Odebrecht, sindicatos, De Vido: la campaña sucia por la transparencia
En menos de un mes, el calendario político de la Casa Rosada cuenta con, al menos, cinco casos que le permitieron profundizar el discurso electoral de transparencia como un salvoconducto para atravesar las tormentas de la economía y los posibles coletazos que podrían generar en los próximos cuatro meses. “Eso es un disparate, hay que cambiar el chip, nosotros no tenemos ninguna manera de influenciar a la Justicia, ni pretendemos hacerlo”, repitieron casi al unísono los voceros del Gobierno consultados por este medio. Sin embargo, en algunas oficinas del Gabinete, especialmente dentro del Ministerio de Justicia, hay un mapa judicial con los casos por corrupción que podrían generar nuevos hechos en lo que resta del año.
Esa línea de tiempo es actualizada, entre otros funcionarios, por la jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, cuyos abogados y asesores siguen en detalle la evolución de los casos que laten en la Justicia Federal.
El dibujo de casos, es la segunda edición, del primer mapa que el presidente Mauricio Macri tuvo en sus manos apenas asumió. “Que estemos informados no implica que manejemos los casos. ¿Cómo se explica entonces el allanamiento que tuvimos por el caso Avianca o las investigaciones contra el Presidente o algunos funcionarios?”, se preguntan desde la cartera de Justicia para defenderse de las sospechas sobre un fervoroso auspicio por parte del Gobierno para que sus adversarios electorales deban pasear seguido por las escaleras de los tribunales de Comodoro Py.
Entre las decisiones de algunos magistrados, más algunas intervenciones públicas del Presidente, como el pedido que le hizo al titular de la AFA, Claudio Tapia, “para transparentar el fútbol”, la agenda política de la pre-campaña electoral suma hechos curiosamente vinculados al interés del oficialismo por sobreactuar su discurso de “transparencia”.
En rigor, no se trata sólo de una aspiración, sino de uno de los principales insumos discursivos que Cambiemos explotará a través de algunos de sus candidatos, como es el caso de la “hormiguita” Graciela Ocaña, que ahora encabeza la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y de Gladys González, segunda candidata a senadora nacional dentro de la misma lista, que fue elegida, entre otras cosas, por los resultados de su intervención al frente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El gremio fue descabezado el año pasado por la Justicia, luego de encarcelar a su histórico secretario General Omar “Caballo” Suárez. Ahora el Gobierno se prepara para obtener los mismos réditos electorales con la intervención judicial del sindicato de Canillitas, que hasta el lunes era encabezado por Omar Plaini.
En el plano de las acusaciones directas contra el kirchnnerismo, el oficialismo tiene en la mira dos casos judiciales en marcha: el pedido de procesamiento contra el diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, que estalló esta semana, y la evolución del juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou.
EL RIESGO DEL BOOMERANG. Dentro del Gobierno hay un sector que duda sobre los dividendos que podría generarle a Cambiemos la “sobreexplotación” de las investigaciones judiciales que involucra a funcionarios de la gestión anterior. Incluso, en algunos casos, las implicancias de algunos expedientes relacionados con De Vido preocupan al Presidente. Uno de ellos sumó novedades este jueves, cuando el juez federal Claudio Bonadío ordenó 251 indagatorias a empresarios del transporte público, entre los que figuran los dueños del Grupo Plaza: Mario, Sergio, Nicolás, Antonio, Vicente y José Cirigiliano, un clan que mantiene una estrecha relación con la familia Macri, y especialmente con el actual jefe de Estado. Se trata del mismo expediente en el que el fiscal federal Carlos Stornellisolicitó el procesamiento de De Vido y puso en aprietos al kirchnerismo, que ahora buscará intentar que el actual diputado nacional no sea desaforado.
El entramado de relaciones que cruza al PRO con el kirchnerismo durante los dos mandatos de Macri como jefe de Gobierno porteño, es uno de los obstáculos que tiene Cambiemos para tirar mucho de esa soga. No es lo que dicen cerca del jefe de Gabinete Marcos Peña, donde sobreactúan las pasiones “mani pulite” del Presidente, con el abierto apoyo de su socia menor Elisa Carrió.
Esa combinación fue imposible hasta abril, gracias al empeoramiento del escándalo vinculado con la fallida quita de deuda que el Presidente estuvo a un paso de autorizarle a su familia por la privatización del Correo Argentino y por las denuncias que hizo la diputada chaqueña contra el amigo presidencial y titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Ambos temas ya no son un obstáculo en la relación personal que comparten Macri con Carrió: la jefa de la Coalición Cívica aceptó no hablar más del tema del Correo, aceptó en silencio la expulsión de su protegido, el ex procurador del Tesoro de la Nación Carlos Balbín, que finalmente fue reemplazado por un ex abogado del Grupo Macri, Bernardo Saravia Frías.
Con esas tensiones en el pasado, los socios menores del PRO celebran el avance de otras causas, como la que derivó en la detención de Jorge Castillo, administrador de la mega feria de La Salada, que cayó preso dentro de 55 allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.
Apenas Castillo fue detenido, los operadores de prensa del Gobierno insistieron con la vinculación de Adrián Castillo (sobrino del principal acusado) con el actual intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, que de inmediato negó todo. El fervor inicial del oficialismo comenzó a ser contenido cuando comenzaron a circular fotos de Jorge Castillo con actuales candidatos, como el matancero Héctor “Toty” Flores, que integra la lista de diputados nacionales por Cambiemos; o con Martín Lousteau, primer precandidato a diputado por el radicalismo en la Capital, que competirá con Cambiemos.
Todos estos casos son parte de un menú cuyo plato central gira en torno al máximo desafío judicial y comunicacional para la estrategia d Cambiemos: las implicancias locales del caso Lava Jato, a partir de los 35 millones de dólares de coimas que la brasileña Odebrecht habría pagado en Argentina. En comparación con el impacto político que ha tenido en otros países, la marea local es muy baja, aseguran los asesores del Presidente. Pero su volumen ya obligó al Ejecutivo a impulsar una fallida negociación privada con los abogados locales de Odebrecht y a la suspensión por un año de su permiso para presentarse a licitaciones públicas.
Mientras la Justicia Federal avanza en la mayoría de los casos que podrían beneficiar al Gobierno, la Casa Rosada acelera el plan de contención sobre Odebrecht, mientras se acorta la cuenta regresiva para que, finalmente, los fiscales brasileños empiecen a enviar a sus pares argentinos algunas pruebas sobre los pagos locales de la multinacional verdeamarella.
Dentro de Balcarce 50 aseguran que la mayoría de las esquirlas de esa caja de Pandora será para ex funcionarios del kirchnerismo. Pero en Comodoro Py no comparten esa certeza y apuntan al oficialismo. Especialmente por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la obra que ya tiene un 80% de ejecución. Desde la semana pasada, Odebrecht ya no forma parte de la Unión Transitoria de Empresas y fue reemplazada por la italiana Ghella, histórica socia del primo del Presidente, Angelo Calcaterra, que fue obligado a vender sus acciones de la constructora IECSA a favor del empresario energético Marcelo Mindlin, uno de los magnates aliados de Macri.
Fuente: Letra P