Crean el registro de electrodependientes
A través del decreto 740/17, Mauricio Macri, Marcos Peña y Lemus cumplieron con uno de los requisitos indispensables para la puesta en marcha de la ley 27.351, promulgada el 17 de marzo pasado. Tras la tardía reglamentación, llega la inscripción de los beneficiarios para que la gratuidad alcance a todos los pacientes del país.
En el Interior las quejas se multiplicaron desde la entrada de vigencia de la ley, porque los proveedores de energía no tenían un marco legal que los ampare sin el registro oficial.
La norma obliga al Estado nacional a «garantizar el servicio eléctrico en forma permanente, en el domicilio del titular del servicio o uno de sus convivientes, que se encuentre debidamente registrado, como así también un tratamiento tarifario especial gratuito de provisión de energía, a través del reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional y la exención del pago de los derechos de conexión».
Asimismo, el Decreto 740 establece que el Poder Ejecutivo desarrollará «campañas de difusión, educación y concientización con el fin de promover los derechos de los electrodependientes por cuestiones de salud y de los principios comprendidos en la ley».
Con la creación del registro ahora resta que la mayoría de las provincias adhieran a la ley nacional. Hasta el momento solo seis distritos aceptaron aplicar la gratuidad del servicio para los electrodependientes. Al momento de la votación de la ley en abril pasado se contabilizan unas 120 familias con esta imperiosa necesidad, pero tras la difusión del beneficio se habla de unos 7.000 hogares con usuarios electrodependientes por motivos de salud. Datos de las empresas Edenor y Edesur revelan que 75% de los usuarios electrodependientes consumen 600 kilovatios por hora o menos. Sin embargo, muchas de las familias aseguran que la mayoría contabilizan un consumo mensual de hasta 2.000 kilovatios por hora.
En las últimas semanas surgió una polémica en Córdoba, donde hay decenas de personas necesitadas del beneficio y al menos tres proyectos de ley para adherir, que no se terminan de sancionar. Los legisladores del oficialismo cordobés se niegan a incorporar la 27.351 así como está. «Está hecha para ser aplicada por Edenor y Edesur», justificó el diputado Daniel Passerini, del bloque Unión por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti.
Según dijo Passarini, la intención de la gobernación es que haya un uso «racional y transparente» del beneficio, sin discrecionalidad. Por ese motivo proponen aplicar una tarifa social provincial, «pudiendo llegar al 100% del total de los componentes de la tarifa» de electricidad, con la presentación de certificado médico. Esta aclaración deja abierta la posibilidad a que algunos usuarios estén obligados a abonar parte de la factura de luz, según lo decida el ente municipal. «Vamos a ser más específicos, de acuerdo a la cantidad de kilowatios que se consuman», señaló el legislador. «No queremos que alguien quiera usufrutuar un derecho como este», agregó.
Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) ya expresaron su «profunda preocupación» por la decisión de Passarini de aplicar su propia ley. «El proyecto prevé que el porcentaje de dicha cobertura quede a discreción del Estado cordobés», alertó el abogado Facundo Ferro.
«Abarcan la problemática desde una perspectiva que contradice la ley nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y desentona del resto de las provincias que ya adhirieron», agregó el representante de las familias con este tipo de pacientes.
Fuente. ambito financiero