Milei y la doctrina del shock
El programa económico que ni la dictadura pudo llevar adelante. El actual programa de desguace del Estado y entrega de recursos en otros momentos de la historia argentina requirió de la suspensión de las garantías constitucionales.
Días atrás, el presidente Javier Milei afirmó con indisimulado orgullo estar llevando a cabo transformaciones profundas que “ni las dictaduras militares” se atrevieron a hacer. Lejos de ser un exabrupto, el enunciado funciona como un síntoma perfecto de estos tiempos: la consumación de un programa de desguace del Estado, desregulación salvaje, transferencia y entrega de recursos que en otros momentos de la historia argentina requirió del monopolio de la fuerza y la suspensión de las garantías constitucionales.
Hace casi dos décadas, la intelectual y activista Naomi Klein publicaba La doctrina del shock, donde desnudaba los mecanismos globales de implantación del neoliberalismo. Klein demostraba cómo las recetas de los Chicago Boys y las corporaciones necesitaban, indispensablemente, el terreno arrasado de una dictadura, una catástrofe o una intervención militar para poder ser aplicadas sobre sociedades aturdidas y desmovilizadas.
El shock económico opera en perfecta simetría con el shock psíquico: busca el “despatronamiento”, la desintegración deliberada de las grillas culturales y de resistencia previas para forzar una regresión colectiva que vuelva tolerable lo intolerable. El laboratorio chileno de Augusto Pinochet o el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 fueron los ejemplos más brutales de que el repliegue del Estado, la apertura asimétrica y la entrega de la soberanía económica solo podía ser aplicado mediante la violencia.
Ya no hace falta el Estado de sitio ni los tanques en la calle para imponer el programa histórico de las viejas oligarquías terratenientes y las nuevas burguesías financieras y energéticas. Es la “inevitable necesidad técnica” lo que posibilita el shock. A través de instrumentos de ingeniería jurídica como el DNU 70/23, se avanzó en una desregulación absoluta de la canasta básica, las tarifas y los servicios esenciales, consolidando una brutal transferencia de ingresos en tiempo récord.
Como el mismo presidente menciona, a ello se agrega la entrega de nuestros recursos naturales y la eliminación de toda regulación. El “ancla” del programa inflacionario no fue un acuerdo de precios, sino la licuación lisa y llana de los salarios reales y las jubilaciones, que sufrieron contracciones históricas de dos dígitos; el mentado superávit fiscal y financiero se erigió sobre el freno total de la obra pública y el vaciamiento de partidas sociales básicas: un torniquete que ni el esquema más rígido del Proceso de Reorganización Nacional se planteó como meta de corto plazo por miedo al estallido del tejido social.
En este sentido, y como afirmó un expresidente de la nación: “el salario es un costo a reducir” sin perder fuerza de trabajo. Esta reducción del sujeto productivo a su mínima expresión biológica —despojado de su carácter de ciudadano económico— plasma lo que Pierre Bourdieu definió como la esencia de la utopía neoliberal: un programa de destrucción metódica de los colectivos, donde la precarización estructural de las condiciones de existencia no es un desajuste técnico, sino una estrategia de dominación que instituye la inseguridad permanente.
El rumbo que empuja a la precarización y a la exclusión social hoy es convalidado a través del voto y esto posiblemente resulte incomprensible si no se toma en cuenta que no es solo el dominio de los bienes económicos lo que se ha monopolizado, sino el dominio de los bienes simbólicos. Una soberanía cultural que el neoliberalismo digital no construyó desde la nada, sino colonizando el vacío dejado por el repliegue de las viejas identidades colectivas.
Como expresan los intelectuales de la posmodernidad: las sólidas tradiciones de militancia de los años 60 y 70 se han evaporado. Aquellas identidades políticas colectivas no solo funcionaban como herramientas de resistencia gremial o territorial; constituían coordenadas de representación. Permitían a los trabajadores y a los sectores populares contextualizar los avances del capital, identificar los intereses de clase en juego y construir un freno comunitario frente a las ofensivas del establishment. Hoy, desmantelado aquel lazo social presencial, el único metatexto se construye de cara a las pantallas y los teléfonos parecen la única mediación posible con el otro.
Sin redes de contención comunitaria ni discursos que articulen el sufrimiento en clave colectiva, el malestar social es capitalizado por una derecha que utiliza el ropaje de una rebeldía vaciada de lo político y una meritocracia que explica todo padecimiento en términos individuales. Al desaparecer las tradiciones de militancia que antes actuaban como contención y autodefensa social, las corporaciones encuentran vía libre para apropiarse de los recursos naturales y la renta nacional en un porcentaje cada vez mayor. Lo peor de todo es que, como Milei expresa acertadamente, lo hacen a través de un consenso que ni los gobiernos militares pudieron consolidar.
Por Mariano Gallego
* docente de Economía Política (UBA)
