«Con la nueva doctrina de seguridad van a pagar justos por pecadores»

La decisión del presidente Mauricio Macri de recibir como un héroe a Luis Chocobar, el policía que le disparó por la espalda a un ladrón que acababa de apuñalar a un turista en La Boca, disparó una nueva polémica sobre el control del delito, que le permitió a la ministra Patricia Bullrich anunciar un «cambio de doctrina» en materia de seguridad.

el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, detalla cómo debe actuar la policía frente al delito en función de los protocolos y leyes vigentes, analiza la política de seguridad del Gobierno, advierte que en Argentina hay «un estado democrático de derecho» y que la ley le marca los límites al poder y asegura que, con el cambio de doctrina, «van a pagar justos por pecadores».

BIOGRAFÍA. Nació en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1941. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1984 y 1986 se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y formó parte del histórico Juicio a las Juntas militares. Presidió el tribunal al momento en que se dictara la sentencia. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 1989 y 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, y en 1998 fue designado por Eduardo Duhalde como ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Durante su gestión cambió la ley orgánica policial e inició el proceso de descentralización de la policía, al dividirla en 18 Jefaturas Departamentales, se reformó el Código Procesal bonaerense y se creó la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional, integrada por un Auditor de Asuntos Internos. Renunció en 1999 y en 2004 volvió a ser nombrado para ese cargo por el entonces gobernador Felipe Solá. En 2005 creó el servicio 911. Renunció a su cargo en 2007 y desde entonces se dedica a la actividad privada. En 2012 formó parte de la comisión redactora del nuevo Código Penal que presidió Raúl Zaffaroni, junto a Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y María Elena Barbagelata (PS). 

 

-¿Cuándo un policía puede o debe hacer uso de un arma letal y cuándo eso se convierte en un abuso de autoridad y en un delito?

-Es muy fácil. Eso está normado por el Código Penal en el artículo 34. Para que pueda usar el arma tiene que haber una agresión ilegítima, no provocada y que tenga por objeto evitar o repeler el daño que se le quiere infligir a él o a una tercera persona. En esas condiciones puede usar un arma. Más fácil: si no tiene que repeler una agresión no debe usar el arma. Para hacer cesar una agresión en progreso o evitar.

-¿Tiene una evaluación sobre el caso Chocobar?

-No desearía hablar del caso porque es un tema delicado y hay que tener conocimiento de las circunstancias, detalles, etcétera, pero deberíamos ver si le cabe o no esta regla. Si trató de detener a un delincuente que se dio a la fuga después de haber cometido un hecho, es una cosa. Si lo que pretendía hacer era repeler la agresión de quien había matado a una persona con un cuchillo, con disparos de armas de fuego. es otra situación.

-Usted fue ministro de Seguridad. Puesto en esta situación, ¿le hubiera recomendado al Presidente que recibiera a Chocobar?

-Evidentemente no. Porque además había una circunstancia clara. Un juez penal con competencia y dotado de facultades constitucionales para eso había decidido el procesamiento del policía y había concebido su libertad en función de una situación que calificó como legítima defensa. Me parece que no era el mejor caso como para poner de relieve una acción heroica.

-Esta semana la ministra Patricia Bullrich dijo que «la doctrina cambió» y la policía «no es culpable en un enfrentamiento». El Gobierno llevará esta idea al nuevo Código Penal e introducirá una «presunción de legalidad» de los actos de los agentes. ¿Le parece viable esa idea? ¿Existe en algún otro lugar?

-No tengo conocimiento de que eso exista en ningún lado. Habría que ver en qué términos se lo prevé y cómo se redacta. Pero el tema va a dar lugar a un debate importante. Hay que respetar y aplicar la ley en las condiciones en las que está redactada actualmente. No solamente el Código Penal sino también las reglamentaciones vigentes en materia de ley orgánica policial y protocolos de actuación, que en absolutamente todos los casos preservan la actuación, el uso de la fuerza y la utilización de armas de fuego en los supuestos que he descripto anteriormente. No hay ningún caso en los que para evitar que alguien huya, después de haber cometido un hecho delictivo, el policía deba efectuarle disparos.

-Lo que plantea el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es que «hay que recordar que minutos antes el delincuente había acuchillado a una persona».

-Eso suena más bien a venganza. Suena a retaliación. No funciona así.

-¿Es la ejecución de una pena sin juicio?  

-Pero por supuesto, sin dudas es una ejecución sin juicio. Creo que si bien es cierto que hay una opinión pública muy requirente, que demanda acción y más protección y prevención,  y que incluso puede celebrar la muerte del delincuente, el tema es delicado porque cuando nosotros vamos a ver cómo funcionaría esto en la experiencia general nos vamos a llevar grandes sorpresas. Con el cambio de doctrina van a pagar justos por pecadores. Todos los días la crónica policial muestra o describe situaciones tales como que en un tiroteo o en una persecución perdió la vida una nenita que iba con la abuela, una señora se quedó con el ojo, una persona que iba manejando recibió un disparo y quedó paralítico. Entonces el tema es extremadamente delicado.

En medio de esta discusión por este tema se produce una balacera en el centro de la Ciudad de Buenos Aires en hora pico. Dos personas que no tenían nada que ver con las fuerzas de seguridad ni con la banda que había intentado asaltar una joyería terminan heridas de bala. ¿Cuál es la prioridad en una situación como esa? ¿La captura de los delincuentes?

