Vidal tendrá en sus manos un nuevo informe que revela la grave crisis carcelaria
Este miércoles, la Comisión Provincial por la Memoria presentará un nuevo informe anual que revela la catastrófica situación que se vive en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La cita será a las 18 horas en el anexo del Senado, en La Plata, y está invitada la gobernadora María Eugenia Vidal, además de sus funcionarios. Desde el organismo que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, destacan que en estos últimos dos años en Cambiemos hayan reconocido la crisis existente en el área pero exigen que tal preocupación se plasme en los hechos. Continúan pidiendo por el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura.
“El sistema de la crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”. Así se llama el informe que la CPM dará a conocer este miércoles, por décimo primer año consecutivo, con un panel de presentación que estará integrado por los presidentes de la CPM, Pérez Esquively Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante del organismo Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, madre de uno de los jóvenes muertos en la Masacre de Pergamino. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.
Además de Vidal, recibieron invitaciones distintos funcionarios del gabinete provincial, legisladores, actores judiciales, organizaciones sindicales y de derechos humanos. El vicegobernador Daniel Salvador confirmó su presencia. Tras una consulta, fuentes cercanas a la gobernadora no aseguraron que vaya a estar, ya que tendrá agenda de campaña por el sur bonaerense.
«En la Provincia, desde el inicio de su gestión, el gobierno actual reconoció la crisis del sistema penal pero, más allá de las declaraciones públicas, la única respuesta fue sostener las emergencias en seguridad y penitenciaria que, lejos de ser una solución, han demostrado ser parte del problema. Mientras tanto, el aumento de la población carcelaria se profundiza, la práctica sistemática de la tortura se extiende y el hacinamiento y la sobrepoblación siguen siendo las principales características del sistema de encierro más grande del país. Todo esto como contra cara de una política de seguridad que continúa anclada en la lógica de la saturación territorial y la ampliación de facultades para las fuerzas de seguridad», evalúan los autores del trabajo.
Este décimo primer informe anual expone los datos relevados durante el 2016 por la CPM en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad. La tasa de encarcelamiento, las denuncias de torturas, las prácticas ilegales y arbitrarias de las policías en su despliegue territorial, la extrema vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el uso letal de la fuerza pública vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente.
Todo esto ha sido denunciado reiteradamente por la CPM frente a todos los poderes del Estado provincial, nacional y los organismos internacionales que han reconocido, en más de una oportunidad, esta situación crítica. Desde el organismo remarcan que la gestión de Vidal reconoció recién asumida la grave crisis en materia penitenciaria y de seguridad, pero que más allá de las declaraciones públicas, no realizó reformas estructurales ni implementó políticas públicas tendientes a sancionar, erradicar y prevenir la tortura.
«A la par de este deterioro institucional, la adopción del paradigma de lucha contra las ´nuevas amenazas´ (narcotráfico y terrorismo) marcó la intervención definitiva de las fuerzas militarizadas en el territorio y la sanción de leyes regresivas en materia de derechos y garantías constitucionales. A ello debe sumarse la represión a la protesta social y la criminalización de los migrantes. Todas estas medidas son inconstitucionales, antidemocráticas y traerán graves consecuencias sociales», sostienen.
Ante este panorama, la CPM viene manifestando la relevancia de avanzar en la implementación de tres leyes fundamentales: la policía judicial, las fiscalías especializadas en violencia institucional y la autonomía de la defensa pública. A esto se agrega una cuarta herramienta institucional indispensable, como es el reconocimiento legal de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, (conforme lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU), consagrando el rol que el organismo viene cumpliendo de hecho desde hace más de 15 años.
Fuente: Letra P