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Promulgaron la ley que limita las excarcelaciones por delitos graves

El Gobierno nacional promulgó la ley 27.375, sancionada el 5 de julio pasado por la Cámara de Diputados, que pone límites a los derechos de los condenados por delitos graves. Si bien fue reclamada por familiares de víctimas, hubo diversas protestas en penales bonaerenses para rechazarla.

Promulgaron la ley que limita las excarcelaciones por delitos graves

La medida fue comunicada a través del decreto 573/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.

La norma, que modifica la ley 24.660 de Ejecución Penal, establece que aquellos que hayan cometido delitos violentos como homicidios agravados, violaciones y robos con arma, deberán cumplir la totalidad de la condena dentro de las cárceles.

Según la nueva redacción del artículo 1º de la ley, “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”.

En ese sentido, establece una serie de modificaciones en los mecanismos de otorgamiento de los beneficios de la libertad condicional o las salidas transitorias, con el objetivo de evitar la discrecionalidad de los magistrados al momento de su decisión.

En su momento, el proyecto había sido sancionado en Diputados, pero el Senado introdujo varias modificaciones, ya que redujo la cantidad de delitos que pueden ser beneficiados con excarcelaciones, y lo devolvió a la Cámara de origen, que demoró su aprobación final.

En la propuesta sancionada por la Cámara alta se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo como imposibilitados a acceder a la libertad anticipada.

Asimismo, el Senado había atenuado la intervención del Servicio Penitenciario para el otorgamiento de salidas anticipadas, como proponía la reforma, ya que la decisión recaerá en el juez de ejecución penal.

La modificación de la ley cobró impulso tras del asesinato de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, por parte de Sebastián Wagner, un violador reincidente que había obtenido la libertad antes de cumplir toda su condena.

La lista de delitos que incluye la ley son: homicidios calificados, delitos sexuales, privación ilegítima de la libertad, robos seguidos de muerte y robos con armas de fuego, secuestros extorsivos, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y contrabando agravado, contrabando de drogas y contrabando de explosivos.

 

Polémica: aceptaciones y rechazos a la normativa

La norma era fuertemente reclamada por familiares de víctimas, que denuncian la existencia de una “puerta giratoria” que lleva a que condenados por delitos vuelvan a las calles. Sin embargo, previo a la sanción, se realizaron varias protestas en distintos penales del país. En la Provincia, hubo huelgas de hambre y banderas con consignas alusivas, en rechazo a la ley que, aseguraban, viola derechos adquiridos y no es la solución a la inseguridad, sino que, por el contrario, constituye una “Pena de muerte encubierta”.

Cuando se sancionó la ley, el abogado penalista y docente de Derecho Penal Santiago Irisarri,  advirtió por los efectos adversos de la norma en un contexto de cárceles y unidades penitenciaras superpobladas.

En la oportunidad, remarcó que “con este tipo de ley estamos haciendo lo que no hay que hacer; poner en una misma bolsa al individuo que asesina despiadadamente a una persona, con aquel que realiza un robo con arma” habida cuenta que, de acuerdo a la tipificación del Código Penal, una persona puede ser condenada incluso si usara un arma de juguete.

“El problema es el día de mañana: cuando todas estas personas tengan que salir a la comunidad sin tener la posibilidad de haber salido seis meses antes a tomar contacto con el nuevo entorno”, agregó, en torno a la quita de beneficios como salidas transitorias.

Isirarri comparó la nueva ley con la llamada “Ley Blumberg”, de una década atrás. “Es una ley simbólica que tiende a satisfacer reclamos sociales inmediatos, considerando que con una ley va a modificar todo”, observó.

Fuente. Infocielo

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