Dos nuevas empresas emblemáticas entran en crisis: Frutafiel, Metalfor y el derrumbe de la producción en la era Milei

El deterioro de la economía real continúa golpeando de lleno al entramado productivo argentino. En medio de un escenario atravesado por la caída del consumo, el encarecimiento del financiamiento, la recesión y el aumento de los costos operativos, dos compañías emblemáticas de distintos sectores quedaron al borde del colapso: la entrerriana Frutafiel solicitó el concurso preventivo de acreedores, mientras que Metalfor, uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por problemas financieros y atrasos en el pago de salarios.

Los dos casos se suman a una lista cada vez más extensa de empresas que, pese al discurso oficial sobre la recuperación económica, enfrentan serias dificultades para sostener la producción, preservar el empleo y cumplir con sus obligaciones financieras. Frutafiel, empresa fundada en 1956 y con más de siete décadas de historia, presentó ante la Justicia de Paraná un pedido de concurso preventivo luego de que sus costos operativos y financieros superaran ampliamente su nivel de facturación durante los primeros meses de 2026.

En su presentación judicial, la firma ubicó el origen de la crisis en una combinación de factores que terminaron por volver inviable su funcionamiento. «El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte», explicó la empresa en el escrito presentado ante la Justicia.

Según detalló, la imposibilidad de trasladar esos mayores costos a los precios finales sin perder competitividad redujo drásticamente sus márgenes de rentabilidad. A ello se sumó la fuerte retracción del consumo de productos considerados no esenciales, segmento donde concentra buena parte de su producción de aguas saborizadas, cervezas y bebidas especiales.

La compañía también responsabilizó al incremento de las tarifas energéticas y del costo de los combustibles, al señalar que los derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final de algunas de sus líneas de producción. Paralelamente, advirtió que «el acceso al crédito bancario se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado», mientras que el descuento de valores de terceros terminó generando nuevas pérdidas.

La empresa intentó sostener las ventas mediante promociones en supermercados y cadenas de distribución, aunque esos descuentos terminaron reduciendo casi a cero la rentabilidad. Al mismo tiempo, la morosidad de clientes e incluso la imposibilidad de cobrar algunas deudas agravaron el cuadro financiero. En un intento por evitar el desenlace, el principal accionista vendió un inmueble propio para inyectar recursos en la compañía y lanzar la cerveza Golden Saft.

Si bien el producto tuvo una buena recepción inicial, la falta de cumplimiento del proveedor de cerveza a granel y la rápida reacción de la competencia terminaron frustrando el proyecto. Más tarde incorporó una línea de vino con jugo. Ambos productos representan actualmente cerca del 30% de la facturación. Los números reflejan la gravedad de la situación. Frutafiel declaró un activo total de $4.016 millones frente a un pasivo de $3.818 millones, dejando un patrimonio neto positivo inferior al 5% del activo total. Además, el Banco Central registra 387 cheques rechazados sin fondos por más de $1.085 millones.

La empresa sostuvo que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año, cuando dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y empezaron a rechazarse los cheques emitidos. Sin embargo, manifestó que «es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo» y aseguró que «el concurso preventivo producirá el desahogo financiero» necesario para continuar produciendo y cancelar sus compromisos. El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná ya abrió formalmente el concurso preventivo, ordenó la inhibición general de bienes de la empresa y designó la sindicatura que llevará adelante el proceso.

La crisis también alcanzó a Metalfor, uno de los mayores fabricantes nacionales de maquinaria agrícola, que abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo de Córdoba debido a los atrasos en el pago de salarios de sus aproximadamente 600 trabajadores directos. La situación resulta particularmente llamativa porque ocurre apenas unos meses después de que la empresa obtuviera un financiamiento internacional de 50 millones de dólares de la United States International Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, ese respaldo financiero no logró evitar el fuerte deterioro de sus cuentas. La empresa enfrenta una severa crisis de liquidez, mantiene deudas con 23 entidades bancarias por aproximadamente $52.000 millones y más de $22.000 millones corresponden a créditos catalogados por el Banco Central entre Situación 2 y Situación 4, niveles que implican desde seguimiento especial hasta alto riesgo de insolvencia. A ello se suman 558 cheques rechazados por más de $5.348 millones, de los cuales apenas logró cancelar el 11%. La caída de la actividad también quedó reflejada en su nivel de producción.

Metalfor trabaja actualmente al 50% de su capacidad instalada. Durante el primer trimestre del año vendió apenas 56 máquinas frente a las 116 comercializadas en igual período del año pasado, mientras que la producción cayó de 86 a solo 38 unidades. La compañía, que financia directamente buena parte de las operaciones con sus clientes y recibe maquinaria usada como parte de pago, quedó especialmente expuesta al deterioro de la cadena de pagos que afecta a buena parte del sector agroindustrial.