El Conicet, en emergencia: perdió 1600 trabajadores mientras el ajuste avanza
El 31 de julio vencen 930 becas de científicos especializados que ya alertan por la expulsión que genera la política oficial de desprecio y asfixia presupuestaria hacia una ciencia nacional en estado crítico
En medio de esta distopía que es la Argentina actual, donde se ponen en discusión acuerdos sociales básicos como la universidad, la obra pública o la entrega de medicamentos oncológicos, la ciencia atraviesa una profunda crisis. Y tiene a una institución como emblema de esos embates del oficialismo.
Contrario a lo que sostiene la presidencia del organismo (comandada por Daniel Salamone) y la Jefatura de Gabinete de Ministros en la última nota de La Nación, el Conicet se encuentra en una situación de emergencia. Lo marcan los números: la planta de personal en la gestión de La Libertad Avanza se reducirá en al menos 1600 puestos, de los cuales 1168 son despidos. El número se compone de becas posdoctorales que no serán renovadas a partir de agosto, cesantías y concursos no efectivizados.
Ataque a la ciencia
Este miércoles vencerán 930 becas que el gobierno (al menos hasta ahora) planea no renovar: 730 doctorales y 200 posdoctorales. A esto se suma que el 30 de septiembre vencen otros 1300 contratos de personal administrativo.
Los despidos directos o encubiertos, la asfixia presupuestaria, la reducción drástica del cupo de becas doctorales que ya estaban presupuestadas, el atraso salarial y el congelamiento de los subsidios para financiar insumos (en su mayoría dolarizados) y hacer operativos los equipos necesarios para desarrollar proyectos ponen en jaque el desarrollo nacional, generando el panorama crítico de un organismo en vías de desmantelamiento. Y la pregunta cada vez más retórica: si ese ajuste tiene que ver solo con lo ideológico o hay empresas detrás queriendo hacer su negocio.
De diciembre de 2023 a la fecha, a los 130 trabajadores del personal de gestión cuyos contratos no fueron renovados se suma el recorte del número de becas doctorales y posdoctorales. En febrero comunicaron que se otorgarían 600 becas doctorales. A partir de una “ampliación” presupuestaria, se anunció que el cupo se incrementaría en 240, llegando así a 840, muy por debajo de las 1300 anunciadas en la convocatoria original y de las 1233 que finalizaron en marzo de este año.
A estas situaciones se suman otros casos más difíciles de contabilizar, desde las intimaciones a jubilarse que no se reemplazan por nuevas altas hasta las renuncias del personal de gestión que tampoco se sustituyen. La cantidad de becas posdoctorales asignadas este año es de 470; son 330 menos que las 800 prometidas en la convocatoria. Y de los 1233 becarios y becarias doctorales que finalizaron su beca este año, 730 no podrán continuar investigando en el organismo luego de 5 años de trabajar en condiciones de precariedad.
Durante la nueva gestión no hubo ningún ingreso a las carreras del investigador científico (CIC) y del personal de apoyo (CPA). Según el último relevamiento, 955 investigadoras/es y profesionales calificados (850 CIC y 105 CPA), que ya habían sido seleccionados por concurso en 2022 y 2023, luego de rigurosas evaluaciones, aún no son efectivizados en sus cargos. Todos son trabajadores científicos altamente especializados y la mayoría tiene doctorados o posdoctorados en el país o el exterior.
De esos 955, al menos 108 (71 CIC y 35 CPA) se encuentran en situación crítica respecto de su inserción laboral, según una encuesta realizada por los colectivos de damnificados. El 18% actualmente está desocupado. El 42% tiene un contrato o beca de otro organismo nacional o internacional que finaliza en los próximos meses. El 17% posee un cargo de docente universitario con dedicación exclusiva y el 23% restante cuenta con un contrato o beca de otro organismo, que finaliza entre 2025 y 2026. Además se agregan 34 personas cuyos concursos se realizaron entre 2020 y 2021, todavía sin efectivización y en muchos casos sin percibir ingreso.
Toda esta situación de vaciamiento e inestabilidad del sistema de ciencia y tecnología está haciendo que muchos científicos decidan irse del país. “Los científicos están siendo expulsados por esta política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei –explica una de las ingresantes a carrera sin efectivización–. La mayor parte de quienes conformamos el colectivo de ingresantes dedicamos al menos 8 años en formarnos y nuestra formación es reconocida y valorada en el exterior”.
El Ajuste Avanza
El panorama es aún más sombrío si se contempla la caída del salario real en los últimos meses, que entre noviembre de 2023 y junio de 2024 alcanzó un 26%. “El ajuste de Milei avanza sobre situaciones de precariedad laboral que se arrastran desde hace años y que desde ATE siempre denunciamos, como los contratos artículo 9 que hasta diciembre eran de renovación anual, o los becarios para los que históricamente reclamamos su reconocimiento como trabajadores del organismo”, explica Gonzalo Sanz Cerbino, secretario general adjunto de ATE Conicet Capital.
Según Victoria García, secretaria general de ATE Conicet Capital, “lejos de cualquier tipo de normalidad, la situación actual es de emergencia: nos enfrentamos a despidos manifiestos o encubiertos, a más precarización y a una constante sangría presupuestaria y salarial”.
Para ‘enfrentar el ajuste’, este miércoles el principal gremio de estatales hará concentraciones en distintos puntos del país. Afirman: “En estas manifestaciones vamos a reclamar por la restitución de los puestos de trabajo perdidos, contra el vaciamiento del organismo y por la recomposición del trabajo científico en condiciones viables”.
¿Van por FAdeA y Tandanor?
El ataque del gobierno a la ciencia no involucra sólo al Conicet. Por ejemplo, se conoció que en junio (en vistas a cumplir el superávit fiscal «como sea»), cayó un 95% la transferencia de fondos a las universidades nacionales. Según un informe del Grupo EPC-CIICTI, la reducción del presupuesto para los organismos científicos alcanza casi el 38% en el primer semestre del gobierno de LLA. El ajuste ya es mayor que el del gobierno de Macri.
Al mismo tiempo, buscan desprenderse de empresas emblemas del desarrollo nacional. Días atrás, en ocasión del acto de despedida de la Fragata Libertad, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, sostuvo que Tandanor y FAdeA le deben al Estado nacional, «más de 400 millones de dólares». Afirmó que están “trabajando para recuperar” esa deuda y para lograr que esas dos empresas “produzcan para la defensa y no para la caja de la política”. Tandanor es un astillero y taller de reparaciones navales y Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA) es una empresa que provee los medios y servicios aeroespaciales al Ministerio. “Nos entregaron empresas quebradas, que lo único que producían era déficit. Y tanto FAdeA como Tandanor tienen una deuda enorme con las Fuerzas Armadas”, aseveró. De fondo, vuelve la idea de la privatización, impulsada por el Ejecutivo.