La CONAREPA, el antecedente del decreto de Macri que le puede hacer perder millones al Estado

La implementación por la vía del decreto del presidente Mauricio Macri de la “extinción de dominio”, con el objetivo de “recuperar el dinero mal habido” de la corrupción política, el narcotráfico y otros delitos, puede terminar costándole al país cientos de millones de pesos toda vez que, de acuerdo al criterio de reconocidos juristas, se trata de una medida inconstitucional.

Lo cierto es que el oficialismo intentó imponer la extinción de dominio por la vía legislativa, pero el proyecto de Ley que llegó al Congreso fue tildado de “mamarracho” por la oposición. Frustrado, y necesitado de retomar la iniciativa política, Macri volvió de sus vacaciones con el decreto bajo el brazo.

El problema es que, de acuerdo a la Constitución, y de tratados internacionales, Macri está imposibilitado de legislar en la materia. Con lo cual, si el decreto se aplicara, en el caso de que no sea inmediatemente “fulminado” por el propio Congreso o por la Justicia Federal, dejaría abierta la puerta para que quienes se vean alcanzados eleven reclamos que pueden terminar siendo muy onerosos para el Estado.

El reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat admitió la posibilidad. Dijo que pueden “recurrir a acciones judiciales por parte de cualquier afectado o en caso de amenaza de afectación, como establece el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

De hecho ya existe un antecedente en ese sentido. La última dictadura militar implementó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que se ocupó de juzgar a exfuncionarios y empresarios ligados al tercer gobierno peronista, que actuó entre 1973 y 1976 con las presidencias de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón.

La CONAREPA, recuerdan los memoriosos, fue creada en 1977. Detuvo y confiscó los bienes a 80 personas, que, luego del retorno de la Democracia y reinstaladas las garantias constitucionales, reclamaron ante el Estado y obtuvieron indeminizaciones por 200 millones de dólares, según estimaba en 2001 una nota del diario Clarín.

El mismo artículo consignaba que la CONAREPA perdió casi todos los juicios que enfrentó y debió llegar a acuerdos extrajudiciales, porque actuó “prácticamente” sin pruebas. Si el DNU de Macri se aprueba a pesar de las serias objeciones que pesan sobre su legalidad, las puertas están abiertas para que se repita la historia.

Fuente: Infocielo

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