El gobierno de los discursos de odio decretó usarlos como justificativo para expulsar migrantes
“Desprolijo e inconstitucional”, “patrioterismo de cartón” y “la estupidez más grande del 2026” fueron algunas de las reacciones que generó el decreto de Milei para impedir el ingreso de extranjeros o echarlos en función de sus expresiones sobre la Argentina.
Como un eco tardío de la campaña que apuntó contra la Argentina durante el Mundial de Fútbol, el gobierno de Javier Milei decidió usar esas agresiones como argumento para publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia que posibilita negar el ingreso al país de personas extranjeras o expulsarlas del territorio nacional si “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino”. La nueva medida anti-migrantes, tomada a imagen y semejanza de las políticas de Donald Trump en Estados Unido, no tardó en generar rechazo entre la oposición y especialistas advierten sobre su inconstitucionalidad.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, dice el mensaje publicado a primera hora de este jueves por la cuenta de la Oficina del Presidente en X.
El Decreto 681 publicado en el Boletín Oficial implica una modificación de la Ley de Migraciones (25.871) y habilita el rechazo al ingreso o la expulsión de quien, bajo criterio del gobierno, ofendiera a la población argentina o ultrajara símbolos patrios. El rechazo llegó desde distintos espacios políticos.
Voces en contra
“Un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional”, definió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. A través de un posteo en X expresó: “Otra vez asistimos a un arrebato sin el más mínimo filtro constitucional sobre la validez y aplicabilidad de un DNU y de su contenido. Parece responder más a una necesidad política personal que a una verdadera necesidad y urgencia del país. El Presidente, una vez más, se coloca por encima del Congreso para modificar la Ley de Migraciones incorporando causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal, algunas que ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento. ¿Quién y cómo va a aplicar esas causales?, ¿cómo se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el ‘mensaje de odio’ hacia el país o nuestra población?”, se preguntó.
La legisladora peronista Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, aludió al carácter “irónico” de una medida contra los mensajes de odio tomada por “un gobierno que hace de los mensajes de odio una política de estado”. En ese sentido, señaló que “Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios”. En relación a los países o gobiernos a los que el presidente argentino dedicó agravios, mencionó a Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China, Venezuela y por supuesto a Brasil, con el que atraviesa una crisis diplomática por sus recientes agresiones contra su par brasileño Luis Inazio Lula da Silva.
“El Presidente libertario, el faro de la libertad de occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026”, consideró por su parte el exministro de Educación y exsenador por el PRO, Esteban Bullrich.
El diputado radical Pablo Juliano calificó el decreto como “patrioterismo de cartón» y cuestionó que “se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”. Lo dijo en relación a la inminente votación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que de aprobarse habilitaría la compra sin límites de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también se refirió al decreto de Milei, advirtiendo que “otra vez la Ley de Migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución”. Añadió que “esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro”. En línea con el planteo de Carignano, el abogado señaló que “lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio’.”
Política anti-migrantes
La nueva medida contra los migrantes se suma a otras que buscan imitar la política anti-extranjeros de Trump en Estados Unidos. Tal como advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –entre otros organismos-, “el Gobierno nacional impone barreras económicas y burocráticas que empujan a la población migrante hacia la irregularidad. Entre operativos desproporcionados y discursos de odio, se construye la figura de un ‘enemigo interno’ para justificar el despliegue del aparato punitivo”.
En una publicación de mayo de este año, el CELS alertaba que la reforma normativa implementada a través del DNU 366 de mayo de 2025, modificando la Ley de Migraciones, “ataca dos pilares fundamentales de la política migratoria argentina de los últimos 20 años: el acceso igualitario a derechos humanos y el Estado como garante de la regularidad migratoria”.
Así, “con la implementación de pequeños cambios en apenas algunos artículos de la ley, el gobierno modificó de raíz el espíritu de la norma, incorporó barreras para acceder a la residencia regular en el país y, con eso, al ejercicio de derechos como la salud o la educación. De este modo, personas que residen hace mucho tiempo en Argentina sin haber tenido nunca problemas, no pueden acceder a la residencia permanente por no poder acreditar los recursos económicos que el gobierno pretende. Esto afecta, sobre todo, a la población migrante empobrecida”.
A esto se sumaron, en el último tiempo, operativos sobredimensionados con la excusa de dar con migrantes en condición irregular, algo fomentado por la propia normativa. “Esta estrategia impacta en varios aspectos de la vida de las personas migrantes. El temor ante los controles de migraciones o las fuerzas de seguridad se traducen en un alejamiento de las instituciones: ir a la Dirección de Migraciones, al hospital, a la comisaría del barrio a hacer una denuncia o al colegio de los chicos parece ser un riesgo. Mientras la situación social se degrada cada vez más y afecta directamente a las personas migrantes, el gobierno fabrica un problema para luego desplegar el aparato punitivo para perseguirlo”, concluyó el CELS.