La Asociación Empresaria Argentina (AEA) advirtió que el proyecto de Ley de Abastecimiento «constituye un grave avasallamiento al ámbito de la decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y a ejercer toda industria lícita garantizados» en la Constitución Nacional.
Esta iniciativa genera, continuaron estos empresarios, un «fuerte disuasivo a la actividad empresaria, las inversiones productivas y al empleo».
La entidad consideró que el proyecto «atribuye una dependencia del Poder Ejecutivo, el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de todas las empresas, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico».
«Esto es particularmente inoportuno en momentos de dificultades en la actividad económica, y de graves problemas en las relaciones financieras internacionales de nuestro país; con efectos fuertemente negativos en la producción, las inversiones y el empleo», destacó AEA a través de un comunicado.
Este miércoles, en su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete respondió a los cuestionamietos al proyecto que hace la Unión Industrial Argentina (UIA). Aseguró que «los monopolios extinguen el funcionamiento de las PyMES».
«La propuesta no sólo reforma la
ley de abastecimiento sino la de defensa al consumidor, defensa de la competencia y la ley de lealtad al consumidor. Nosotros
creemos que uno de los grandes problemas es la concentración y que no hay equilibrio para el productor y el consumidor. No puede ser inconstitucional un proyecto que hace cumplir el artículo 42 de la Constitución Nacional», afirmó
Capitanich desde la Casa Rosada.
«El proyecto de ley contempla un observatorio de precios para impedir la concentración y que alguien se quede con todo el excedente lo que impide el funcionamiento las pequeñas y medianas empresas. Además, la reforma impone el «pague y después reclame» que es una garantía reparadora para el consumidor porque las empresas prefieren el litigio a largo plazo porque no cumplen. Estamos hablando de sanciones realmente aplicables», agregó.
De esta forma, el jefe de Gabinete defendió la iniciativa aunque también abogó por su debate: «Si bien es una iniciativa que merece debate, implica una alta y favorable transformación».
Cabe recordar que el presidente de la UIA, Héctor Méndez, definió a la iniciativa como «peligrosa». Según el empresario del plástico, ese proyecto «puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo».
Méndez reclamó que el texto se debata «profundamente y no en forma rápida, que se dé tiempo para analizarla». «El proyecto propone mecanismos de regulación de precios, márgenes, cantidades que, desde nuestra perspectiva, pueden ser perjudiciales», insistió.
Fuente: Minutouno