-No, de ninguna manera. La prioridad es evitar la puesta en peligro y el daño de otros bienes jurídicos valiosos, de la vida de terceras personas. Si en función de querer aprehender a un ladrón que robó una joyería resulta ser que matamos a dos personas, no tiene ningún sentido. Rompe toda lógica.

-¿Por qué cree que la policía está actuando de esta manera?

-La ministra dijo que cambiaron la doctrina. Pero la doctrina no se puede cambiar verbalmente. Lo que ha ocurrido es que seguramente ha venido habiendo una suerte de aleccionamiento a las fuerzas policiales para que tengan más libertad para el uso de la fuerza garantizándoles una cobertura. La primera tapa de los dos diarios más importantes de la Argentina, con el Presidente recibiendo al policía, son los que corroboran lo que estoy diciendo. Y cuando los mismos diarios publican el video en el que se ve efectivamente cómo fueron los hechos entonces uno se da cuenta de que doctrina hay una sola y que, cuando se la pretende cambiar, los resultados no son buenos.

-¿Cómo cree que se debería haber actuado?

-El ejercicio del poder dentro del Estado está dividido. Hay fuerzas de seguridad para proteger bienes jurídicos, la vida de personas, la propiedad, para reprimir el delito pero, fundamentalmente, para prevenirlo. Y luego hay un Poder Judicial que es el que decide si la persona cometió efectivamente el acto y si merece una pena. Eso lleva un análisis sutil y complejo que en definitiva tiene por finalidad que las garantías constitucionales se respeten. El que ha delinquido merece tener un juicio justo, una defensa adecuada a sus derechos y un tribunal que decida su suerte. Si extremásemos los criterios, podríamos terminar en ejecuciones informales hechas por uno de los poderes o de los agentes del Estado y prescindiríamos de decisiones judiciales. Lo que puede ocurrir, a propósito de casos como estos, es que entren en colisión las decisiones del Poder Judicial con quienes tienen el manejo de las fuerzas de seguridad.

-Precisamente, un abogado denunció al juez Enrique Velázquez, que procesó Chocobar, ante el Consejo de la Magistratura.

-Gestos y más gestos. Fotos y denuncias. Hay que tener la cabeza muy fría. Es muy delicada la función de quien gobierna, porque tiene que atender la demanda pública por seguridad, pensar que hay mucha gente que confía en él y lo ha votado y, al mismo tiempo, saber que para hacer eso tiene grandes límites en la ley. Por fortuna el nuestro es un Estado democrático de derecho y el poder tiene límites.

-El Gobierno dice que lo que quiere hacer es darle la señal a las fuerzas de seguridad de que está dispuesto a combatir el delito y que lo que transmiten las fuerzas de seguridad es que en algunos momentos prefieren no actuar por temor a terminar con un proceso judicial. ¿A usted le pasó algo similar siendo ministro de Seguridad?

-La policía se encuentra en una situación muy compleja porque tiene también una misión delicada, la facultades para hacer uso de la fuerza y el riesgo permanente de salirse del marco legal en ese ejercicio. Para eso lo que se necesita es una academia extremadamente cuidadosa, leyes modernas, dotar a la policía de la tecnología y todos los elementos que nos ofrece la ciencia, tener la conducción estratégica, que es lo que hace el Gobierno, y hacer lo que se llama «accountability», que tienen los americanos y los ingleses, acerca de cómo funciona y qué responsabilidad pueden tener los hombres de la policía. Estas son reglas universales, elementales. Y a la policía se le pueden dar muchos gestos de apoyo, darles una mejor academia, la mayor cantidad de beneficios de naturaleza social, cobertura de salud, cobertura familiar, cubrirla de todas aquellas necesidades que la pongan al amparo de evitarle caer en tentaciones.

-¿Usted cree que, como planteó el asesor del Gobierno, Jaime Durán Barba, la mayoría de la población reclama pena de muerte?

-No, no, para nada. No hay una tendencia de ninguna manera en nuestra sociedad hacia la exigencia de la pena de muerte. En el mundo va en franco retroceso. La tendencia abolicionista de pena de muerte es muy grande, cada vez la tienen menos países.

-¿Cómo analiza la política del Gobierno en materia de seguridad y los resultados va teniendo?

-Es muy difícil dar una respuesta a un tema tan complejo. Lo que me parece es que no se logrado todavía en la Argentina tener una doctrina muy firme en materia de seguridad pública ni políticas públicas de seguridad. Es un déficit que tiene el país y viene arrastrando al menos desde que se restableció la democracia. Por orden de la CIDH, el Gobierno nacional tiene la obligación de resolver una multitud de problemas que están sin solución porque no tienen legislación adecuada. Un tema es qué formación tiene que tener la policía; otro es si los afectivos pueden portar armas cuando se van a su casa. Todo esto no ha sido hecho y no pareciera ser que las cosas estuvieran encaminadas en ese sentido. Es una crítica que abarca a muchos gobiernos. Y el otro debate es si el crecimiento de los índices del delito responde a la tibieza con que las fuerzas de seguridad operan para reprimirlo o, acaso, a la falta de políticas de prevención social apuntadas a la gente que está fuera del sistema. En este momento las cárceles de la provincia de Buenos Aires explotan, tienen 44 mil internos, el doble de lo que caben. La opinión pública se pone contento pero tenemos que desnudar la verdad.

Fuente: Letra P