Las imposiciones del FMI y el programa del Consejo Agroindustrial

• Reestablecer una profunda inserción financiera de la Argentina en la economía globalizada, que implica su apertura sin restricciones a los negocios y especulaciones de los fondos que operan en la financiarización.
• Establecer un nivel de endeudamiento para cuyo pago el país quede amarrado a una lógica de desarrollo definida por el bloque dominante, ajena a la decisión democrática del voto popular.
• Ponerle un cepo a la política, que la debilite sustancialmente, impidiendo que el camino al desarrollo se defina por la decisión ciudadana, sino que se resuelva por el dictat del organismo multilateral acreedor.

El FMI no cambió, ni en sus criterios ni en el fin último de su objeto, que hoy lejos de su carácter de prestamista de última instancia para resolver disturbios o crisis de la balanza de pagos, persigue el objetivo de alinear a sus miembros en el diseño de sus instituciones, tanto para definir el carácter de su matriz productiva, las líneas de su política económica y el estilo de su organización institucional (“democracia” formal liberal de mercado como objetivo).

La no aceptación de las concesiones respecto al pedido del país acerca de quitas, reducciones de tasas, condonaciones de sobrecargos, ampliación de plazos y períodos de gracia, no están relacionados con garantizarse el cobro de la deuda. Por el contrario persiguen provocar políticas de corto y mediano plazo que no dejen espacio para encarar una política de desarrollo autónomo.

El acoso para lograr el equilibrio fiscal constituye la limitación de una herramienta fundamental que tiene una política de desarrollo, que es el de la Inversión Pública. El día jueves 25 de noviembre el diario Ambito Financiero dejó trascender que “el Fondo exige un rápido tránsito al superávit fiscal vía ajuste”, y también “un acelerado ritmo de acumulación de reservas para garantizar el repago de la deuda” y estaría advirtiendo al gobierno que “una rápida reactivación iría en contra de esa premisa”. Más allá de la exigencia explícita o no sobre medidas de ajuste estructural, cerca de la mitad del mercado de trabajo ya se encuentra informalizado o precarizado debido a las políticas del macrismo y las consecuencias de la pandemia. Pero además, el monumental nivel de endeudamiento con el organismo multilateral, para ser pagado en las condiciones de un crédito común de facilidades extendidas, demanda una producción rápida de condiciones de ingreso de divisas que, para ser lograda, define una continuidad de la lógica de incentivos a las exportaciones de materias primas, a la vez de generar un dispositivo que permita algún valor agregado que incremente el ingreso de dólares.

Un traspié de fondo

Es por lo que resulta polémico y extraño a la tradición de los proyectos democráticos, nacionales y populares  el anunciado “Régimen de Fomento para el Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que fue presentado como proyecto de Ley y que tiene la connotación de favorecer rápidamente el ingreso de divisas mediante un perfil productivo ajeno a la tradición del nacionalismo popular y antagónico con el primer kirchnerismo. Este proyecto supone ventajas en la valuación de los vacunos, en los regímenes de amortización de los bienes de inversión del sector agroindustrial, y múltiples ventajas tributarias que benefician al sector respecto del pago del impuesto a las ganancias y al IVA. Mientras, nada se dice respecto de las retenciones. El ofertismo que contiene la filosofía del régimen en debate pertenece a la lógica del pensamiento ortodoxo. Obviamente si es la urgencia de divisas la que va a presidir la política económica, la reestructuración de la matriz productiva va a priorizar el crecimiento de las exportaciones con base en las ventajas naturales de acuerdo a la lógica ricardiana. Seguramente el mismo rumbo se seguiría con otras materias primas, como las de la minería y los hidrocarburos.

El FMI que había perdido dimensión y poder en la fase de ascenso del neoliberalismo, la recuperó cuando el G20 en su reunión de Londres, en plena crisis de las hipotecas subprime, lo recompuso pasando a ser la institución que gerencia las políticas definidas por este agrupamiento de países, que luego de la caída del mundo bipolar se propuso el reemplazo de las Naciones Unidas para el debate internacional de las cuestiones económicas y financieras. Ese rol gerenciador lo colocó en la misión de guiar la reestructuración de la economía mundial, con la finalidad de afirmar la globalización financiarizadora. Su perverso rol durante el gobierno de la Alianza Cambiemos colaboró en promover condiciones para desarmar cualquier posibilidad de recomposición de una política como la desplegada durante los doce años de gobierno democrático, nacional y popular que precedieron esa experiencia oligárquica con pretensiones de ser una nueva derecha, pero que culminó su gestión con el maquillaje corrido sobre el visible viejo rostro de los tradicionales conservadurismos, con los accesorios de nuevas y malas artes que las renovadas y potentes tecnologías comunicacionales, y la concentración de capitales que las mismas requieren, le aportaron para mejorar su hegemonía.

