El Gobierno pone en marcha la suba de tarifas de luz del 20%
Para los expertos, esa suba en las boletas no alcanzará para reducir los subsidios, tal cual como lo exige el FMI
El Gobierno comenzará a dar los primeros pasos legales para incrementar las tarifas de electricidad en un 20%, una proporción que no permitiría este año bajar el gasto en subsidios tal cual lo requiere el acuerdo con el FMI.
Se trata de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuya participación es abierta, en la que las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, entre otras, expondrán sus posiciones.
Además se escucharán las propuestas de las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa y se discutirá sobre el nuevo precio de la energía para el mercado mayorista.
La audiencia esta prevista para las 8 de la mañana de este jueves. Se expondrá el Régimen de Transición Tarifaria 2022 propuesto por Edenor y Edesur.
La recomposición transitoria se dará bajo la premisa de sostener «la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales», planteó el ente en su convocatoria.
La suba de tarifas prevista para este año, según indicó el gobierno, sería del 20% una proporción que no alcanza para reducir los subsidios que el año pasado demandaron un total de 11.000 millones de dólares
Para el 2022, los expertos indican que el gasto en ayudas del Estado a las empresas sería de 14.000 millones de dólares, una cifra que resulta inviable en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, se trata del único rubro del gasto, según el presupuesto nacional, que puede ser de ser recortado en un marco de acuerdo con la oposición.
El gobierno propone ir llegando a la tarifa plena haciendo una segmentación geográfica entre los barrios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires y el Norte del Gran Buenos Aires, pero según advierten expertos, el ahorro que se podría conseguir por ese lado no superaría los 220 millones de dólares.
Por Carlos Lamiral