Más trabajo para el abogado del Presidente
Alejandro Raúl Alberto Pérez Chada tiene más trabajo que nombres. Es el abogado del presidente Mauricio Macri, que este martes sumó un nuevo conflicto con la Justicia: una investigación penal impulsada por el fiscal federal Pedro Zoni determinará la responsabilidad del jefe de Estado en el acuerdo que el Gobierno firmó con la empresa Correo Argentino S.A., una firma del grupo SOCMA, el holding de la familia presidencial, y si ese convenio supone un perjuicio patrimonial multimillonario para el Estado nacional, como sospecha.
Con el macrismo en el poder, Pérez Chada no para: además de patrocinar al jefe del Estado, su estudio se hizo cargo de las defensas de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por el origen del dinero que le robaron de su casaen la noche del 22 de noviembre de 2015, mientras festejaba el triunfo amarillo en el ballotage presidencial; del carapintada Juan José Gómez Centurión, quien, antes de provocar un escándalo por negar 22 mil de los 30 mil desparecidos de la dictadura cívico militar, fue imputado por presuntas maniobras de contrabando en la Aduana, de la que es director, y también del binguero presidente de Boca, Daniel Angelici –operador judicial del primer mandatario-, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias.
En una nota publicada el 23 de agosto de 2016, el periodista de Letra P Claudio Mardones trazó un pormenorizado perfil de Pérez Chada y el mapa de sus relaciones en el árbol genealógico PRO.
Como el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, investigado por el posible cobro de coimas de la constructora brasileña Obedrecht en lo que podría constituir un brazo argentino del mega escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, Pérez Chada está inscripto en la AFA desde 2002 como negociador de jugadores de fútbol.
Por esa actividad paralela al ejercicio de la abogacía pero, fundamentalmente, por su relación con Angelici, llegó a representar al ídolo zeneize Juan Román Riquelme. Fue en 2008, ante una acusación de incitación a la violencia de la justicia contravencional porteña.
Sus antecedentes en el trading futbolístico –contó este portal en aquella nota- son menos conocidos que los de Arribas. Los reconocimentos se deben más a las defensas a favor de Macri en dos expedientes clave para la carrera política del Presidente: la causa que lo investigó como partícipe necesario de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal dentro del Gobierno porteño, por la que fue sobreseído en segunda instancia, y su responsabilidad en la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), dedicada a perseguir, hostigar, golpear y desalojar a personas en situación de calle durante el desempeño de Juan Pablo Piccardo como ministro de Ambiente y Espacio Público, en el primer mandato como alcalde del actual jefe del Estado. Piccardo está al mando de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) desde que dejó el ministerio ambiental en manos del actual vicealcalde, Diego Santilli.
En la defensa de Gómez Centurión, Pérez Chada trabaja en tándem con otro abogado de alta alcurnia: Hugo Wortman Jofre, letrado del Grupo Clarín en varios casos contra el Gobierno y contra distintos periodistas, como Roberto Caballero.
El hilo que une a Pérez Chada con Wortman Jofre es el abogado y actual diputado del Parlasur Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, que fue en 2008 jefe de Gabinete de Piccardo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y principal impulsor de la patota sostenida por el Estado para perseguir personas en situación de calle. A Pepin se le adjudica la idea –convertida en papelón- de nombrar por decreto a dos jueces a los dos jueces de la Corte que impulso Macri para cubrir vacantes en el máximo tribunal.
Wortman defiende a Clarín bajo la coordinación de Rodríguez Simón. «Pepín» publicó el libro «Clarín y la Ley de Medios. Las claves para entender la Ley de Medios y la relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín», una obra publicada por Editorial Planeta que buscó difundir los argumentos jurídicos del multimedios contra el Estado antes del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la norma.
Fuente: Letra P