Leer y Volver

Lo que corresponde volver a discutir en este momento bisagra de la historia nacional es la circunstancia específica en que nos encontrábamos en 2015 y las cuestiones que tuvieron importancia decisiva en la derrota electoral. Durante los doce años la tasa de desempleo se había reducido al 6%. El nivel de endeudamiento en divisas había sido reducido drásticamente a valores muy bajos en términos del nivel del PBI, pero también en los indicadores de liquidez respecto de la disponibilidad de divisas y las exportaciones. Los problemas argentinos volvieron a ser los clásicos de la restricción externa que se presentaron en otras etapas del modelo de sustitución de importaciones. Habíamos logrado salir de la lógica de la valorización financiera. No había dólares para continuar con el ritmo de crecimiento de la economía porque la estructura económica y el impacto tecnológico sobre la misma no había logrado una diversificación productiva lo suficientemente madura que impactara en un cambio decisivo de la matriz exportadora. Pero con ese nivel de endeudamiento inclusive se hubiera podido conseguir financiamiento para encarar los cambios indispensables y avanzar a una matriz más autónoma, que como sostiene María Concepción Tavares, requiere de una participación decisiva del Estado en los sectores ubicados bien aguas arriba en la cadena de producción, los que necesitan mayor inversión y mayor plazo para el rendimiento de ésta.

Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández fue atacado por los “Fondos Buitre”, esta fue la causa principal que abortó el acceso al crédito internacional para emprender una nueva etapa de su gobierno, que además hubiera requerido retomar la idea de la ineludible participación del Estado en la economía como agente productivo y un nuevo ímpetu a la investigación científica y tecnológica que los gobiernos de Kirchner y Fernández se ocuparon muy bien en impulsar. Los “Fondos Buitre” pudieron bloquear el éxito de la refinanciación del 93% de los acreedores, con el mismo apego y la misma motivación con que hoy el FMI se pone inflexible con la refinanciación del ilegítimo y vergonzoso préstamo que le otorgó al gobierno de Macri. Porque ambos son parte y están respaldados por el orden financiero internacional. Es absolutamente insoslayable agregar que lo que Eduardo Basualdo llamó “el transformismo argentino”, persistió y tuvo presencia en la derrota electoral del 2015 y hechos posteriores. En principio el radicalismo evolucionó en bloque para convertirse en el furgón de cola de una fuerza de la derecha oligárquica y conservadora. Por otro lado, una parte del peronismo se fracturó y debilitó lo necesario al Frente para la Victoria, para que no pudiera renovar su mandato, abriendo el paso al gobierno de Cambiemos. Pero además una parte considerable de los congresistas aportó los votos necesarios para el oprobioso pago de la deuda a los buitres que permitió que Macri hiciera lo que Cristina Fernández no pudo: acceder a los mercados voluntarios de crédito. La diferencia es que la Presidenta popular con dicho financiamiento hubiera favorecido políticas de desarrollo, mientras que el plutócrata de los grupos económicos lo utilizó para la generación de fuga y deuda.

Es un error y una falsedad la caracterización de los economistas ortodoxos y heterodoxos, que unifican en 10 años de estancamiento como caracterización de la raíz de la problemática a resolver de la economía argentina. La detención del crecimiento de los últimos años de gobierno popular se debió a la restricción externa clásica y a la guerra que el capital financiero jugó contra el país y su lideresa. En cambio, el retroceso del macrismo se debió a la liberalización de la economía, la elección de un rumbo reprimarizador, la redistribución de ingresos a favor del capital concentrado y la trampa urdida junto al FMI. Los últimos dos años obedecen a los efectos del desastre dejado por Cambiemos en el marco de emergencia nacional por la pandemia.

