Primer “tijeretazo” post 22-O: Congreso activa plan de retiro voluntario
El Congreso ya tiene preparado su primer «tijeretazo» en el gasto para el post 22-O: desde el 1 de noviembre próximo y hasta el 29 de enero de 2018, los empleados de planta permanente desde 55 años (mujeres) y 60 años (hombres) que cuenten con los aportes previsionales correspondientes podrán acceder a un plan de retiros voluntarios, tras una idea del Senado a la que luego se plegó Diputados, y que ya cuenta con el aval de gremios legislativos.
La iniciativa, que fue adelantada por Ámbito Financiero el 13 de julio pasado, ya tiene las firmas de la vicepresidente y titular del Senado, Gabriela Michetti; y del líder de la cámara de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, y en los próximos días aparecerá en la web la resolución conjunta. El 3 de octubre último, el proyecto fue avalado por los sindicatos que representan a los empleados, con APL -que comanda el polémico Norberto Di Próspero- a la cabeza.
En la normativa se señala que se podrá «prorrogar el plazo de vigencia» y las «máximas autoridades administrativas de cada uno de los sectores» tendrán «la atribución de acordar el retiro o rechazar la solicitud de adhesión cuando existan razones presupuestarias, de servicio o causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento».
Quien ingrese en el plan obtendrá una suma «no remunerativa equivalente a la remuneración bruta mensual normal, habitual y permanente más un adicional del 10% que el agente percibirá por un plazo de hasta 60 meses». En tanto, «para la determinación del beneficio deberá deducirse de la remuneración bruta de referencia los descuentos por la cobertura de la Dirección de Ayuda Social, seguro de vida y las cuotas sindicales, de corresponder».
En el texto además se deja en claro que «no se computarán los rubros de pago extraordinario, horas extra, gastos de movilidad, viáticos, gastos de comida, asignaciones familiares, sueldo anual complementario ni cualquier otro concepto cuyo pago no reúna los requisitos de periodicidad mensual, normal, habitual y permanente antes señalado».
Al menos una decena de trabajadores del Congreso aseguraron a este diario que «una parte importante de los sueldos no se conforma sólo con el haber bruto sino gracias a complementos como capacitación y dedicación funcional, antigüedad, etcétera, que terminan formando el 20, 30 o hasta el 40% extra del haber», y temen la desactivación segura de esos ingresos -lo establece la iniciativa- en caso de aceptar el retiro voluntario.
Sin embargo, desde una de las presidencias manifestaron a Ámbito Financiero que «quienes se sumen al retiro van a cobrar lo mismo o más». El Senado intentará despejar de manera definitiva esas dudas con la instalación de un «simulador» que los empleados podrán consultar en el sistema interno de comunicación de esa cámara.
La lupa de los empleados apuntará también a otros dos artículos: el 9 y el 13. El primero obliga a los agentes que reúnan los requisitos para el retiro voluntario a «iniciar el trámite jubilatorio dentro de los 30 días corridos contados desde el momento» -y renunciar a la planta permanente- que cuenten los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, mientras que el segundo asevera que «en el caso que se modifiquen legislaciones vigentes que alteren en todo o en parte las previsiones del presente régimen, las partes se reunirán en comisión paritaria a fin de tratar la adecuación del presente régimen a la nueva legislación».
En el articulado de la normativa también aparece mencionado un «Fondo Compensador Complementario» que, en realidad, debería ser sancionado como un proyecto de ley. La iniciativa sí fue presentada a mitad de año por Michetti, Monzó y Di Próspero pero pasó hacia la clandestinidad.
La ley tiene como finalidad «otorgar una prestación complementaria al beneficio previsional que perciban» los trabajadores de planta permanente, como también «un beneficio compensatorio en casos de pensión por invalidez, pensión por fallecimiento de jubilado o inválido y pensión por fallecimiento de empleado activo». Para ello, la succión de aportes de empleados será del 2% mensual para quienes tengan hasta 40 años), 3% (40 y 50 años), 4% (50 a 60 años) y 4,5% (60 a 65 años).
Sin embargo, el beneficio por jubilación disparó varias incógnitas: quien haya aportado hasta un año, tendrá un extra en su jubilación del 10% del último salario, entre 1 y 2 años (11%), entre 2 y 3 años (12%), entre 3 y 4 años (13%), entre 4 y 5 (14%), y los de más de cinco años lograrán un bonus de 15%. Por otra parte, y «a los efectos de la determinación de los años de aporte, las fracciones iguales o superiores a 15 días se considerarán como mes completo y fracciones iguales o superiores a 6 meses se considerará como año completo».
Di Próspero, indiscutido titular de APL, reapareció en el radar en el segundo semestre por la auditoría que se le realizó en 2016 a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS), que ni siquiera permite triangular los aportes: tiene un software «basado en DOS que data de 1993 y contiene carencias y limitaciones varias, algunas de ellas significativas», además de déficit -2014, último dato- y una «gran cantidad de direcciones, en una proporción que es inusual para cualquier estructura organizativa del sector de la salud».
En el Presupuesto 2018, y con el Gobierno en plena defensa de su ajuste con «gradualismo» y su cuenta doméstica para mostrar que achica el déficit, el Congreso salió beneficiado y tendrá fondos por encima de la inflación proyectada, ya que recibirá un 19,3% más de recursos que el corriente año.
Fuente. ambito financiero