El conflicto callejero se cuela en el escenario político a la espera del plan de lucha de la CGT
Culmina una semana marcada con un contundente paro docente nacional, el triunfo de los prácticos de puerto y marchas masivas en defensa de la tierra y de las organizaciones sociales.
El jueves el gobierno sufrió un duro traspié en el senado. El oficialismo se tuvo que conformar con una ley amputada en sus dos artículos más sensibles.
Lo que en el tablero electrónico aparecía como un triunfo del oficialismo, en rigor, resultó una derrota que profundizó la crisis al interior del bloque de la Libertad Avanza con proyección al gabinete. Legisladores de coaliciones aliadas y también propios entendieron que el clima político no es el más propicio para avanzar en una ley con tamaña entrega en favor del capital foráneo y los sectores más concentrados. Con todo, la norma aprobada acelera los desalojos contra inquilinos en mora y le resta potencia a la ley de expropiaciones en favor de la clase capitalista.
La calle, siempre la calle
Pero el golpe crucial a la ofensiva legislativa se produjo fuera del recinto. Lo distintivo de la semana que termina es la reaparición del conflicto gremial y callejero en el escenario político. Ya el lunes se produjo un paro nacional docente en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional y la restitución del FONID. El gobierno a través del Ministerio de Capital Humano intentó desarticular la medida invocando la Ley de Modernización Laboral que, a contramano de la normativa internacional, establece la esencialidad de la educación y exige a los gremios que, en el marco de una medida de fuerza, garanticen un 75% de presencialidad.
Según los representantes del gremio, sin embargo, la adhesión superó el 80%. La amenaza del gobierno no hizo más que empujar a los docentes a un mayor acatamiento. La medida, además, tuvo un carácter activo. Se registraron nutridas movilizaciones en todo el país con epicentro en la que se realizó frente al Ministerio de Economía en Plaza de Mayo. El sindicato porteño Ademys profundizó la medida por un período de 48 horas y, según pudo saber Tiempo, la actitud del gobierno que amenazó con realizar inspecciones en las escuelas, llevó a docentes afiliados a otros sindicatos a sumarse a la medida del martes. Ademys también paró el jueves y movilizó contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Por el momento no se conocen sanciones contra las organizaciones y el gobierno bajó los decibeles de su denuncia contra los huelguistas.
También en el comienzo de la semana, los prácticos de puerto le torcieron el brazo al gobierno, que tuvo que recular con su decreto desregulador (ver recuadro).
Pero fue en la marcha del jueves donde se produjo un quiebre. Al igual que ocurriera con las movilizaciones en defensa de la universidad, o la de las hinchadas en apoyo a los jubilados o la que repudió las declaraciones del presidente contra las diversidades sexuales, además de los gremios y organizaciones sociales y piqueteras, la defensa del territorio canalizó un apoyo masivo de la clase media y la ciudadanía.
Por eso el gobierno repitió el modus operandi adoptado en la movilización del 12 de marzo de 2025 cuando, en forma unilateral, dio inicio a una feroz represión antes de las 17 horas, cuando todavía no se habían sumado a la medida las personas que, de a poco, saldrían de sus trabajos. Así como en aquella marcha una granada de gas lacrimógeno arrojada de manera ilegal casi se cobra la vida de Pablo Grillo, en esta oportunidad una fotorreportera sufrió una fractura de cráneo y, según datos de organismos de derechos humanos, se registraron más de 1500 heridos por gases y balas de goma. La represión se sostuvo hasta muy entrada la noche porque no se pudo quebrar la voluntad de movilizar mientras el Senado continuaba sesionando.
Pero el conflicto no se agotó el jueves. El viernes decenas de miles de trabajadores desocupados integrantes de las organizaciones sociales y piqueteras se movilizaron en el marco del 10° aniversario de las marchas por San Cayetano rechazando el casi millón de bajas de los planes Volver al Trabajo (ver página 9). Las columnas ingresaron desde diversos puntos. Desde Liniers lo hizo la UTEP mientras que desde Constitución los hicieron las organizaciones piqueteras del Frente de Lucha.
La masiva marcha llegó hasta la Plaza de Mayo sin que el gobierno intentara impedirlo como sí lo había hecho en otras oportunidades.
La CGT, sin agenda propia, acompaña
En ambas jornadas la CGT participó como adherente y con bajo perfil. Su participación se resolvió en la última reunión de Consejo Directivo en lo que fue presentado como el comienzo de un plan de lucha contra la revisión compulsiva de los convenios colectivos. Allí, además, esbozaron la posibilidad de organizar una marcha federal y un paro nacional, aunque omitieron fijar una fecha.
En el medio, el gobierno retrocedió en un punto clave de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, al habilitar los aportes solidarios a los sindicatos en hasta un 2% del salario conformado de los trabajadores registrados de cada gremio.
El escenario parece inmejorable para profundizar medidas y golpear a un gobierno que está en su peor momento.
Sin embargo, Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, durante la marcha de San Cayetano, lejos de agendar esa medida propia, le bajó el tenor a la conflictividad.
Consideró que “un paro es angustiante para los propios trabajadores porque, encima que estamos mal, lo único que genera es que pierdan su día de trabajo y salario”. El dirigente reconoció que “es una herramienta que tratamos de no utilizar para intentar revertir esta situación mediante el diálogo».
Por abajo, sin embargo, parecer incubarse un cambio de actitud. «
Los prácticos y el negocio de Sturzenegger
Una combinación de omnipotencia, ignorancia y autoritarismo se plasmó en el decreto 690/2026 por el que el gobierno nacional desreguló la actividad del practicaje, que es la que realizan los que guían los barcos que entran y salen de los puertos argentinos.
En el afán de abrir nuevos negocios, vedados por la regulación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentó imponer nuevas condiciones a los prácticos, incluso por la vía de la militarización de la mano de la Prefectura Naval y hasta la Armada.
En la confección del decreto, Sturzenegger solo tuvo en cuenta el interés de las empresas navieras, que son las que ofrecen sus barcos a las firmas que tienen necesidad de transportar. Hay más de un grupo económico, alguno local otros internacionales, con firmes raíces en la actividad portuaria, que miraban con interés la actividad de practicaje. Algunos señalan el caso del puerto de Singapur, donde la firma PSA maneja ese puerto y a la vez realiza la actividad de practicaje. PSA es accionista en el puerto de Dock Sud.