención a través del Programa Incluir, va a contramarcha del compromiso asumido en garantizar la progresividad de las políticas que debe aplicar en materia de derechos humanos. Estamos convencidos que es posible avanzar en nuestro país en todo aquello que permita a las personas con discapacidad acceder a una vida digna, generando las oportunidades para que sean miembros activos, partícipes reales, de la construcción de la sociedad.
Fuente. Documento elaborado por Pbro. Pablo Molero, coordinador del Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Con discapacidad.