El escenario de crisis que asoma en el Congreso si Milei veta el financiamiento universitario

Si hay veto a las universidades, hay guerra. La advertencia llegó a los oídos del Gobierno nacional desde todos los frentes: se lo insinuaron los rectores y los sindicatos, así como los aliados más cercanos. «Esto no es como el caso de los jubilados, que le vetas el aumento y se van tranquilos a sus casas. Con los jubilados no tenés quilombo social, con las universidades sí», les advirtió, hace unos días, un referente macrista a un grupo de  funcionarios durante una reunión en Casa Rosada. Desde entonces, el gobierno vacila. No sobre si vetar o no la ley de Financiamiento Educativo -eso está ya confirmado y nadie cree que Javier Milei vaya a echarse a atrás-, sino sobre el cuándo. Si antes o después de la marcha universitaria del 2 de octubre, si antes o después del viaje del presidente a Estados Unidos. Hasta entonces, el Congreso espera: el blindaje al veto del aumento de los jubilados dejó un reguero de sangre en varios partidos -especialmente la UCR- y no es seguro que los «87 héroes» estén con ánimos de salir tan rápido a proteger, de nuevo, el equilibrio fiscal del presidente.

Javier Milei tiene hasta el 3 de octubre para vetar la ley que actualiza el presupuesto universitario y los salarios docentes. Confía en que su «scrum» anti vetos – es decir, los 87 diputados que invitó a comer asado a Olivos – funcionará como efecto disuasivo. «Consolidamos a los propios y les dimos envidia a los que están con dudas», sintetizaba uno de los comensales libertarios que celebró la foto pero advirtió que era solo eso: una foto, no una garantía. «Cada uno fue a buscar su propio provecho individual. La intención de Javier es buena, pero nos falta un rosquero oficial, un jugador que después se asegure que todos van a volver a estar ahí sentados en unos días», reflexionaba.

Y es que fueron pocos los eufóricos post cena: a excepción de los más fieles, varios de los invitados observaron que que Milei se había abrazado con la casta política porque no tenía otra. En el PRO, por ejemplo, le reconocían al presidente haber aprendido de las últimas derrotas y de haber iniciado, finalmente, una imbricación política más allá de las conversaciones con Mauricio Macri. Se estaban asentando las bases para un proyecto político común – con macristas, bullrichistas, libertarios de la primera ola y radicales ultramileístas – , pero algunos no se animaban a terminar de poner las manos en el fuego. «Nadie se anima a decir mucho porque después sale Mauricio y te dice que hagas otra cosa», ironizaba un macrista que recuerda la bronca de Diego Santilli cuando se enteró que había que rechazar el DNU de la SIDE cuando, la noche anterior, se había dedicado a defenderlo en un canal de televisión.

¿Dónde están los votos?

Si bien la amenaza de la marcha universitaria pesa más que los reclamos más atomizados – y, por lo tanto, más factibles de ser reprimidos por las fuerzas de seguridad – de los jubilados, el gobierno libertario se enfrenta a una votación más cómoda. A diferencia del aumento de las jubilaciones, que contó con el apoyo de toda la UCR y varias ausencias amigables del PRO, la aprobación de la ley de Financiamiento Universitario tuvo solo 143 votos a favor (20 menos que las jubilaciones). El PRO, entonces, votó todo en contra y hubo varias ausencias radicales, así como de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal. En este escenario, los aliados no necesitarían cambiar su voto para blindar el veto a la actualización del presupuesto universitario: solo con repetir los números sería suficiente.

Mientras el veto siga latente, sin embargo, muy pocos sectores se animan a empezar a porotear. Especialmente con la UCR al borde de la ruptura. El proyecto de Financiamiento Universitario fue impulsado fuertemente por un sector del radicalismo que tiene, aún, a la educación pública como una de sus principales banderas. Pero la crisis interna que desató la selfie con el presidente de los cinco radicales M genera dudas, ahora, sobre el nivel de acompañamiento interno que podría tener la insistencia de la ley. El bloque, por ahora, se dobla pero no se rompe, pero eso no quita que, en la práctica, funcione absolutamente dividido. Por un lado están los gobernadores y Rodrigo de Loredo, que resisten la expulsión de los cinco radicales que dieron vuelta su voto. Este sector todavía conserva una mayoría en el bloque y aboga por mantener cierta tolerancia con aquellos que ya están armando frentes electorales con La Libertad Avanza en sus distritos.

En el otro lado están Martín Lousteau y Facundo Manes, que pelean internamente para que el partido adopte un perfil opositor. Desde la Convención quieren evitar, incluso, la conformación de alianzas con LLA en 2025. De momento, los ocho diputados que integran este ala son los únicos que hablan abiertamente de insistir con la ley. Y la mayoría sospecha que los 5 radicales M acompañarán, a partir de ahora, todos los vetos del presidente. El argumento de fondo, después de todo, es el mismo: la defensa al déficit cero.

En el PRO hay voces que admiten, sin embargo, que la bandera del «déficit cero» tambalea con esta ley, que implica un gasto solo del 0,14 por ciento del PBI. «Hay muchos que no quieren dar la batalla de esta magnitud por un alfiler de gancho», reconocen en las filas macristas. Hasta en el oficialismo reconocen que la situación es distinta a la de las jubilaciones y que, incluso, el gobierno se podría haber ahorrado muchos dolores de cabeza si le hubiera actualizado las partidas a las universidades cuando los rectores comenzaron con sus reclamos. «Con 250 mil millones lo arreglabas entonces, ahora ni con 400 mil millones», suspiran, por lo bajo, dirigentes cercanos al oficialismo.

El peronismo y los sindicatos, mientras tanto, están preparados para la guerra. «Están todos con la cara pintada. Si hay veto hay paro», advierte una dirigenta peronista. El clima está caldeado y la propuesta del Presupuesto 2025 no ayuda: el gobierno proyecta partidas por 3,8 billones de pesos cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había advertido que necesitaba 7,2 billones para que las universidades pudieran funcionar. «Se viene un plan de lucha», advierten en el peronismo.