Proyecto de bahiense pide cárcel para quienes realicen amenazas a escuelas
De acuerdo a lo que dijo el senador de Cambiemos en el programa Un Toque, se agregaría un artículo al Código de Faltas para sancionar con arrestos y multas a quienes lleven adelante amenazas a establecimientos educativos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
El contador, especificó que la propuesta propone incorporar como artículo 74º ter al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada.
Además, la iniciativa del senador bahiense señala que cuando la falta sea cometida por un menor, serán los padres, tutores, curadores y guardadores los sancionados.
“El proyecto pretende una sanción específica para aquellos personas que llevan a cabo una amenaza a establecimientos educativos”, dijo De Leo en sus fundamentos. Y agregó: “en la actualidad advertimos como ha ido incrementándose a través de las llamadas telefónicas a los colegios, la indicación acerca de la colocación de artefactos explosivos”, especificó el legislador.
“Y si bien en su mayoría este accionar se lleva a cabo a través de comunicaciones telefónicas, entendemos que es importante incorporar otras formas de vinculación actuales, como ser, internet, sitios web, redes sociales virtuales y correos electrónicos”, expresó el senador de Cambiemos.
En este sentido, De Leo indicó que “entendemos que esta clase de amenazas, en su mayoría son falsas y realizadas por los propios alumnos. Pero esto no releva al Estado de tener que abordar el tema con rigurosidad, profesionalismo y asumir su obligación de tomar todos los recaudos necesarios, cumplir con el protocolo previsto para este clase de hechos y movilizar a las fuerzas de seguridad”.
Finalmente, agregó que “Este accionar provoca la alteración de la tranquilidad pública, razón por la cual proponemos para revertir esta situación, desde el estado provincial, la incorporación al Código de Falta de la sanción pecuniaria y de arresto, al margen del reclamo que deberá llevar adelante el Estado, por obtener el reembolso de los gastos que debió afrontar el operativo llevado a cabo para constatar la existencia o no de un artefacto explosivo, extendiéndose la sanción a los padres, tutores o guardadores, cuando la conducta fue realizada por un menor a su cargo”, concluyó.