Pacto Fiscal, el arma de Macri contra nueva ley de Ganancias
Después del fuerte impacto interno que provocó el martes la aprobación del proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, el Gobierno comenzó a diseñar su contraataque. Será la denuncia del Pacto Fiscal, que el 2 de agosto firmaron las provincias con el Ejecutivo en la Casa Rosada, y que compromete a los gobernadores a equilibrar sus cuentas fiscales a cambio de una nueva coparticipación federal. El macrismo irá a todo o nada con los responsables de las cuentas provinciales y les aclarará que si se aprueba en el Senado el proyecto de la oposición avalado en Diputados, el macrismo entenderá que no se podrá cumplir con ese pacto; y que, hacia delante, serán las provincias las que necesitarán nuevos fondos sin la Nación para cerrar sus cuentas, las que, en casi todos los casos, estarían en peligroso rojo fiscal. O que, a cambio, se comprometan con el Ejecutivo a una «foto simbólica» con Mauricio Macri para justificar el veto presidencial a una eventual aprobada ley de ganancias según los lineamientos que se aprobaron el martes. El dinero en juego no es poco. Son unos 86.000 millones de pesos de más que la Nación se comprometió a girar a las provincias en 2017, si estas se comprometen a bajar el déficit fiscal.
Aseguran en el macrismo que la denuncia del Pacto Fiscal por parte del Gobierno es el mejor antídoto para lograr el apoyo de los gobernadores; los que, a esta altura, son la única alternativa para frenar los cambios en el tributo; o, al menos, compartir las pérdidas. Y los gastos. Fiscales y políticos. Según la letra del Pacto Fiscal firmado en agosto, el Gobierno apunta a la Cláusula 1, en la que se apela al déficit fiscal donde las partes se comprometen, teóricamente, a «adoptar las medidas que fueran necesarias a los fines de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal en cada jurisdicción en el año 2019 y mejorar de manera progresiva la calidad de los servicios prestados por el Estado». En la Cláusula 3, se establece la puesta en marcha de un debate para definir una nueva ley de coparticipación federal (en Interior aspiran a tenerla consensuada «para fines de 2017 a más tardar»), y también disponer «metas fiscales que converjan al equilibrio financiero para 2019».
Firmaron este acuerdo Gerardo Morales (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Schiaretti (Córdoba), Ricardo Colombi (Corrientes), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Casas (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Héctor Gutiérrez (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). También los vicegobernadores de Chubut, Mariano Arcioni, y de Santa Fe, Carlos Fascendini. Ad referendum, esperando la aprobación de las legislaturas, avalaron La Rioja, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Por el Ejecutivo firmaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y negociaron el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
La idea general era que para fines de 2017 esté redactado un nuevo proyecto de coparticipación federal y que en 2018 se apruebe. Pero antes la Nación se comprometía a una retribución de casi el 15% en 2017 en los ingresos fiscales para las provincias. Lo que considera ahora el macrismo es que si los gobernadores no apoyan al Ejecutivo en el Senado o, posteriormente, al eventual veto presidencial, la Nación se libera del compromiso porque considerará que las provincias no están comprometidas con el Pacto Fiscal, en el capítulo de cuidar los ingresos y los gastos. De avanzar la posición oficial, los números de las provincias se complicarían aún más que con la pérdida de los ingresos de Ganancias y con los mayores impuestos que afectarían las economías regionales. Ese 15% del total de recaudación coparticipable comprometido para 2017 implicaría que los presupuestos provinciales deberían recortar aún más sus recursos de los gobernadores; los que, en la mayoría de los casos, ya tienen serios problemas para cerrar 2016 luego que desde los sindicatos de las administraciones públicas les impongan un bono de fin de año, siguiendo el ejemplo de la Nación.
La amenaza del Ejecutivo va más allá e implicaría que el fuerte déficit que se generaría tendría una contrapartida fuerte en los frenos en los avales de la Casa Rosada (más específicamente el Ministerio de Hacienda) para colocar más deuda en los mercados locales e internacionales; además de una reducción sustancial de la voluntad del macrismo para pedirle al Banco Nación que aceleren los créditos puente a las gobernaciones.
El plan de denuncia del Pacto Fiscal tiene una flaqueza: su principal impulsora es María Eugenia Vidal, a la que se le prometió desde la Casa Rosada que la nueva ley de coparticipación vendría con la inclusión de mayores fondos para la provincia de Buenos Aires. Para esa provincia, serían no menos de $10.000 millones menos en 2017.
Fuente: ámbito.com