Nuevo capítulo de la motosierra
Adorni y Sturzenegger pretenden avanzar con más despidos voluntarios en organismos descentralizados para sumar salidas a los 60 mil personas que ya dejaron en la calle.
El gobierno de Javier Milei avanza con nuevos planes de retiros voluntarios en organismos descentralizados. Vialidad Nacional, el Inta, el Inti y los medios públicos son algunas de las reparticiones en las que este año busca, nuevamente, reducir personal. La mayoría de esos organismos ya tuvieron recortes de la gestión libertaria; incluso algunos pasaron por intentos de cierre, que sus trabajadores frenaron con planes de lucha y la intervención de la Justicia o el Congreso.
La nueva poda está siendo impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Apunta a terminar el 2026 con 30 mil trabajadores estatales menos, como mínimo, o 60 mil menos en el mejor -siempre según el criterio libertario- de los casos.
Los organismos apuntados
De acuerdo a la información que relevaron los gremios, los organismos que tienen abiertos retiros son la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble, la Administración Nacional de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Cine, la Casa de la Moneda, Parques Nacionales, la Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual y Vialidad Nacional.
Catalano agregó que el gobierno reduce la planta de trabajadores “sin considerar el impacto que tiene sobre el funcionamiento del aparato estatal y la calidad de las políticas públicas”.
“El resultado es la pérdida de cuadros técnicos y profesionales formados durante años, un capital humano difícil de reconstruir”. Si para el Estado hay un costo, a nivel social y personal también genera situaciones difíciles de remontar, porque “en el mejor de los casos, esos trabajadores logran reinsertarse en el sector privado; en muchos otros, no consiguen volver a acceder a un empleo”.
“En ATE rechazamos cualquier política orientada a la destrucción del Estado y a la pérdida de cuadros profesionales y técnicos. No se trata de decisiones individuales ni de opciones voluntarias: se trata de despidos que forman parte de un programa de ajuste”, concluyó el dirigente.
El caso de Vialidad
Vialidad es un caso testigo porque el gobierno ya intentó cerrarla por decreto en julio pasado. El Sindicato de Trabajadores Viales logró ponerle un freno con un plan de lucha y gestiones en el Congreso, que rechazó el decreto de disolución.
“Indudablemente, ahora vuelven a la carga con estos retiros voluntarios jugando con la situación de los trabajadores, que están endeudados, que están cobrando con retraso de tres o cuatro meses los adicionales”, sostuvo Graciela Aleña, titular del gremio.
El Gobierno utiliza el congelamiento de los sueldos como un segundo modo de presión. Desde octubre de 2024 no dio incrementos. Si bien el sindicato logró abrir una paritaria recurriendo a la Justicia, en las cuatro reuniones que se hicieron desde entonces las autoridades de Vialidad no propusieron ninguna mejora.
Para Aleña, el objetivo de la gestión libertaria es privatizar las rutas: por eso abandonó su mantenimiento y reduce la planta de trabajadores. “Es una situación más que preocupante. Tenemos en claro que si no paran (con la reducción de la planta de trabajadores) es porque quieren convertir a Vialidad en sólo un órgano de control”.
En el INTI, los despidos voluntarios se sumaron al cierre de las áreas de metrología legal y certificaciones. La intención es reducir 200 puestos de trabajo. En el INTA, el gobierno va por el achique de mil trabajadores.
En el Banco Nación, el programa de retiros voluntarios prevé recortar unos 1500 puestos para llegar a fin de año con un plantel de 14 mil empleados. Según las estadísticas del Banco Central, en los dos últimos años, ya fueron expulsadas del BN unos dos mil empleados.
Por otra parte, fuentes del gobierno hicieron circular la versión de que a fines de este mes ampliarían los programas de retiros voluntarios al sector de Transporte: los abrirían en Intercargo, Corredores Viales y las ferroviarias estatales SOFSA, ADIF y Belgrano Cargas.
Después vendrían esquemas similares para recortar los planteles de los entes reguladores ENRE, Enargas, ORSNA y CNRT; la Agencia de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad del Transporte.
En lo que va de la gestión libertaria, el gobierno echó del Estado a 63 mil trabajadores, ya sea mediante retiros y la no renovación de sus contratos. Usando la Ley Bases, también despidió a trabajadores de la planta permanente. Es decir, dejó sin trabajo a casi 80 estatales por día.