Las perlas de la revisión con el FMI
La segunda revisión del Extended Fund Facility (EFF), aprobado originalmente en abril 2025, no sólo evaluó el desempeño macroeconómico reciente de la Argentina y actualizó sus proyecciones de mediano plazo, sino que, además, introdujo modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas y sugestivas sugerencias de política económica.
Otra vez sopa. En el documento aprobado, el FMI sostuvo que “el ancla fiscal debe seguir siendo la piedra angular del plan de estabilización”. “La continua restricción del gasto es recomendable, especialmente la racionalización de subsidios, salarios y transferencias a las empresas estatales”. Para ello, actualizó la meta fiscal para 2026 y la ubicó en $16,34 billones (1,4% del PBI). El organismo reconoció que, para cumplir con la meta, tanto la Ley de Financiamiento Universitario, como la referida a pensiones por discapacidad y la aplicación de la Reforma Laboral, generan presión adicional sobre el frente fiscal. Resulta evidente, entonces, que la decisión del gobierno de judicializar las dos primeras normas y postergar la tercera (por sugerencia del propio FMI) se relacionan con las dificultades para cumplir con lo exigido por el organismo. A pesar de ello, y dado que los números no cierran por la caída de la recaudación, las postergaciones no limitaron el ajuste. Según el organismo, debería haber un recorte de $2,33 billones en gasto social, $0,82 billones en subsidios energéticos, $1,17 billones en salarios públicos, $1,17 billones en obra pública, y $0,47 billones en reducciones discrecionales. Pero la situación es aún peor, porque estos ajustes ni siquiera resuelven el problema de 2026. Proyectando el superávit fiscal de este año según la evolución de 2025, el resultado fiscal sumaría $11,71 billones, por lo que quedarían recortes aun por aplicar por unos $4,55 billones.
Acomodando argumentos. El organismo reafirmó sus críticas al IPC al sostener que “el prolongado retraso en la actualización de la Inflación dejó a la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual.” Sin embargo, y a pesar de haber sido el propio Fondo quien acordó con el gobierno la aplicación de nuevos ponderadores desde enero de 2026, en este nuevo documento asumió la postura oficial: “Las autoridades (el Gobierno) tienen la intención de publicar el IPC actualizado una vez la desinflación está firmemente establecida, junto con la asistencia técnica del FMI apoyando el fortalecimiento continuo de los arreglos institucionales sobre las estadísticas oficiales”. Vale recordar que, entre diciembre 2023 y abril 2026, la inflación acumulada, según los datos oficiales del INDEC, alcanzó el 303,5%, mientras que, al recalcular el índice utilizando ponderadores actualizados para todo el período, la inflación acumulada asciende al 352,6%. Esto representa una brecha del 12,2% en el nivel del índice respecto a lo publicado por este organismo. Por cierto, el FMI proyecta una inflación acumulada del 25,0% para todo 2026, lo que implicaría, dada la evolución reciente de precios, una inflación de 1,4% mensual para los 8 meses restantes del año.
Actividad desigual. El propio FMI reconoce la “recuperación ha sido desigual, donde los sectores de mano de obra más intensiva, como la construcción y la industria manufacturera están rezagados en relación con los sectores primarios más dinámicos (energía, minería y agricultura) y el sector financiero”. Sin embargo, evita confirmar que esto constituya una característica fundamental del modelo Milei. Al respecto, vale recordar que al comparar el nivel de actividad económica de los últimos 12 meses (promedio de abril 2025 a marzo 2026) frente al promedio de diciembre 2022 a noviembre 2023 (últimos 12 meses previos a la asunción del Gobierno), se observa que Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 47,0%, Explotación de minas y canteras hizo lo propio en 20,1%, e Intermediación financiera, en 19,7%, mientras que Construcción, Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayeron 13,8%, 9,4%, 5,0% respectivamente.
Morosidad. “El crédito en términos reales se ha estancado desde el tercer trimestre de 2025 y los préstamos morosos han aumentado, especialmente en el segmento de préstamos al consumo, lo que refleja condiciones monetarias estrictas y cierta moderación en el crecimiento del ingreso real de los hogares (…) Los Proveedores De Crédito No Bancarios, principalmente las fintech exhiben tasas de morosidad más altas (alrededor del 25%), y los crecientes vínculos con bancos y fondos mutuos plantean posibles riesgos de contagio” sostiene el FMI y agrega “se debe fortalecer la supervisión de los NBCP para contener los efectos de contagio y al mismo tiempo preservar la inclusión financiera.” Es ilustrativo el tratamiento del FMI sobre el tema endeudamiento: preocupación por los bancos y Fintech y ninguna referencia a los salarios ni al origen del problema. Lo cierto es que desde el bimestre octubre-noviembre de 2024, la irregularidad del crédito de las familias, tanto en el sistema financiero como en los Proveedores No Financieros de Crédito, registró incrementos mensuales ininterrumpidos que llevaron el ratio en Proveedores Financieros de 2,5% en octubre 2024 a 12,0% en abril 2026 (el más elevado desde la crisis de 2001), y en Proveedores no financieros, de 7,3% en noviembre 2024 a 32,0% en abril 2026.
Privatizaciones. Para variar, el FMI repite la vieja receta de las privatizaciones. El FMI anticipa que tanto durante el curso del 2026 como del 2027 el Gobierno proyecta recaudar mediante la venta y concesión de empresas y activos estatales USD 4.000 millones (USD 2.000 millones cada año). El organismo hace mención explícita de los casos de Transener (USD 365 millones) y AySA (aproximadamente USD 500 millones) que ya se encuentran iniciados los procesos de privatización. A su vez, también incluye la licitación de ferrocarriles, vías navegables y la concesión de más de 9.000 km de rutas durante este año.
Reforma previsional. El FMI califica al sistema previsional argentino como “fiscalmente insostenible”. Propone financiar la PUAM y la pensión básica exclusivamente con impuestos generales, lo que en la práctica significa que queden sujetas a recortes “si la plata no alcanza”, y aumentar la edad jubilatoria. Mientras tanto, el Fondo señala que el cambio de fórmula por inflación adoptado en 2024 sigue siendo la clave para lograr la contención real del gasto en el corto plazo, es decir, no favoreció para nada a los jubilados.
Reforma tributaria. El gobierno se comprometió ante el FMI a presentar una propuesta de reforma tributaria integral antes de fin de año ¿Que sugiere el organismo? Entre otras cuestiones, que la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias alcance al 20% de los trabajadores formales y que los monotributistas paguen más o queden alcanzados por el Régimen General. Agrega, además, que la alícuota de Ganancias Sociedades se unifique en 30%, favoreciendo a las grandes (que hoy pagan 35%) y perjudicando a las chicas /que hoy pagan 25%). Y propone reducir gradualmente las retenciones (especialmente en soja, trigo y maíz) y disolver de forma progresiva impuestos a las transacciones financieras. Más presión sobre los chicos, menos sobre las grandes. En definitiva, más trabajadores pagando Ganancias, una mayor presión sobre monotributistas e incremento de la alícuota de Ganancias a las empresas chicas a la par de la menos la alícuota para las empresas grandes y reducción de retenciones.