Pueblo y Oligarquía

Las discusiones en relación a la salida del actual laberinto de la economía argentina tienen una referencia ineludible a los años previos y posteriores al “Programa de reactivación de la economía nacional” de 1940, conocido como Plan Pinedo. Según reconoce Juan Llach en el n° 92 de la revista Desarrollo Económico, en su artículo El Plan Pinedo de 1940, de enero-marzo de 1984, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo, “el plan Pinedo intentaba contra viento y marea, mantener abierta la economía argentina al comercio exterior. Consideraba a la vez que para lograr un crecimiento aceptable debía ‘oficializarse’ la industrialización: una industrialización exportadora y especializada en materias primas nacionales. Tal objetivo sólo podría conseguirse mediante un fuerte acercamiento a los Estados Unidos, que los autores veían dificultoso, aunque posible en el mediano plazo… Esta opción podrá ser mencionada como un intento de integración a una nueva división del trabajo liderada por los Estados Unidos, o bien como un cambio de metrópoli y la búsqueda de una dependencia próspera. La UIA, que desde aquél momento fue hegemonizada por los empresarios más poderosos que necesitaban una menor protección del Estado, también tenía en aquella época una sobrerrepresentación de empresas extranjeras, que resultarían relativamente perjudicadas por políticas redistributivas. Afirmaba que ‘el momento del reparto recién llega cuando se han acumulado bienes; sólo entonces los más necesitados y los más menesterosos podrán beneficiarse en grado máximo del esfuerzo de los más afortunados o los más eficientes’”. La fracción de industriales menos concentrados y más vinculados con el mercado interno, principalmente los residentes en el interior, fueron los que miraron con simpatía y militantemente la propuesta mercadointernista del peronismo en gestación, pero no tenían la madurez para conducir política y programáticamente un proyecto, aunque poseían la suficiente gravitación para ser una de las condiciones necesarias para el despliegue del proyecto de Perón.

Por otra parte la economía abierta, aun en los marcos de la recuperación económica, mantuvo el alineamiento de los precios internos con los internacionales, en un momento de cambio de los precios relativos en disfavor de los industriales. Esto provocó una caída de los salarios reales industriales de un 3,5% entre 1944 y 1946. Así como la preocupación por el nivel de empleo, dice Llach en su artículo, llevó al peronismo a sustituir importaciones, la preocupación por el salario lo llevó a controlar las exportaciones. En términos ideológicos el grupo decididamente mercadointernista fue el sector de FORJA surgido del radicalismo.

La industrialización especializada en la elaboración de materias primas naturales promovía como instrumentos de política los incentivos cambiarios a las exportaciones industriales de ese modelo y los estímulos especiales a las industrias elaboradoras de materias primas nacionales, ya sea financieros y de controles cambiarios y de importaciones. Los autores del plan tenían una obsesión de restringir el proceso de sustitución de importaciones, y repetían que había que seguir importando mientras se podía exportar.

No se puede hacer referencia a esta lógica industrializadora sin que resuene ese espíritu en el presentado proyecto de régimen para la agroindustria del cual dice el apologeta Héctor A. Huergo desde su columna de Clarín del 23/10/21: “El gobierno, en esta etapa promovida por la catástrofe electoral, movió la ficha de la agroindustria y lanza medidas que la dirigencia había propuesto. Desde la amortización acelerada de inversiones en valor agregado, estímulos fiscales a la compra de insumos tecnológicos, o el cambio del cálculo de ganancias en la tenencia de ganado, un tema muy sensible en ciclos de alta inflación. Lo concreto es que se inicia otra etapa. El campo y la agroindustria son los grandes protagonistas, algo que llegó para quedarse”. En el mismo medio, el 9/10/21 opina también el hoy intelectual orgánico de la derecha argentina Jorge Castro: “A partir de su aprobación por el Congreso, la ley de promoción agroindustrial se transforma en el eje de la política económica argentina, y el complejo de producción industrial agroalimentario, que incluye a la producción primaria, adquiere la condición de prioridad estratégica absoluta del desarrollo nacional”.

Resulta necesario redefinir en las condiciones actuales el proyecto diversificador, planificador y de justicia social del movimiento nacional y popular, dando continuidad hasta resolver favorablemente la disputa con el liberalismo (hoy en su variante globalizadora). Para lo que resulta indispensable una negociación que permita una industrialización diferente a la que planteaba Pinedo. En el mismo texto define el Llach de 1984 que ya mostraba nostalgia por el fracaso del plan de 1940, el proyecto del peronismo sintetizado en tres ejes:

1. Una nueva concepción del Estado y de su papel en la economía.
2. Las políticas sociales y de ingresos con el objeto de aumentar el salario real de los trabajadores.
3. Los objetivos de independencia económica y soberanía política que en aquél momento llevaron a cerrarla para independizarla de los vaivenes del mercado externo, tanto por el lado de las exportaciones, como por el de las importaciones.

El Estado que se promovía debía tener el suficiente poder como para establecer en primer lugar sus propios objetivos y también para someter a su logro cualquier otra legalidad de la sociedad civil, incluyendo la propia acumulación económica.

La continuidad de la lucha del proyecto popular frente al oligárquico debe abrirse nuevamente el camino para su posibilidad. Se trata de encontrar la estrategia para tumbar el nuevo arrinconamiento a que nos remitió la plutocracia local y el FMI. Si no se combate, no se existe.

Por: GUILLERMO WIERZBA